Cada año hay un mensaje de Navidad del rey y cada año ocurre lo mismo al día siguiente: los partidos designan a un «comentador de guardia» que comparece o hace su propia grabación para decir a los habitantes de este país qué les ha parecido el mensaje de su majestad. Todo resulta previsible: están a favor del monarca, diga lo que diga, el PSOE y los tres partidos de centro-derecha con diversos grados de entusiasmo. Están en contra del monarca, diga lo que diga y con parecidos grados de rechazo, los partidos nacionalistas y los de izquierda. Lo único que cambió este año fue la reacción nacionalista: hasta el año pasado, reprochaban al rey que no dijera nada del derecho de autodeterminación u otras reivindicaciones del sector, y ahora se agolpan para poner en duda su apuesta ética o, simplemente, para negarle legitimidad. Cada uno de ellos se considera más legítimo que el jefe del Estado, aunque para llegar a la evidencia de esa convicción no hace falta esperar al mensaje de Navidad.
Todo ello forma parte, supongo, de la libertad de expresión que garantiza la Constitución española. El titular de la Corona puede ser inviolable desde el punto de vista penal, pero es criticable como cualquier otra persona; es decir, que los límites de esas críticas han de ser los límites que marcan los derechos de los demás ciudadanos: no ser injuriados, calumniados o atentar contra su honor. Dejo a juicio del lector discernir si algunas cosas que se dicen, como difundir dudas sobre la honestidad de Felipe VI, atentan o no contra su honor. Personalmente creo que sí, porque una cosa es ser republicano y defender la república y otra poner en duda la honorabilidad de la monarquía y su titular. Pero seguro que en esto, como en tantas cosas, tampoco tengo razón; si la tuviese, la Fiscalía habría dicho algo alguna vez.
Escuchado el conjunto de testimonios críticos al mensaje del 2021, cabe obtener algunas conclusiones. La más llamativa sigue siendo ver que un partido que forma parte del Gobierno de la monarquía aproveche cualquier micrófono para arremeter contra esa monarquía. La más ostensible es que algunos partidos pretenden que Felipe VI se convierta en juez sentenciador o verdugo de su padre y, mientras no lo haga, a pesar de lo que hizo, no le darán crédito político. La más injusta quizá sea la del PNV, que ve a un rey que impone deberes a los demás y él se excluye de cualquier deber, cuando es evidente que cuando habla del comportamiento ético de las instituciones lo hace siempre en primera persona. La más trascendente para un debate serio sobre la forma de gobierno es que ni este rey, ni ningún otro, estará legitimado si no es de partido y no se salta el Estado de derecho y la Constitución. Y la peor, que quienes suscriben esas críticas son solo 70, el 20 por ciento del Congreso. Pero son tantas voces que parecen la soberanía nacional.