En la intrahistoria con la que se desarrolló la votación en la que se aprobó por la mínima la reforma laboral se vio claramente que algunos estaban más preocupados por el final de Yolanda Díaz como Ministra de Trabajo que en mejorar las condiciones laborales de las y los trabajadores españoles. La suerte quiso que tanto el PSOE como Unidas Podemos superasen este trance, cuyo texto es el mismo acuerdo que se alcanzó con los agentes sociales. Las mejoras en el empleo han seguido esta semana con el incremento del salario mínimo interprofesional hasta los 1.000 euros (repartidos en 14 pagas), aunque en esta ocasión sin el apoyo de la patronal, con el objetivo de cumplir lo que dice la Carta Social de alcanzar en 2023 el 60% del salario medio.
Volviendo al principio, el resultado favorable que ha tenido este real decreto ha reforzado al gobierno de Pedro Sánchez (porque después de los presupuestos podemos decir que se ha conseguido uno de los compromisos de la legislatura más importantes a llevar a cabo). El éxito no se obtuvo del todo con el diálogo con otras formaciones políticas, porque hubo dos diputados de UPN que desobedecieron el sentido de voto que se les marcó desde Pamplona/Iruña, sino por el error de Alberto Casero, un diputado del PP por Cáceres que, pese a las insinuaciones de posibles fallos informáticos, realmente se equivocó y no pudo modificar y corregir su voto. Si en La Moncloa podían estar más que felices con haber ganado (aunque fuera por uno y en estas condiciones), imagino que en Génova el varapalo ha sido tremendo para Pablo Casado (la verdad es que lleva una racha en la que todo le sale mal, y no hay más que ver que en Bruselas fue incapaz que alguien le hiciera caso ante sus denuncias sobre, a su parecer, el mal uso de los fondos europeos).
El líder del PP es en mi opinión quien más se la juega el próximo domingo en Castilla y León porque cualquier resultado que provoque el fin a 35 años de ejecutivos al frente de la Junta debilitará aún más su liderazgo dentro de sus filas. Veremos el efecto que puedan tener en los votos los discursos y apoyos a las macrogranjas y a la remolacha, pero las encuestas no pronostican una clara victoria de Mañueco a imagen y semejanza de Ayuso, lo que creo que sería un problema para los populares. También saldremos de dudas con el futuro de Ciudadanos como partido, que se ha visto ensombrecido con la noticia del despido de Albert Rivera por baja productividad (es un claro ejemplo de justicia poética en estado puro).
Otra duda a resolver será el papel que jugarán a partir de ahora agrupaciones de electores de la llamada España Vaciada, sobre todo en el caso de la provincia de Soria. Tudanca es evidentemente la única alternativa para desbancar al PP y sería importante repetir la victoria que ya cosechó en 2019, pero parece que sus posibilidades de ser el próximo presidente regional pasarán en gran medida por el resultado que consiga Vox, cuyos diputados en caso de sumar mayoría absoluta con el PP, aunque sea por uno, podrían exigir entrar por primera vez en un gobierno autonómico. Habrá que ir por orden, así que primero que hable la ciudadanía de Castilla y León en las urnas y luego ya se verá qué sucede en el parlamento regional.
Considero una oportunidad perdida el fracaso para acordar la reforma del Estatuto de Autonomía, especialmente en lo referido al debate sobre la oficialidad de la llingua. Pensé que finalmente se conseguiría alcanzar un acuerdo (con la que sobre todo Foro pudiera sentirse cómodo y justificar ante los suyos algún logro), pero es evidente que en materia fiscal la izquierda y la derecha no defiende los mismos planteamientos y la ruptura de las negociaciones tiene su justificación. Es una pena que por uno todo quede igual, pero la lucha tiene que seguir. Hay elecciones el año que viene y 27 escaños se pueden conseguir.