Pablo Casado abandonó transitoriamente los campos y granjas de Castilla, para alivio de Mañueco, y retomó su cruzada en Bruselas contra la gestión de los fondos europeos. La táctica del todo vale, incluido el descrédito de España y poner en peligro la recuperación económica, siempre que la pedrada le reviente el ojo al inquilino de la Moncloa. Si no intenta boicotear los fondos verdes y digitales, «verdes porque se los da a Bildu y digitales porque los da a dedo», francamente lo parece.
Porque el problema no reside en la crítica más o menos dura que debe ejercer la oposición en el Parlamento, en la calle, en los tribunales o en los medios. Lo realmente grave es trasponer las descalificaciones y trifulcas políticas internas a Bruselas. La felonía consiste en trasladar insidias, sospechas y acusaciones a las instituciones que manejan el grifo de los recursos. ¿Qué objetivo patriótico se pretende con esas denuncias? Si acusamos al Gobierno de reparto clientelar de los fondos, o de despilfarro y oscurantismo, ¿qué esperamos obtener? ¿Que Bruselas nos agilice las transferencias? ¿Que amplíe la ración de maná asignada a España? ¿O, más bien, que nos castigue por no saber votar y tener el presidente que tenemos?
La ofensiva contra los fondos comenzó en enero con el chiste de los nueve millones. Díaz Ayuso anunció que llevaría al Supremo el reparto «arbitrario» de esa cantidad, dotación de un pequeño programa piloto sociolaboral, entre cuatro comunidades autónomas. Núñez Feijoo, desde Galicia, se sumó a la querella, calificó de «ilegal» el reparto y advirtió que sentaba un mal precedente. ¿Y dónde está el chiste? En que se montó la marimorena por ocho centésimas de los 11.246.812.098,74 euros distribuidos hasta entonces, de los que Madrid se llevó 1.213 millones y Galicia 681,5 millones.
¿Y cómo sé yo estas cosas, en detalle y precisadas al céntimo? Simplemente porque, antes de colgar sambenitos de opacidad, visité la web del plan de recuperación y hallé lo que buscaba y abundante información que no buscaba. Los criterios de reparto de los fondos y el dinero trasvasado el año pasado a cada comunidad autónoma. Lo que no encontré, quizás por miopía o ingenuidad, fue el patrón de la discriminación política. Las cuatro autonomías más pobladas, Andalucía, Cataluña, Madrid y Valencia, acaparan más de la mitad del importe total. Tampoco hay distingos de colores políticos en el reparto per cápita. Galicia, con el 5,7 % de la población española, recibió el 6,6 % de los fondos. Parámetros muy similares a los de Castilla y León. Madrid (PP), Cataluña (ERC) y Valencia (PSOE) percibieron algo menos de lo que les tocaría con el único baremo de la población.
Estos datos, y otros mil al alcance de un clic, realzan aún más la patética imagen de Casado en Bruselas. Nadie, ni siquiera los conservadores europeos, le compran la moto. Tal vez, quiero pensar bien, no pretenda bloquear los fondos, sino únicamente encontrar una frase de reproche a Sánchez. Y disuadir a su amiga Ursula von der Leyen de que siga escribiendo cartas de elogio a su enemigo.