Vivimos tiempos difíciles. Lo saben bien las más de sesenta y seis mil personas en Asturias privadas de empleo. También aquellas que, aun teniéndolo, sufren para llegar a finales de mes en condiciones dignas. O quienes se encuentran en el paro y no reciben prestaciones, a expensas de subsidios que en ocasiones no llegan a tiempo y pocas veces cubren las necesidades básicas. El riesgo de pobreza alcanza a 161.000 personas en Asturias. Son cifras insoportables.
Llevamos quince años acumulando crisis económicas en nuestro país con las que algunos se enriquecen mientras millones de personas sobreviven en situaciones humillantes, atenazadas por el paro, la precariedad y la pobreza.
La crisis financiera de 2008 no la provocó la clase trabajadora, sino la avaricia desmedida de unos pocos y la ausencia de controles gubernamentales rigurosos. Entonces se rescató al sistema bancario con el dinero de nuestros impuestos mientras se despedía a millones de trabajadores y trabajadoras, y se ponía despiadadamente en la calle a personas desahuciadas de sus viviendas, por no poder afrontar el pago de sus alquileres o hipotecas. Personas humildes que no habían participado en la orgía del capitalismo de casino.
Hace dos años llegó la pandemia y hemos vuelto a ver cómo la inmensa mayoría la sufría en primera persona, mientras, en medio de la desgracia, algunos desalmados hacían negocio con comisiones indecentes, y las farmacéuticas y fondos de inversión privados anteponían sus beneficios a la salud pública forrándose con las patentes.
Ahora tenemos una guerra cruel, injusta e ilegal en Ucrania. Y además del drama humano, comprobamos de nuevo cómo unos pocos siguen haciendo negocio a costa de empobrecer a la mayoría. Oligopolios como el de las eléctricas o las petroleras multiplican sus ganancias, insensibles ante millones de personas que viven angustiadas.
Así llegamos a este 1 de Mayo, en el que, frente los recortes de 2008 y el “sálvese quien pueda”, el movimiento sindical internacional exige una salida justa de la crisis, atendiendo en primer lugar a las personas más vulnerables. Así se hizo ya para afrontar los efectos de la pandemia, desplegando un amplio escudo social y con acuerdos muy relevantes en el diálogo social (laboral, pensiones, SMI) que hay que extender.
Ahora, con los precios desbocados por el alza de la luz, es urgente intervenir en el mercado energético e impedir que el gas imponga el precio de la energía. No es de recibo tener que pagar el pollo a precio de caviar. Bruselas acaba de aceptar que España ponga un límite medio de 50 euros al precio del gas para pagar la factura eléctrica. Ahora hay que hacerlo efectivo, trasladarlo a la realidad, a las empresas y consumidores, a las familias.
Es cierto que se han tomado algunas medidas, pero son insuficientes. En nuestro país hay millones de personas con ingresos muy bajos que con el alza de los precios no llegan a final de mes. Hay que protegerlas, compensar la pérdida de poder de compra con ayudas extraordinarias y empleo de calidad.
Tiempo tendrá el Estado de recuperarlo con una reforma tributaria más necesaria que nunca, para redistribuir la riqueza y hacer que paguen más las empresas que más ganan. Una rebaja generalizada de impuestos sería un nuevo ejercicio de injusticia fiscal y llevaría al país a la debacle. Porque rebajas de impuestos equivale a recortes sociales. Ya lo sabemos. Ya lo hizo Margaret Thatcher. Que no engañen a la clase trabajadora.
También urge reindustrializar el país, para producir bienes y servicios de primera necesidad, además de una transición energética justa que refuerce y garantice nuestra soberanía. Y, por supuesto, hay que proteger a los trabajadores y trabajadoras, prohibiendo los despidos por causas económicas durante la guerra, desplegando un ingreso mínimo vital que llegue a todas las familias que lo necesitan, garantizando el derecho a la vivienda y al transporte público.
En este 1 de Mayo estamos reclamando igualmente subidas salariales para que el incremento de los precios no recaiga sobre las espaldas de la clase trabajadora. Y seremos beligerantes: los salarios tienen que ir acompañados además de cláusulas de revisión que garanticen el poder adquisitivo. Si no, la conflictividad está servida.
Porque la desigualdad es el elemento más corrosivo para la democracia. Y porque la mejor manera de parar el avance de la extrema derecha y su discurso perverso e insolidario, es mejorar las condiciones de vida de la gente.
José Manuel Zapico es secretario general de CCOO de Asturias