Si algo nos ha enseñado la repetición de crisis periódicas desde 2008 es que, catorce años después de meternos de lleno en un entorno de precariedad creciente y sobresaltos socioeconómicos, la capacidad de iniciativa desde el poder público para acometer proyectos de envergadura ha venido muchísimo a menos. Otras urgencias mandan y, además, el daño causado a la propia Administración Pública por los recortes ha cercenado las posibilidades de diseñar y llevar a cabo iniciativas de empaque en el terreno de las infraestructuras, los equipamientos o la transformación territorial. Por múltiples razones económicas, por insuficiente liderazgo, por dificultades organizativas, por los equipos de trabajo reducidos y sin continuidad, por falta de constancia en la consecución de los proyectos, por errores en planificación y diseño, etc., cunde la sensación de inoperancia. En suma, con terminar (y apenas) lo que se diseñó y emprendió hace dos décadas, vamos que chutamos. En el ámbito local y autonómico esa impresión es aún más extendida. De hecho, es difícil contar con los dedos de una mano proyectos emblemáticos en cualquier ámbito que, a diferencia de lo sucedido en las tres décadas precedentes, vayan a dejar huella en cualquier ciudad de nuestra Comunidad. El escepticismo de la ciudadanía cuando le vienen con infografías, planos y trazados ya ha acabado por ser mayúsculo, pues, aunque los proyectos susciten adhesión o contrariedad, la mayoría piensa, en el fondo, que simplemente no se llevarán a cabo.
En Oviedo nos hemos acostumbrado especialmente a esta realidad desde que en 2012 cerraron tanto la Fábrica de Armas de La Vega como, progresivamente, el viejo HUCA. Desde entonces se han sucedido alternativas, propuestas, cumbres y protocolos, que iban a dar como resultado una operación de cirugía urbana siempre prometedora. De momento, lo que tenemos, seamos honestos, es un fracaso sin paliativos de la planificación pública y un problema de mayor orden en dos zonas clave, al Este y al Oeste de la trama urbana. El debate de la Ronda Norte, otro que mueve pasiones, lleva igualmente coleando desde hace dos décadas, y no ha pasado nunca del estudio informativo.
Con estos antecedentes, no se trata de caer en el cinismo ni en desesperación, pero una prudente distancia si cabe mantener con cualquier anuncio de intenciones. El más reciente de ellos es el protocolo suscrito la semana pasada entre el Ministerio de Defensa, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Oviedo sobre los usos futuros de La Vega, incluyendo la adquisición por éste de una parte significativa del suelo y las construcciones industriales, que pasarían al patrimonio municipal en el que una vez estuvo el terreno. No es el primer protocolo de esta naturaleza, aunque la implicación activa de las tres administraciones y su grado de detalle le dan mayores hechuras en esta ocasión.
Cualquier que conozca ese entorno, aprecie el patrimonio histórico y desee la regeneración de esa herida urbana, lamentará algunas cosas escritas y oídas estos días, en relación con el protocolo y su explicación pública. Que se haya permitido el deterioro (¿dónde está la obligación de conservación aplicada a su titular público?) de los valiosos chalés de oficiales con vista a La Tenderina, hasta su estado actual, y que se vayan a derribar, es dramático y muestra de desprecio por el patrimonio. ¿Son acaso insalvables, todos ellos sin excepción? Que se vaya a hacer lo propio con la térmica inserta en el complejo y su característica chimenea, emblemática del pasado industrial de La Vega, es desafortunado y también urge reconsiderar su demolición.
Por otra parte, que los aprovechamientos urbanísticos que se definan y otorguen al Ministerio de Defensa a cambio de la titularidad de una parte de la parcela, vayan a materializarse en edificación hasta 25 alturas, no tiene un pase. La idea recurrente de que un arquitecto de renombre lo diseñe nos evoca verdaderas pesadillas calatravescas. El Ministerio de Defensa aduce que, en esta ocasión, no puede sino obtener bienes o derechos equivalentes, contrariamente a su pasada contribución a la recuperación del espacio urbano en El Milán o de las zonas de esparcimiento en el Naranco (gestiones en buena medida obtenidas o rematadas por un Alcalde, Antonio Masip, cuyos logros crecen con la perspectiva del tiempo). Si esto es así, búsquense las permutas o derechos susceptibles de cesión en otro entorno que eviten plantar una torre descontextualizada y desmesurada y de la que reclamarán también aquello de que «dialoga» con la fisonomía urbana, con análogos resultados (posiblemente también en el plano de la desastrosa rentabilidad económica). Nótese que el principal riesgo de que las intenciones del protocolo descarrilen en su materialización reside en las limitaciones legales a la figura del convenio urbanístico, precisamente por su utilización abusiva para moldear a conveniencia el planeamiento, durante los excesos de la hipertrofia constructiva previa a 2008. No en vano nuestro Texto Refundido sobre Ordenación del Territorio y Urbanismo dice con claridad (artículo 211) que en ningún caso un convenio vinculará o condicionará el ejercicio por la Administración Pública, incluso la firmante del convenio, de la potestad de planeamiento. Difícilmente casan con los valores y criterios de planeamiento una densidad y edificación en altura como la que se esboza, y meter a calzador una modificación de este tenor puede franquear el límite legal del convenio.
El desvío del acceso rodado desde la Y, haciéndolo pasar por la parcela, al menos orilla la disparatada idea inicial de que atravesase la propia nave de cañones, factura de Ildefonso Sánchez del Río. Reparar el error ominoso de construir la autopista Y al lado de San Julián de los Prados no se enmienda con el nuevo desacierto de segregar un conjunto de valor patrimonial colocando una vía de alta capacidad en su seno, así que mucho tiene que evolucionar esta idea. Precisamente la propuesta de potenciar el acceso Norte y, con él, la AS-II, debería servir para reducir muy significativamente el impacto y características de la entrada Este, paisaje hoy hostil que no se trata de recolocar moviéndolo hacia La Vega, sino de reconfigurar.
Finalmente, que a estas alturas estemos hablando de la descontaminación del suelo y de las catas arqueológicas nos habla de todo el tiempo que hemos perdido estos años, pero también de que la base sobre la que ha diseñado esta solución es tremendamente endeble. Ni se sabe aún qué incidencia en este dominio ha tenido el uso industrial centenario ni imaginamos qué sucederá cuando se descubran vestigios de valor, hay quien dice que del complejo palatino de Alfonso II.
Trato de ser comprensivo con los mensajes posibilistas y voluntariosos del Alcalde de Oviedo y del Presidente del Principado de Asturias con motivo de la firma del Convenio y con las explicaciones que se vienen ofreciendo sobre el sentido y justificación de la deseada cooperación institucional. No me rechina ese discurso ni hago abstracción de las dificultades que concretar esta operación comporta. Pero es necesario tener totalmente claro que hay mucho que pulir y mejorar aún en esta propuesta, y que hay margen y tiempo para ello. Despreciar la sensibilidad mostrada por los ovetenses hacia su patrimonio sería inadecuado y políticamente, equivocado. No sólo se trata de aprovechar la oportunidad, efectivamente histórica, de recuperar La Vega, sino de evitar errores y perjuicios en nuestro patrimonio que también tendrían talla histórica, en una ciudad plagada de episodios dañinos contra nuestra herencia patrimonial.