El Gobierno de Italia ha declarado el 11 de abril el estado de emergencia durante seis meses (prorrogables), pero no lo ha hecho por una erupción volcánica, por la aparición de una nueva pandemia o por un temblor de tierra. Esta vez recurre a él en relación con el incremento del fujo de personas migrantes que alcanzan las costas del país a través de la ruta del Mediterráneo. Se trata de otorgar facultades extraordinarias al Gobierno, facilitar las expulsiones y profundizar en la lógica de la «guerra» contra la inmigración irregular. Otra guerra más de enemigo perpetuo, difuso, invencible y omnipresente que justifica, en la lógica de los proponentes, la excepcionalidad, la restricción de derechos y los poderes superlativos del Ejecutivo. Ejemplos de los resultados desastrosos y de la huella autoritaria de esas «guerras» los tenemos repartidos por todo el mundo, pues es una retórica pegadiza y exitosa a la que se suman dirigentes de todo estrato y condición.
Los gobiernos han tomado gran querencia a navegar bajo el pabellón de la emergencia permanente. Se encuentran indisimuladamente cómodos en un continuo estado de alerta, adopte una u otra forma jurídica (ya esté prevista o sea diseñada a conveniencia, aún al margen de las categorías constitucionales existentes), o peor aún, sin ninguna de las formalidades necesarias. Encuentran la horma de su zapato (de su bota, más bien) en una opinión pública acomodada al papel de sujeto paciente, acostumbrada al mensaje de alarma, a poner nombre a las borrascas (como si fueran huracanes), a recibir en su teléfono avisos de calamidades frente a las que protegerse, a despreciar libertades propias y, sobre todo, ajenas, en favor de una seguridad absoluta, tan inalcanzable como temible. Vivimos bajo la percepción del riesgo permanente, de que todo está en juego a cada minuto, algo que no hay cuerpo social que aguante con un mínimo de cordura. El manso sometimiento durante la pandemia a las medidas salubristas generó una cultura de la emergencia perenne que facilita aún más las condiciones, y que aún perdura de hecho. Ahora, se acude al estado de emergencia incluso cuando se trata de abordar un fenómeno que, aunque registre episodios de más o menos intensidad, es periódico con las actuales políticas de inmigración y asilo (que abocan en el primer caso a la llegada y estancia irregular y, en el segundo caso, menoscaban gravemente el derecho al refugio).
Vivir bajo un gobierno dotado de poderes reforzados de manera habitual, remiso a los controles y con posibilidad de intervenir limitando derechos y libertades, es ya moneda común, y no sólo en las democracias iliberales de referencia. En Italia, laboratorio político de tantas cosas, dan un paso más y encuentran en las políticas de inmigración sustento adicional para un estado de emergencia que no viene, además, acompañado de un catálogo cerrado de medidas ni de sus controles correspondientes. Es probable que la sociedad italiana lo acoja de buen grado, pues nada une más que el temor compartido, real o inducido, y la xenofobia se ha convertido en pegamento estructural del proyecto político a los mandos en aquel país. Que su modelo se exportará, es probable que lo veamos pronto. Ya hemos comprobado en nuestro caso la justificación de las medidas más agresivas para repeler las corrientes migratorias (de los impunes disparos con material antidisturbios desde la playa del Tarajal al «bien resuelto» de la valla de Melilla), así que el caldo de cultivo es idóneo y un futuro Ministro del Interior lo tendrá fácil con el legado involutivo que le dejan sus predecesores. Así que no será extraño recurrir a iniciativas análogas, pues la propensión expansiva de las medidas securitarias lo auspicia. En nuestro caso, además, el primer gobierno que franquee ese límite lo hará sin un Sergio Mattarella que ejerza de contrapeso.