Ayuso dice que Pedro Sánchez es una especie de Daniel Ortega que quiere meter a los opositores en la cárcel, destrozar la democracia e imponer una dictadura. No es la única que airea estas barbaridades. Algunos políticos, en activo o retirados (supuestamente), e intelectuales no dudan en tildar de autócrata al presidente del Gobierno y denuncian su deriva totalitaria, cuyo objetivo sería demoler el sistema democrático e implantar una tiranía bolivariana. (Declaraciones textuales). No son solo representantes de la derecha o la ultraderecha quienes defienden estas tesis claramente trumpistas, sino también exministros y exdirigentes socialistas de la vieja guardia. Es significativo que estos suscriban manifiestos contra el Gobierno para expresar su alarma, pero nunca lo hagan para alertar del peligro que supone la ultraderecha, como se está viendo en Castilla y León, donde pretende coaccionar a las mujeres y vulnerar sus derechos. Es totalmente legítimo criticar al Gobierno por sus cesiones a los independentistas, las contradicciones entre lo que Sánchez dijo y lo que ha hecho o por cualquier otro aspecto de su gestión, pero llegar a este de tipo de exageraciones insostenibles y groseras es jugar con fuego, como se ha visto en Estados Unidos y Brasil con el asalto a las instituciones. Con sus defectos, España es un país democrático, la Constitución no corre ningún peligro, el Estado de derecho es fuerte, las libertades de expresión y manifestación se ejercen a diario y el Gobierno y su presidente son plenamente legítimos, fruto del resultado de las urnas, que serán las que vuelvan a dictar sentencia este año. Negar estas obviedades es negar la evidencia. Pero lo hacen. No todo debería valer.