La estrategia del calamar

OPINIÓN

Un vehículo pasa a la sede del Tribunal Constitucional, este lunes
Un vehículo pasa a la sede del Tribunal Constitucional, este lunes JESÚS HELLÍN | Europa Press

20 dic 2022 . Actualizado a las 05:00 h.

Nuestros políticos parecen haber asumido que la naturaleza es sabia y han decidido adoptar las costumbres de los calamares. Estos cefalópodos combinan dos estrategias defensivas, aunque una de ellas les sirva también para capturar piezas con las que alimentarse: el camuflaje camaleónico y el oscurecimiento del panorama por medio de la tinta. Así, vemos cómo los nacionalistas españoles se visten de constitucionalistas y los de la periferia, por intransigentes que sean, de demócratas defensores de los derechos de las minorías, incluso de izquierdistas. Algunos políticos se presentan como paladines de la independencia del poder judicial, pero solo quieren que sea independiente de todos los partidos salvo del suyo. Los hay que se levantan un día como federalistas, al siguiente se envuelven en la bandera nacional y aseguran que combatirán implacablemente a los secesionistas, por la tarde niegan cualquier pacto futuro con los izquierdistas radicales y, al poco tiempo, acaban aliados con unos y otros. No olvidemos a los constitucionalistas que no tiene empacho en boicotear la Constitución durante años. O a aquel político castellano que venía a limpiar a España de corrupción y acabó con buena parte de sus ministros, presidentes de autonomías, consejeros, alcaldes, concejales y hasta el tesorero del partido investigados y condenados por utilizar el dinero público como si fuera patrimonio personal y realizar las más variadas trapacerías. Tampoco al que iba a bajar los impuestos y subió hasta el IVA de los chuches.

El camuflaje sirvió tradicionalmente para que los partidos se alimentasen de los ingenuos votantes, pero ahora se ha impuesto la estrategia del baño de tinta. El gobierno oscurece con una lluvia de leyes y paraleyes el deseo de reducir las penas por el delito de malversación para atraerse a ERC, mientras las derechas de la oposición enturbian su reiterada violación de la Constitución con una supuesta defensa de la independencia de la justicia, a la que ninguna de las disposiciones que ahora se debaten afecta.

Solo tinta cegadora es la decisión de modificar el preámbulo de una ley ya en vigor, que no tendrá ninguna repercusión práctica. La Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual supuso un cambio de la tipificación de los delitos y las penas que, como todas las que modifican el código penal, implicaba la posibilidad de que se rebajasen las de los condenados con la legislación anterior. Si eso se quería evitar, se debió estudiar con detenimiento la nueva penalización o, según algunos juristas, haber introducido una disposición transitoria que lo impidiese. No necesariamente es mala la reducción de penas en algunos delitos. Es difícil saber si es más justo un año arriba o abajo y, como han afirmado penalistas mujeres y de izquierdas, equiparar la sanción de una violación con la de un asesinato tiene el riesgo de que el criminal pueda considerar preferible culminar con este su agresión para no dejar testigos. Lo que no cabe es negar que hubo imprevisión y, además, atribuir la revisión de penas a jueces machistas o fascistas. En este caso, la tinta, la emitida antes y la de ahora, solo ha servido para enturbiar una ley que hay bastante consenso en considerar buena y necesaria.

Con ese precedente, la modificación del delito de malversación se torna especialmente peligrosa. No era este el momento más oportuno para abordarla, menos por un gobierno heredero del que ganó una moción de censura con la bandera de desbancar la corrupción, pero las advertencias de jueces, fiscales y catedráticos de universidad sobre sus posibles consecuencias hacen más peligroso todavía el experimento. Había más razones para introducir cambios en el de sedición, especialmente después de cómo lo interpretó el Tribunal Supremo. No fueron pocos los juristas que opinaron que con la sentencia contra los independentistas catalanes se abría una puerta al recorte de derechos fundamentales y varios tribunales europeos consideraron las penas excesivas cuando rechazaron la extradición de Puigdemont. Sigue vigente el delito de rebelión y con él y la nueva tipificación de los desórdenes públicos, entre otras disposiciones legales, es imposible la impunidad de quienes promuevan ilegalmente la secesión de cualquier parte del Estado y menos todavía que tengan éxito.

El asunto de la malversación es distinto. Si una sentencia en concreto se considera excesiva, es preferible un indulto parcial a los políticos afectados, como se aplicó antes a las condenas por sedición, pero no una reducción general de penas. Por otra parte, que los dirigentes independentistas violaron la legalidad y actuaron de forma irresponsable es indudable, que tengan que aceptar unos años de inhabilitación para la actividad política no parece un castigo desmesurado y podría servir para ayudarlos a reflexionar y para obligar a sus partidos a una definitiva renovación de liderazgo.

