Días decisivos en la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana

OPINIÓN

Concentración contra la derogación de la ley mordaza
Concentración contra la derogación de la ley mordaza ANGEL MANSO

18 oct 2022 . Actualizado a las 05:00 h.

La reforma de la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana, afronta momentos decisivos en su tramitación parlamentaria. En las próximas semanas se podrá constatar si los trabajos en el seno de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados prosperan para alumbrar un texto que concite el respaldo suficiente para su aprobación, así como su alcance y contenido.

Desde su origen, la iniciativa legislativa ha tenido vicisitudes que marcan su recorrido y que, en parte explican su tortuoso camino. El punto de partida es una Ley aprobada por la mayoría absoluta del Partido Popular en la X Legislatura, con una perspectiva en buena medida reactiva frente a los procesos de movilización vividos en el contexto de crisis económica y social de la Gran Recesión. No hicieron mella en la voluntad del Gobierno de entonces las múltiples críticas recibidas, incluyendo la preocupación de las organizaciones de Derechos Humanos y de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (conocida como «Comisión de Venecia») que asesora a en cuanto al funcionamiento de las instituciones democráticas y la protección de los derechos fundamentales. Cambiadas las tornas, la mayoría surgida de las elecciones generales de noviembre de 2019 tenía entre sus prioridades declaradas la reforma de esta norma, pero el primer paso no lo dio el Gobierno sino el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), en forma de Proposición de Ley, prácticamente al inicio de la Legislatura en curso. No ha habido lugar, por lo tanto, al trabajo previo de participación pública, técnica normativa e informes de los órganos consultivos que suele acompañar a un proyecto de Ley aprobado por el Gobierno. Esta circunstancia explica, hasta cierto punto, el trabajo laborioso que el Congreso debe realizar para dar cabida tanto a la pluralidad de planteamientos (de entre aquellos favorables a la reforma) como a la necesidad de que el texto resultante sea coherente y aplicable. La ponencia formada en la Comisión de Interior, de hecho, lleva trabajando en el asunto desde noviembre de 2021, un tiempo prolongado, y la Legislatura emboca la recta final con una enorme incertidumbre sobre el porvenir de esta iniciativa.

Puertas afuera de las instituciones, la reforma ha sido objeto de un intenso debate social y político. Numerosas organizaciones de la sociedad civil han puesto de manifiesto cómo la regulación actual tiene un pernicioso efecto sobre el ejercicio de derechos civiles básicos, incluyendo los derechos de reunión y manifestación o el ejercicio de la libertad de expresión (no en vano se le ha denominado popularmente «Ley Mordaza»). La intensidad de la actividad sancionadora del Estado y el hecho de que profesionales de los medios de comunicación, activistas sociales y sindicales hayan sido objeto de sanciones en el desarrollo de su actividad, así lo atestigua.

La reforma confronta, en todo caso, importantes críticas. Por una parte, es objeto de contestación por quienes, desde una visión estrictamente securitaria, no desearían ver modificado el texto de la norma en absoluto, admitiendo, en un contexto generalizado de restricción de derechos y libertades, que se ponga el énfasis en las facultades que se otorgan a los poderes del Estado, más que en la preservación de los derechos civiles. Por otra parte, se destacan sus insuficiencias por las organizaciones sociales que ponen de relieve los múltiples aspectos que la reforma planteada no aborda en su redacción inicial. Amnistía Internacional ha señalado al respecto que, desde la aprobación de la Ley en 2015 y hasta diciembre 2019 se impusieron cerca de 140.000 sanciones con base únicamente en dos infracciones: «resistencia, desobediencia o negativa a identificarse" (artículo 36.6) y «faltas de respeto a la autoridad» (artículo 37.4), suponiendo el 70% del total de sanciones impuestas en materia de seguridad ciudadana. Ninguno de estos artículos es abordado por la iniciativa de reforma. La propuesta de reforma tampoco plantea eliminar el artículo relativo a la «difusión de imágenes» de actuaciones policiales (artículo 36.23). Las organizaciones de defensa de los derechos civiles subrayan que las actuaciones policiales deben poder ser documentadas tanto por periodistas como por la ciudadanía en general. La propuesta de reforma no reduce los amplios poderes discrecionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad, ni establece adecuados mecanismos de control y rendición de cuentas, dejando la puerta abierta a actuaciones arbitrarias. Los mecanismos independientes de supervisión de la actuación policial son, sin embargo, necesarios, pues, su ausencia deja pocos recursos accesibles para quienes deseen denunciar una actuación que consideren arbitraria, desproporcionada o injustificada. Tampoco se prohíbe el uso de pelotas de goma, cuya incidencia en la provocación de daños, en ocasiones irreparables, está acreditada. Ni incluye la prohibición expresa de redadas en las que se aprecie un sesgo racial, ni plantea eliminar la aparente cobertura legal dada por la ley a las expulsiones sumarias y colectivas en frontera, conocidas como «devoluciones en caliente».

El momento es decisivo, por lo tanto, para introducir reformas de calado en la Ley, que corrijan los excesos del texto vigente. La sensación de que la oportunidad es única y, probablemente, irrepetible, es extendida. El propio Consejo de Europa ha advertido recientemente de esta necesidad, a través de la Comisaria de Derechos Humanos, Dunja Mijatovic, que ha pedido a los legisladores españoles que se utilice la modificación legislativa para «adecuarla plenamente a las normas europeas e internacionales de derechos humanos, en particular en lo que se refiere a las disposiciones que inciden en los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica, el derecho a solicitar asilo y la prohibición de devolución». Corresponde ahora al Congreso de los Diputados resolver la ecuación, demostrar que el debate parlamentario no se limita a una expresión abstracta y retórica de las posiciones de cada uno y concretar de una vez por todas una reforma imprescindible para proteger los derechos civiles.