El giro radical que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, imprimió a la política española en torno al Sáhara occidental, trasladado al rey de Marruecos Mohamed VI de espaldas a los españoles y en una carta cuyo único remitente es «el presidente del Gobierno de España», en dos folios que no llevan el anagrama del Ejecutivo ni de ninguna otra representación oficial del país, es uno de los episodios más oscuros de la política del Gobierno en toda la legislatura. El hecho de que aquella carta, en la que Sánchez se ponía al servicio de Marruecos indicando que «España considera la propuesta marroquí de autonomía presentada en 2007 como la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo», fuera dada a conocer por la Casa Real marroquí, y no por el Gobierno español, añade más incertidumbre a los motivos por los que Sánchez decidió dar ese paso.
Casi un año después, y a pesar de que ha sido requerido para ello en numerosas ocasiones dentro y fuera de la sede parlamentaria, los españoles seguimos sin saber los motivos de ese cambio de política que rompe con la que España ha defendido en las últimas décadas respecto al Sáhara occidental. Sus respuestas sobre el asunto son siempre un conjunto de vaguedades que no aclaran la cuestión principal. Seguimos sin saber qué es lo que ha obtenido España de Marruecos a cambio de un viraje tan repentino, que compromete a todo el país por el aparente capricho del presidente del Gobierno. Ni el rey Mohamed VI ha renunciado a la soberanía sobre las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, ni se conoce ninguna otra cesión por parte del monarca que guía Marruecos de forma autoritaria.
Al contrario, en lugar de una contrapartida siquiera diplomática al regalo de Sánchez, el monarca alauí despachó con un desprecio absoluto al jefe del Ejecutivo español al ausentarse de la cumbre entre ambos países celebrada en Rabat y limitarse a hacer una llamada telefónica mientras disfrutaba de sus vacaciones en Gabón.
El episodio reviste aún más gravedad por el hecho de que el cambio de criterio decidido por Sánchez sin pasar por el Parlamento supuso la quiebra de la relación diplomática entre España y Argelia, país clave en el suministro de gas para España en medio de una crisis internacional debida a la invasión rusa de Ucrania. El ocultismo del Gobierno en todo lo que tiene que ver con este episodio no hace más que añadir incertidumbre, hipótesis y sospechas sobre los motivos últimos que llevaron a Sánchez a un giro tan inesperado como arriesgado.
A todo ese secretismo se une ahora la difusión de un informe del CNI en el que se explica que la destitución de la ministra de Asuntos Exteriores Arantxa González Laya fue otra cesión de Sánchez a Mohamed VI como «gesto de buena voluntad». Algo que el presidente no desmintió en el debate del miércoles en el Congreso y que hace ya insoportable que el Gobierno siga sin responder a esta pregunta. ¿Qué hay detrás de todas estas concesiones a Marruecos?