Petroleras, ¿hasta dónde?
OPINIÓN
Los consumidores, tanto particulares como profesionales, venimos asistiendo con estupor a la escalada incontrolada de los precios de los combustibles que se ha ido produciendo en los últimos meses y que parece no tener fin a corto plazo.
Pero no cabe culpar exclusivamente al precio internacional del crudo y a la guerra de Ucrania de ser los causantes de que en el último año se haya incrementado en un 60 % el precio de los combustibles; sino que hay muchos más factores de índole económica y especulativa que están influyendo en que su precio se encuentre tan elevado, ya que en niveles similares cotizaba el petróleo en junio del año 2008, pese a que el precio en el surtidor no superaba 1,30 euros por litro. Hay que recordar que, precisamente a partir de dicha fecha, se inició una profunda recesión económica, que algunos aventuran que volverá a producirse a la vuelta del verano.
Por eso es necesario poner la lupa en los causantes directos de esta situación, entre ellos las petroleras, que, sin ningún tipo de rubor, están incrementando de forma indigna sus beneficios, doblándolos en el caso de la principal petrolera que opera en España, y triplicándolos en el caso de la segunda.
No es algo que deba sorprendernos, ya que es un patrón que se produce periódicamente coincidiendo con las etapas de crisis económica, y que forma parte de su actuación de los últimos quince años, como han tenido ocasión de constatar los órganos de la competencia. Así, la CNMC, tras la resolución sancionadora impuesta en el 2009 contra las tres principales compañías petrolíferas que operan en España por alteración de los precios finales de los combustibles, posteriormente, a través de sucesivas comisiones de vigilancia, ha venido confirmando que dichas prácticas restrictivas se han seguido produciendo hasta la actualidad.
Por eso, de continuar este incremento imparable de los precios del combustible, al Gobierno no le queda más remedio que intervenir el mercado de los carburantes, topando su precio máximo como medida excepcional ante la actual situación, para permitir salvar la actividad económica en nuestro país, como ya se ha adoptado en algún otro de la Unión Europea, y que en el caso de España estuvo en vigor en la década de los noventa.