Ley de vivienda: ¿hacia dos mercados del alquiler?
OPINIÓN
La ley 12/2023, de 25 de mayo, por el Derecho a la Vivienda, ha entrado en vigor hoy. Es evidente que el mercado de alquiler de vivienda en España necesita de un importante impulso legislativo para facilitar el acceso a las rentas más bajas y estabilizar los precios, como también lo es que la Ley de Vivienda incorpora muchas medidas que impactarán de manera muy relevante en dicho mercado. Tales medidas se han analizado detalladamente desde que se anunció hace pocos meses el acuerdo entre los grupos políticos mayoritarios para impulsar y aprobar la ley antes del final de la presente legislatura.
Uno de los análisis que se ha echado en falta, en mi opinión, es el elevado riesgo de que la norma establezca dos mercados de alquiler diferentes: uno privado, que es el que conocemos hasta ahora, y uno público, que ahora mismo es absolutamente residual y cuya viabilidad es incierta.
Esto es así porque las medidas de protección frente a los desahucios que incorpora la ley supondrán una importante carga burocrática sobre los propietarios y un retraso evidente en los procedimientos. Siendo sin duda uno de los mayores incentivos para alquilar una vivienda la agilidad en recobrar la posesión de la misma en caso de impago por el inquilino, es muy previsible que la ralentización de los procedimientos de desahucio desincentive a los propietarios a alquilar cuando haya un mínimo atisbo de duda sobre la solvencia del inquilino, buscando inquilinos más solventes, o a retirar la vivienda del mercado, con la consiguiente reducción de la oferta e incremento de precios. En consecuencia, muchos inquilinos de rentas bajas serán expulsados del mercado, y es aquí donde habrá que ver la capacidad de las administraciones públicas (hasta el momento muy escasa) para promover vivienda pública en alquiler y absorber la demanda de estos potenciales inquilinos. Nos encontraríamos por tanto con un mercado público de alquiler para inquilinos con las rentas más bajas y en situación (real o potencial) de vulnerabilidad.
Considerando que hasta ahora las administraciones públicas apenas han promovido un parque público de viviendas en alquiler consistente, y que dicha promoción (de competencia principalmente autonómica) requiere para su eficacia dotar a las administraciones de recursos adicionales o la colaboración de empresas privadas, la incertidumbre sobre que dicho mercado pueda existir en el medio plazo es más que elevada.