ERC no se ha mostrado muy agradecida. El recordatorio público por parte de la portavoz de la Generalitat, en comparecencia oficial, de los frecuentes cambios de opinión del presidente del gobierno parece más propio de un adversario que de un aliado. Así lo ha visto, por ejemplo, el señor Baldoví. No pudo dar mejores argumentos a PP, Vox y Ciudadanos cuando aseveran que el próximo paso será el referéndum de autodeterminación. No solo sufrirán el PSOE, IU y Podemos si comienzan a ser exculpados o a salir de las cáceles condenados por malversación, tampoco los deja en buen lugar aparecer como marionetas maltratadas del partido independentista.

El nuevo delito de enriquecimiento, probablemente inconstitucional, es otro baño de tinta. Supone obligar a alguien a demostrar su inocencia, invierte la carga de la prueba y seguramente quedará en nada, en otro intento de oscurecer lo que realmente se pretende y sus posibles consecuencias.

En la categoría de paraleyes pueden incluirse las modificaciones de las leyes del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Como ya había sentenciado este último después de un recurso del PSOE, no es un procedimiento legislativo correcto aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid para enmendar una ley cuando se debate otra. Es una práctica anómala, que el PP también utilizó, y que debería evitarse. Se comprende el enfado de la oposición, pero el gobierno y las fuerzas que lo apoyan tienen cierto derecho a actuar de forma excepcional ante una situación extraordinariamente grave de violación de la Constitución por parte del PP, con la complicidad de un grupo de vocales del consejo y magistrados del tribunal afines a ese partido. En cualquier caso, ni el Tribunal Constitucional forma parte del poder judicial ni la independencia de este se ve afectada por las modificaciones. Tampoco habría sido razonable que el tribunal hubiese impedido el jueves debatir y votar a las Cortes, no es esa su misión y, en estas circunstancias, una intervención de este tipo podría interpretarse como una sumisión partidista al PP, que dañaría gravemente su credibilidad y la del propio sistema constitucional.

El tribunal sigue reunido cuando termina el tiempo de que dispongo para finalizar y entregar este artículo. Sería deseable que no adoptase la decisión de interferir en un debate parlamentario. Son muchos los juristas que opinan que no tiene la potestad de hacerlo, por lo que el Senado podría hacer caso omiso de su resolución. Se produciría un grave conflicto entre dos instituciones del Estado, que debe ser evitado. Es sorprendente que algunos políticos derechistas, especialmente la señora Arrimadas, hayan cometido el dislate de comparar un hipotético enfrentamiento entre las Cortes Generales y el TC con lo que sucedió en Cataluña. No hay nada peor que hablar primero y pensar después. Supongo que no habrán caído en la cuenta de que les están dando la razón al señor Puigdemont y a los independentistas al equiparar la sede de la soberanía nacional, según dispone la Constitución, con un parlamento autonómico. O las Cortes no la representan o también lo hace el Parlament en el caso de Cataluña o, quizá, la actual situación es muy diferente.

Baño de tinta es el que lanzan las derechas con sus continuas denuncias de golpes de estado. Cuando daban la matraca con el Frente Popular pude comprobar que la mayoría de la gente no sabía bien qué había sido y algún interlocutor no versado en historia se sorprendió al enterarse de que en el gobierno de 1936, contra el que se levantaron los militares, no había ministros comunistas, ni siquiera socialistas, solo republicanos de ideología democrática y liberal. La banalización del golpe de estado parece una justificación para dar uno de verdad, aunque no creo que el PP, por desnortado que esté, haya llegado a ese extremo. Más bien trata de encubrir con tinta de calamar su propia violación de la Constitución al boicotear la renovación de algunas instituciones fundamentales. Lo último ha sido convertir a Pedro Sánchez en una especie de Tirano Banderas, más riesgo hay de que con ellos vuelva la corte de los milagros.

En vez de indigestarnos con tanta tinta, bien harían las derechas opositoras en reconocer al gobierno legítimo y en aceptar que la esencia de la democracia parlamentaria es que gobierna quien logra la mayoría en el parlamento. Es algo que les cuesta asumir desde que, en 1976, fracasó la vía neofranquista hacia una democracia iliberal. En mayo habrá elecciones municipales y regionales, en un año generales, es entonces cuando, si convencen al electorado de que la actual mayoría desarrolla políticas perjudiciales y vencen, podrán revertirlas. A su vez, el gobierno debería dejarse de provocaciones, como los nombramientos que hizo para el Tribunal Constitucional, admitir sus errores, rectificar cuando sea necesario, pero reconociéndolo y explicando adecuadamente por qué ha cambiado de parecer, y adoptar un poco de prudencia. Bien está ceder en algo para restablecer la convivencia democrática en Cataluña, pero el fin no justifica necesariamente los medios.

Lo peor de este baño de negra tinta es que todo se vuelve confusión y entre la ciudadanía se impone un peligroso desconcierto. No es menor el riesgo de que las aguas turbias favorezcan una ganancia de pescadores antidemocráticos.