La división de poderes es una de las esencias o las bases de la democracia. Sin división de poderes, la democracia es discutible. En España, el espíritu constitucional es el de la división clara entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, pero en los años que llevamos de democracia el ejecutivo trató de imponerse a los demás. Lo consiguió en parte con el legislativo, porque la mayoría gobernante es también la mayoría parlamentaria. Lo intentó siempre en el judicial, como acabamos de comprobar en la lucha por el control de su consejo general. Y ahora se produjo un acontecimiento que enfrenta al poder judicial con el ejecutivo de forma sonora e inquietante: la aceptación de los recursos presentados por tres partidos y varias asociaciones contra los indultos del llamado procés de Cataluña.
El suceso ha revolucionado el patio político por la lectura que, como de costumbre, hace el independentismo catalán. Lejos de contemplarlo como una demostración de independencia del Tribunal Supremo, Gabriel Rufián lo considera una declaración de guerra y su jefe político, el presidente de la Generalitat, acusa al Supremo de ser un órgano político al servicio del Gobierno. Lo dicen siempre que una resolución de los jueces les perjudica. Se callan cuando esa resolución es favorable. Usar la Justicia como alimento del secesionismo es un clásico, porque les permite acusar al Estado de represor. Con lo cual, ninguna sorpresa ante esas reacciones.
Pero, a juicio de este escribidor, en esta historia hay algo más preocupante: el pasado mes de enero, la misma sala del Supremo que ahora acepta estudiar las impugnaciones, las rechazó por falta de legitimación suficiente de los recurrentes: ninguno estaba afectado o era perjudicado por los indultos. Cuatro meses después, las admite a trámite. Lo que ocurrió en medio es que cambiaron dos de los cinco magistrados que componen esa sala y, con ellos, cambió la mayoría ideológica y así los tres votos de enero contra los recursos se transformaron en tres votos a favor de admitirlos a trámite.
El cambio no supone que los indultados vuelvan a prisión. Tendrán que pasar varios meses de estudio y tomas de declaración para la resolución final. Pero ya es un escollo para las relaciones entre la Cataluña secesionista, mayoritaria en el Parlament, y el Gobierno español. Mientras se resuelve, se ponen sobre la mesa tres importantes debates. El primero, para discutir si es correcto que la Justicia frene un proceso de enfriamiento de la tensión, absolutamente necesario para afrontar el conflicto catalán con serenidad. El segundo, para plantear si es de recibo que decisiones tan trascendentes pueden ser condicionadas por la ideología de los magistrados que deciden. Y el tercero, si es procedente que por las convicciones de una persona se resucite un procés que habíamos empezado a enterrar.