Es evidente, y ayer se demostró una vez más, que cuando un político hace balance no aplica ningún rigor científico, ni siquiera memorístico: hace propaganda. Los informes que presentan cada fin de año el jefe del Gobierno y el líder de la oposición son los más fáciles de los cuatro años de legislatura. El presidente no tiene más que juntar las acciones positivas de su gestión, ocultar sus fracasos, y tiene el discurso escrito. Es imposible que en doce meses no haya habido una docena de hechos válidos y eficientes, con lo cual su propia exaltación no necesita más que un poco de descaro y una pizca de literatura optimista.
El líder del principal partido de oposición, sobre todo de la actual oposición, tiene que hacer exactamente lo contrario: silenciar lo positivo del año y magnificar los fracasos del Gobierno. También es imposible que en doce meses no haya habido una docena de fracasos que se puedan invocar, con lo cual la demonización del poder no necesita más que un poco de osadía y una pizca de retórica negativa.
Así que hoy estamos como todos los años pasados en que los dos principales actores políticos hicieron este debate a distancia y perfectamente previsible. Después de escucharles, este cronista se quedó con una pregunta también habitual: ¿el país está mejor o peor que el año pasado? Y en ese interrogante encierro las cuestiones que me parecen fundamentales: si vivimos mejor o peor, si las libertades crecieron o se recortaron, si los derechos cívicos progresaron o se estancaron y si la nación puede considerarse algo más segura —también más feliz-— que el 30 de diciembre del 2020.
En la parte económica, el PIB creció, pero no podemos presumir de que vivamos mejor, a juzgar por los índices de pobreza, exclusión y desigualdad que difunden organizaciones como Cáritas, o vemos en la creciente demanda de comedores sociales y bancos de alimentos. Solo están claramente mejor las clases altas, que siempre se benefician de las crisis. Las libertades son las razonables en un sistema democrático; pero en general están asfixiadas por los partidos, que monopolizan el debate y actúan de corsé de la riqueza creativa del país. Los derechos cívicos avanzaron en la línea de un Gobierno de marcada ideología; pero debemos anotar que las únicas veces que se habló de rescate de derechos ha sido cuando se aprobó la ley de eutanasia y cuando Yolanda Díaz cantó la excelencia de su reforma laboral. Y la nación tiene los mismos argumentos para sentirse insegura que hace un año: el sistema constitucional está siendo erosionado y la integridad territorial solo está provisionalmente calmada.
Resumen: hemos avanzado, pero hay grandes capítulos de la vida pública que necesitan revisión y empuje. Ni Sánchez puede presumir de gran éxito, ni Casado reprochar enormes fracasos. Y la pandemia está dejando de ser una disculpa.