La Iglesia está pasando un momento doloroso. Le toca pagar los pecados que cometieron algunos de sus miembros en los últimos tiempos; digamos que en los tiempos de los que tenemos memoria. Me refiero a las acusaciones de abusos o agresiones sexuales a menores, normalmente en internados y otros centros educativos. Como puro testimonio personal, sin ningún valor probatorio, este cronista quiere confesar que ha pasado cinco años de su vida en el seminario de Lugo y jamás oyó hablar de esos delitos. Pero sí hay otros muchos testimonios de víctimas de abusos, muy amargos, por no decir dramáticos y suficientes para crear un escándalo.
Hasta ahora ese escándalo se trató de resolver —y muchas veces de ocultar— en su propio ámbito, el religioso. Como las autoridades eclesiásticas no fueron todo lo diligentes que la opinión pública tenía derecho a esperar, ahora están en el ámbito judicial y, si la Junta de Portavoces del Congreso no lo impide, en el ámbito legislativo. Esto último es lo que requiere, a mi juicio, algunas consideraciones.
Primera. Si los partidos que están a favor de la creación de una investigación parlamentaria son los de izquierda y los que están en contra son los de derecha y ultraderecha, caben pocas dudas: estamos ante una explotación ideológica. Lo mismo cabe decir de bastantes medios informativos y líderes de opinión.
Segunda. Se produce un escenario que recuerda los casos de corrupción política: los delincuentes son personas concretas, muchas o pocas, siempre demasiadas, pero sus actuaciones son personales. Es injusto generalizar hablando de una «Iglesia pederasta» o considerando que la pederastia ha sido perversión habitual en centros religiosos.
Tercera. Si se han producido delitos y algunos o muchos de ellos no han prescrito, es legítimo, también imprescindible, que actúe la Justicia. En este sentido, es impecable que la Fiscalía General del Estado reclame datos a las 17 fiscalías regionales con el fin de tener toda la información para decidir después cómo actuar. No hacerlo sería contribuir a la impunidad.
Cuarta. Es más discutible que el Congreso de los Diputados tenga la obligación de convertirse en juez de hechos ajenos a la política. Las comisiones parlamentarias de investigación se convierten más en espectáculo que en reveladoras de la verdad. En este caso se convertirían en un puro desfile de víctimas y religiosos de cualquier grado con conclusiones ideológicas y quizá entorpecedoras de la busca de la verdad judicial, que es la que cuenta.
Y quinta. Nada de esto se habría producido si la autoridad eclesiástica se hubiera mostrado más eficiente en la investigación y castigo de esos comportamientos. Si lo hubiera hecho, habría reducido la dimensión del escándalo y lo más importante: la Iglesia católica no estaría sometida a escarnio y no perdería todo lo que ha perdido de credibilidad.