El 26 de junio se constituirá la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) y, para entonces, el escenario municipal de los posibles pactos estará ya aclarado. No hay mucho suspense en el terreno local, en esta ocasión. Tampoco lo habrá en cuanto a la Presidencia del Principado de Asturias, pues el sistema de elección con el que contamos en nuestra Ley 6/1984 favorece que la JGPA pueda elegir entre los distintos candidatos que se presenten, sin que se trate de someter sólo a uno a la confianza de la Cámara, y sin que los diputados puedan hacer otra cosa que elegir a un candidato o votar en blanco. Es decir, si sólo hay un candidato (lo que puede suceder con Adrián Barbón) este saldrá elegido en segunda votación, aunque no cuente con una mayoría de 23 escaños. Es un sistema que favorece la elección efectiva del jefe del Ejecutivo y la conformación del Gobierno; y, a su vez, disminuye sobremanera el riesgo de repetición electoral, ya que, en puridad, esto solo sucedería si no hay ninguna candidatura, transcurridos dos meses desde la constitución de la JGPA. Es decir, tendremos Presidente y, por extensión, Gobierno. Pero es un arma de doble filo porque permite presidentes sin mayorías estables, una singularidad en el panorama autonómico, donde predomina desde hace mucho tiempo el sistema de investidura (a remedo del estatal) y no de elección.
No sabemos, por lo tanto, si habrá en la JGPA una mayoría estable que garantice el respaldo necesario para desarrollar el programa legislativo, aprobar los presupuestos y dotar al Ejecutivo autonómico del sustento sólido que necesita en un régimen de gobierno parlamentario como es el nuestro. Las ecuaciones posibles son, en este caso, más reducidas que en el pasado reciente, aunque no por ello más fáciles. Al PSOE le ha ido suficientemente bien practicando en la JGPA la geometría variable en la IX (2012-2015) y X Legislaturas (2015-2019) y casi sin despeinarse en la XI Legislatura (2019-2023). En efecto, en esta que acabamos de concluir todas las leyes de presupuestos se aprobaron sin grandes sobresaltos, el Gobierno salió airoso de los lances parlamentarios (y el Presidente demostró que se siente perfectamente cómodo en el debate, seguramente más que en la gestión) y se alcanzó una actividad legislativa de interés. Aunque la producción normativa sea mucho menos intensa que en otras Comunidades Autónomas, en la XI Legislatura se aprobaron leyes largo tiempo esperadas o de las que se esperan frutos concretos en la mejora de las políticas públicas y la eficacia administrativa; por ejemplo, Ley 2/2023, de Empleo Público; la Ley 1/2023, de Calidad Ambiental; la Ley 9/2022, de la Agencia, de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación; o la Ley 3/2021, de Prestaciones Vitales. Pero para la XII Legislatura difícilmente se podrá conformar una mayoría estable sino es sumando los 19 escaños del PSOE, los 3 de Convocatoria por Asturias - IU y, ocasionalmente, el voto de Podemos o el de Foro Asturias, que costará recabar. No hay más combinaciones realistas. Es muy poco probable que el PP o Vox permitan otra cosa en la JGPA, y, a la postre, es perfectamente legítimo que ejerzan una labor estricta de oposición. No hay, por lo tanto, que llamarse a falsas ilusiones, pues, aunque puedan arbitrarse mayorías amplias en el arco parlamentario para determinadas iniciativas legislativas (y sería símbolo de una deseada madurez institucional), lo que necesita cualquier gobierno para dedicarse a la tarea que le es propia es saber que contará con un respaldo continuado en la cámara, y eso no te lo da ser un gentleman (aunque ayude) y no casarse con nadie, sino contar con los números que te rescaten de la hostilidad parlamentaria.
En la aritmética factible de la legislatura que se abre, todo pasa por pactos edificados primeramente en el entendimiento entre PSOE y Convocatoria por Asturias - IU, ya sea para un gobierno de coalición o para un pacto de legislatura, prioritariamente. Es decir, algo perdurable y que permita caminar sobre un suelo estable. No debería ser particularmente problemático, pues IU tiene trayectoria de gobierno municipal y conoce perfectamente las miserias y complejidades de la gestión pública; su distanciamiento de los modos de Podemos le ha reportado a la larga beneficios electorales; ha participado con razonable solvencia en dos gobiernos autonómicos (VIII y IX Legislaturas); y, lo más importante, puede haber una amplia coincidencia programática con el PSOE: fortalecimiento de los servicios públicos esenciales (cuyas estrecheces, tras la pandemia, son la principal fuente de malestar ciudadano), cohesión social, política fiscal, ordenación del territorio, política industrial o desarrollo competencial (todavía le queda recorrido al Estatuto de Autonomía, empezando por abordar algún día el traspaso del ferrocarril de cercanías, agujero negro de nuestras infraestructuras y competencia prevista en aquél). Nada del otro mundo, sólo política socialdemócrata de manual, sin estridencias, que no se enrede en el ruido de la política nacional (le sean los vientos capitalinos más o menos propicios al próximo gobierno asturiano), que tienda menos a los excesos retóricos de los últimos tiempos y que apueste por la capacidad de gestión y la eficacia.
Las palabras fuera de tono que veamos estas semanas podrían encajar en el manual de medición de fuerzas, propia de los rituales cansinos que acompañan a los pactos; pero lo importante es que, al final, el resultado sea acorde a la importancia del momento. Salimos de los zarandeos de la pandemia y de la crisis inflacionista, que ha tenido un efecto muy negativo para la confianza de la mayoría social en las fuerzas de izquierda (como se ha demostrado en las pasadas elecciones). Todo es más frágil y volátil que hace unos años, pero en Asturias, con todas nuestras debilidades, hay algunas expectativas interesantes de crecimiento, renovación del tejido económico, descarbonización de la industria, florecimiento de la actividad vinculada al turismo y la cultura, y nuestros valores paisajísticos y medioambientales están en alza pese al desastre de los incendios de marzo y abril. El AVE será una realidad (¡al fin!) en unos meses, la sensación de periferia incomunicada puede disiparse, estamos en el mapa de importantes inversiones industriales y los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia y de transición justa deben desplegar un efecto beneficioso a corto plazo. Si las cosas no se tuercen, podemos estar ante una etapa positiva, más dinámica, de prosperidad sostenible que revierta en progreso social y cultural, que nos permita contener y superar de una vez por todas la percepción de declive. Contar con un Gobierno que aliente este proceso, que esté centrado en la gestión rigurosa (y no en los vaivenes de la inestabilidad) y que tenga la fortaleza suficiente para ello no es, precisamente ahora, una cuestión menor.