España, además de producir buena carne, magnífico marisco de cortello, sardinas y políticos, es una gran productora de leyes, normas de todo tipo y órdenes a mogollón. Sumadas las páginas que publica cada año el Boletín Oficial del Estado, salen cerca de 300.000. Si se suman las páginas de los boletines oficiales de las comunidades autónomas, nos ponemos en un millón de páginas anuales. «¡Casi un millón de páginas repletas de órdenes, decretos y leyes!», exclama José Bono en su libro Se abre la sesión. Y añade esta conclusión: «Un lector interesado tardaría en leerlas quince años, si leyese diez horas diarias».
Pues bien: esa capacidad de producción normativa va a ser laminada este año por el ímpetu legislador del Gobierno Sánchez. Según se acaba de anunciar, se pone en marcha una maquinaria que en doce meses va a enriquecer el Aranzadi con 368 nuevas leyes, decretos o transposición de normativas. Salen a más de una nueva norma diaria, que ignoro si el Parlamento podrá tramitar, si los medios informativos podremos recoger y si los despachos de abogados y los jueces podrán digerir. Pedro Sánchez va a dar la vuelta a la legalidad vigente como a un calcetín. Es el momento de parodiar una famosa promesa de Alfonso Guerra: dentro de un año, a la legislación española no la reconocerá ni la madre que la parió.
No hay que ser un águila del análisis político para darse cuenta del momento en que todo esto se producirá: el tercer año de legislatura, es decir, víspera del año en que el Gobierno se someterá a las urnas. Y esa intención electoral se adivina también en un aspecto tan trascendente como es el contenido anunciado. El más espectacular, la abolición de la prostitución. Así se dice en la comunicación oficial: abolición, no regulación ni limitación. Pedro Sánchez quiere pasar a la historia como el gobernante que abolió la prostitución. La ley saldrá, hay demanda social, cuestión distinta es que consiga que desaparezca la profesión más antigua de la humanidad.
Y el más significativo, el aplazamiento —realmente renuncia— del cambio legal de los delitos de sedición y rebelión, que iba a suponer la reducción de sus penas. Después de tanto prometerlo, se cae del calendario. Ha dejado de ser una prioridad. Intuyo la inspiración del CIS y del señor Tezanos en esa decisión: no se metan ustedes en ese jardín, que solo beneficia a los sediciosos y a los rebeldes, y eso es dar votos a la derecha y, sobre todo, a la extrema derecha.
Hacer muchas leyes no es exactamente lo que define a un buen gobierno, pero Pedro Sánchez quiere ese récord para la campaña electoral. Quiere presumir de ser el gran reformador. Hay mucho de adanismo en esa intención. Quien piensa que la historia comienza en él, que no hubo un pasado o quiere cambiar todo ese pasado, es un adanista. Pero él cree que así se hace una revolución.