Si algo deja claro el esperpento que se está viviendo en torno al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es la necesidad de renovar un sistema de elección de los vocales que se convierte en una partida de póker entre los dos principales partidos, que se reparten los puestos en función de afinidades ideológicas y número de escaños. Los cuatro años que han transcurrido sin que haya sido posible renovar el consejo son un baldón para el poder legislativo, que es el encargado de renovar el consejo. Independientemente de quién sea el responsable de una situación en la que las culpas están muy repartidas —y de las que no se libran tampoco los propios vocales del CGPJ— el espectáculo al que estamos asistiendo no puede continuar. La reunión entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijoo augura para los más optimistas una solución rápida que permita acabar con una anomalía democrática que daña el prestigio internacional de España, como lo demuestra el hecho de que el comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, llegara para echar un rapapolvo al Gobierno y la oposición y a pesar de ello volviera a Bruselas, tras reunirse con todos los actores participantes en el proceso, con los pies fríos y la cabeza caliente.
Ha sido necesario que el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, hiciera oficial la dimisión que llevaba semanas anunciando, para que el Ejecutivo y el primer partido de la oposición se sienten a negociar una renovación. Llama la atención que el encargado por el Gobierno de dirigir esas negociaciones, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, al que se le supone un carácter serio y discreto, anunciara como una gran novedad el hecho de que ahora van a negociar «en serio». Lo que un malpensado podría traducir como que durante estos cuatros años de contactos han estado de broma, mareando la perdiz y jugando cada uno con nombres y candidatos sin tener la mínima intención de llegar a un acuerdo.
Es urgente en todo caso que esta negociación llegue a buen puerto, porque de lo contrario la situación podría llegar a ser kafkiana, con un presidente del CGPJ que ha dimitido y un consejo descabezado que ha dejado al poder judicial sin representante en el día de la fiesta nacional. Ni siquiera el relevo del propio Lesmes se va a producir de una forma ordenada, para embarullar más el proceso. El presidente saliente encargó un informe técnico en el que sus autores aseguran que en el mismo momento en el que el BOE publique el cese de Lesmes su sustituto pasaría a ser el vicepresidente del Tribunal Supremo, tanto en este alto tribunal como en el propio consejo. Pues ni siquiera eso ha sido aceptado por muchos vocales del CGPJ, que consideran que Lesmes trata de imponerles antes de irse a un candidato afín, dejándoles a ellos sin voz ni voto. A la espera de una solución a todo este embrollo, lo único que se puede afirmar es que todo este proceso es un desastre sin paliativos que debe impulsar una reforma que impida que España siga haciendo el ridículo internacional en algo tan relevante como su Justicia.