La coalición de Gobierno ha redactado una ley en la que tiene puestas todas sus esperanzas: la ley de vivienda, también conocida como la ley de alquileres. Su gestación fue larga, dura y estuvo a punto de embarrancar por la diferencia de posiciones del Partido Socialista, su socio de Unidas Podemos y algunas imposiciones de los aliados que hubo que aceptar para garantizar su aprobación parlamentaria. Al final se aprobó el anteproyecto porque los socialistas cedieron a esas presiones y ya se sabe: o cedían o no había ley.
A continuación hubo que pasar el trámite siguiente y obligado: someter la norma a dictamen del Consejo del Poder Judicial. El vocal Álvaro Cuesta hizo un primer informe favorable, pero llegó al pleno del consejo y la mayoría conservadora de la institución lo tumbó. Ahora se está a la espera de nuevo informe, pero está claro que será contrario y, de momento, ha trascendido un motivo de crítica: el proyecto «estataliza el derecho a la propiedad privada», dura anotación que servirá de base para un futuro recurso ante el Tribunal Constitucional. El primer fruto de ese dictamen negativo es que la ley sufre un nuevo retraso: se iba a aprobar hoy en Consejo de Ministros, pero hay que esperar el escrito del Poder Judicial.
El caso es que el Gobierno no piensa retirar la ley. Por algo que entendemos como cortesía, estaría dispuesto a asumir algunas de las correcciones del consejo, pero nada más. Ya sabemos que esos informes son preceptivos, pero no vinculantes. En contra del organismo que preside el señor Lesmes hay dos argumentos de cierta eficacia ante la opinión de izquierda. El primero es que hace tres años que terminó su mandato, y por tanto es discutible su autoridad y para algunos su legitimidad. El segundo, que las objeciones no son estrictamente jurídicas, sino ideológicas. Esto es discutible, pero sirve para alegar que no habría obligación moral de atenderlas.
Y una consideración más: son más los dictámenes institucionales no atendidos que los seguidos escrupulosamente por el Ejecutivo. El último ha sido el del Tribunal Supremo sobre los indultos de los políticos del procés. La conclusión, quizá grosera pero justa, es que el Gobierno —¿los gobiernos?— atiende esos informes cuando le son favorables. Se acoge a su carácter de no vinculantes cuando le perjudican, aunque corra el riesgo ya apuntado de que el Constitucional tumbe una norma. Encontrar el equilibrio entre el derecho y el deber del Gobierno de ejercer su iniciativa y someterse al criterio de instituciones discrepantes es difícil, pero hay que plantearlo. De lo contrario, los ejecutivos corren el riesgo de comportamientos autoritarios y la opinión pública puede tener la impresión de que todo es una pérdida de tiempo y de esfuerzo, por no decir una ficción. En el caso de los indultos lo ha sido. En la ley de vivienda lo puede ser.