El revisionismo de nuestro pasado, que comenzó con la llegada de Zapatero a la Moncloa, se basaba en una idea falsa y vengativa: que la Transición había supuesto un pacto de silencio sobre la guerra y la dictadura; y que había llegado la hora de clausurar la reconciliación nacional para pasar al tiempo de las responsabilidades, que la España democrática no habría exigido tras arrodillarse supuestamente ante los herederos del franquismo.
Quien crea aún esa burda falsedad del presunto pacto de silencio debe leer el texto que al respecto publicó Santos Juliá («Echar al olvido. Memoria y amnistía en la Transición», en Claves de Razón Práctica, nº 129, 2003) donde el gran historiador gallego, vinculado a la izquierda democrática, arrasa tal leyenda, que tanta demagogia ha permitido en las dos últimas décadas al PSOE, Podemos y los nacionalistas.
En cuanto a la venganza, que Sánchez quiere aplicar de forma retroactiva con su ley de memoria democrática a 82 años del final de la guerra y 45 del de la dictadura —dando continuidad a lo hecho por Zapatero en el 2007—, el necio invento en que se asienta es la llamada memoria histórica, una aberrante confusión de la historia (que, basada en los hechos, debe tender a la objetividad) y la memoria (que, subjetiva por naturaleza, pertenece a la experiencia personal y familiar de cada uno). La memoria histórica, respondía el gran sociólogo Emilio Lamo hace dos semanas en La Voz a Ana Abelenda, es «casi un oxímoron». Y añadía: «Recuperar la historia está bien, pero no debemos confundir la historia con la memoria».
La memoria democrática, como antes la memoria histórica —que recuerda la voluntad de todas las dictaduras de fijar una historia oficial e inevitablemente partidista— aspira a anular todos los consensos de la Transición, para acabar con su gran éxito. El consistente en «mirar hacia delante», de nuevo en palabras de Emilio Lamo, porque «mirar hacia delante es tratar de resolver los problemas de nuestros hijos y no las querellas de nuestros abuelos».
Ya puestos, los nuevos gestores de la memoria democrática deberían ser valientes, dejarse de Calvo Sotelo, Primo de Rivera y demás fantasmas y entrar a saco con el franquista más relevante de la Transición —Suárez—, que fue en la dictadura procurador en Cortes, gobernador civil, director de Radio Televisión y ministro secretario general del Movimiento. Depúrese ahora la responsabilidad de tan gran franquista y quítensele calles y plazas, ducado a su heredero y nombre al aeropuerto de Barajas. Bórrense las imágenes del 23-F, cuando —todos los diputados por el suelo, salvo Carrillo— solo Suárez y Gutiérrez Mellado salvaron la dignidad de nuestra joven democracia. Revísese la historia, pues seguro que fue otro quien ordenó legalizar al PCE.
Y si, tras hacer todo ello, los españoles no se levantan indignados contra un acto tan ignominioso, entonces podremos cerrar la tienda de la reconciliación y de la Transición y constatar que ya todo, definitivamente, está perdido.