SI todavía podía haber alguna esperanza de ver un PP distinto con Feijóo, creo que ya podemos olvidarnos de ello. En el debate sobre el estado de la nación, una organización terrorista que ya ha sido derrotada por la democracia española fue la protagonista de gran parte de los discursos de PP, Vox y Ciudadanos (con todo lo que está cayendo, y con la que nos espera, según muchos analistas, si no termina el desafío de Putin). La derecha continúa utilizando vergonzosamente a las víctimas (las mujeres que sufren violencia machista no entran dentro de sus preocupaciones) e instrumentalizando figuras como la de Miguel Ángel Blanco con la única pretensión de sacar rédito político. Les funcionó en el pasado y parece que los estrategas consideran que en estos momentos da más beneficios hablar de Bildu para debilitar al gobierno de coalición que de medidas sociales con las que paliar la subida de precios por la inflación y con las que proteger a las clases medias. El primer partido de la oposición debe ser crítico con Pedro Sánchez, por supuesto, y también es su deber impulsar y trabajar una alternativa con la que optar en las próximas elecciones con garantías de salir a jugar el partido, pero es evidente que nos movemos en un contexto de emociones que supera con creces el de la razón. Los sentimientos marcan nuestra opinión aunque no estemos en posesión de la verdad. La irresponsabilidad de bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial deja claro que el principal problema que tiene España es que la derecha no es democrática, que no juega limpio, que actúa contra el Estado si es necesario para desestabilizar un gobierno legítimo.
Cada uno de nosotras y nosotros tenemos un deber en esta vida. Decía Gabriel García Márquez que el periodismo es la profesión más bonita del mundo, y no puedo estar más de acuerdo con sus palabras. Me ha dado mucha tristeza las grabaciones difundidas sobre Antonio García Ferreras, porque no hay por donde coger que se hiciera eco en 2016 de una información falsa, a sabiendas de que lo era, en la que se acusaba a Pablo Iglesias de ser titular de una cuenta en las Islas Granadinas con 272.000 euros cobrados a través del gobierno venezolano. Es obvio que no estamos ante una equivocación ni ante un error como el que puede cometer cualquiera, porque en esta historia lo que ha ocurrido es que se han incumplido los códigos deontológicos que debe regir nuestra profesión, y no hablo ya solamente de contrastar la información, sino de anteponer la ética para no perjudicar a un tercero que en ningún caso ha realizado esa acción. El periodismo tiene que controlar al poder, no ser el cuarto poder como popularmente se le conoce. Si seguimos en este plan, nuestra función no es democrática.