El general Nasser intuía que no era el momento de atacar a Israel. Sin embargo, altivo por su indiscutido liderazgo en el mundo musulmán, desde Yemen a Egipto, desde el Líbano a Irak, desobedeció a su clarividencia como estratega militar para no agraviar a las masas que le tenían por un salvador frente al enemigo sionista y se lanzó, junto con Jordania, Siria e Irak, contra el Estado judío. Justificadas estaban las dudas del presidente egipcio: el 5 de junio de 1967, el mismo día del comienzo de las hostilidades, la aviación israelí lanzó sus cazas contra los del enemigo, que todavía no habían despegado, y dejó a la coalición sin la fuerza aérea. La suerte, entonces, estaba echada y, para el día 10, Nasser y sus aliados ya habían sido barridos. Se la conoce como la «Guerra de los Seis Días», y sus efectos entre los musulmanes fueron catastróficos, menos en territorios perdidos, que fueron muchos y significativos, más en el orgullo, marcando la historia de estos pueblos que ansiaban un panarabismo desde la derrota del imperio otomano en 1019. El yihadismo de hoy no se entiende sin la humillante derrota de 1967.
A diferencia del Próximo Oriente, en España no fueron necesarios tantos días. Al Partido Popular (PP, arropado por Vox y Ciudadanos) y a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), una coalición prieta como una falange iracunda por no tener el poder, le bastaron la mitad, tres días, para derrotar a su enemigo, el Pueblo, que no había sabido votar «decentemente» en las últimas generales. O sea, votarles a ellos, guardianes de la tradición apostólica de Santiago y de la cruzada contra las huestes republicanas, rojas y ateas, guardianas, naturalmente, del caciquismo rural y de las cínicas miserias de la alta burguesía de las ciudades, dando todo ello por resultado una España en blanco y negro, pero en orden y con orden, que es la máxima por la que luchan: por el regreso, como Dios manda.
Un resumen de los «Tres Días de la Infamia» podría ser este: El pasado lunes 19, y tras encuentros y llamadas telefónicas, unos políticos y unos juristas dieron la última puntada a la conjura catilinaria que venían tejiendo desde el momento mismo de la caída del Ejecutivo de Rajoy por corrupción manifiesta y generalizada en y desde la sede de Génova. La red comenzó a hilvanarse de inmediato con descalificaciones e insultos «ad hóminem», torticeras falacias, bulos y broncas, por parte de una extrema derecha frustrada porque no acababa de ver caer a un Gobierno al que nos dieron a entender que era bolivariano (“omunismo o libertad, llegó a escupir la lengua bífida de Ayuso).
Pues bien, la bala que les quedaba en la recámara al PP era de uranio enriquecido: no renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ni a los miembros caducos del Tribunal Constitucional (TC). La renovación de estos dos órganos es un principio constituyente de nuestra democracia. No cumplirlo es una rebelión. Pero una rebelión que no tiene castigo. A los golpistas del procés se les indultó inmerecidamente, pero fueron condenados y pasaron algo más de tres años entre rejas. Ahora se les rebajarán las penas por malversación a montones de ellos y la sedición acaba de desaparecer del Código Penal, y ello para pacificar Cataluña. Estos «regalos navideños», no obstante, son un error mayúsculo: las leyes no pueden sortearse con excusas de este tenor. Existen barreras que no deben franquearse, como las asonadas parlamentarias (Cataluña), las judiciales (CGPJ y TC) y, por descontado, las armadas. Tampoco las gubernamentales, pero Pedro Sánchez no la dio ni la dará, pese al griterío ensordecedor de estos facinerosos que ya han logrado estigmatizar al Consejo de Ministros guiándose por el relato de «La letra escarlata», tomado como manual.
Pues bien, para mayor escándalo, los ocho jueces del CGPJ calificados de conservadores, pero conservadores anti constitucionales (¡cómo hemos caído tan bajo!), llevan meses insumisos, boicoteando el nombramiento de dos magistrados para TC. Y no les pasa nada, ni su condición de guardianes de las leyes les perturban sus facultades jurídicas y éticas porque a estas alturas carecen de ellas. Este mes se cumplen cuatro años de la vulneración de la Carta Magna por parte del tercer poder del Estado: inaudito, alarmante y criminal.
Pues bien, y terminamos, el 19 el TC acuerda, por la mayoría que supone sus seis componentes, también conservadores anti constitucionales (¡cómo hemos caído tan bajo!), suspender la labor legislativa de los senadores, precisamente para que el CGPJ y ellos mismos sigan clavados a los sillones y gobiernen «de facto», parcial e ilegalmente, los populares. Al día siguiente, 20, el Senado, con los informes de su equipo jurídico, presenta un recurso contra el fallo del TC, recurso apoyado por el letrado más experto y la Fiscalía del propio TC. Y el 21, de nuevo por 6 a 5, los garantes de la ley de leyes ratifican el nuevo diseño: una dictadura «sui géneris».
Nosotros vemos en cada uno de estos 14 irredentos el rostro del neofascismo, porque, mírese por donde se mire, incluso concediendo validez a alguno de los reproches que se le hacen a Sánchez respecto a métodos y concesiones, la oposición ultramontana, al empuñar el acerado sable toledano y tajar la división de poderes, desangra el cuerpo democrático. El TC sí está para validar o no esos métodos y concesiones, pero después de que las leyes hayan sido publicadas en el BOE. Resolver «a priori» no queda lejos del asalto trumpista al Capitolio de hace dos años.
(Curzio Malaparte, sabedor de estas cuestiones porque en su juventud le lamió el culo a Mussolini, escribió, tras caerse del caballo, a la manera de Pablo de Tarso, que la detonación de los pilares de una democracia es sustancial para que los ultras se hagan con el poder. Y también escribió que la demolición del Estado de derecho, o su intento, es, pese a parecer imposible, viable en los regímenes parlamentarios más asentados. Hoy: Brasil, EE.UU., Polonia, Hungría y España, que no es «different« », como pretendió el Generalísimo para atraer al turismo extranjero y coadyuvara al levantamiento económico de un país que él desoló con su levantamiento militar contra la Constitución. Siempre es contra la Constitución, antes, ahora y después).