Al final, la decisión del presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha sido la esperada: resolver la crisis provocada por la dimisión del primer ministro António Costa yendo a elecciones anticipadas. El obstáculo era la inminencia de la votación de los presupuestos, pero Rebelo lo ha resuelto retrasando la fecha de los comicios hasta marzo, de modo que el nuevo Gobierno se encontrará con las cuentas aprobados, si es que el Parlamento las ratifica. El Consejo de Estado había votado en contra de la repetición electoral (o, más exactamente, no la aprobó a causa de un empate), pero la decisión última corresponde al presidente, que ha optado por proceder a la disolución. Las razones que ha dado son, sin embargo, llamativas.
Rebelo de Sousa podía haberse limitado a reafirmar su derecho, en un sistema semipresidencial como el portugués, a disolver las cámaras, pero ha preferido justificar su decisión con dos argumentos: que un nuevo primer ministro carecería de legitimidad, puesto que los portugueses habían votado de manera personal a Costa, y que ir a un nuevo Gobierno sin pasar por las urnas podría provocar inestabilidad. El primer argumento es sorprendente, puesto que, en Portugal, como en España, el votante no elige al primer ministro, sino tan solo diputados, que son quienes tienen la potestad de proponer un jefe de gobierno al presidente de la República. Se diría que estamos ante un curioso contagio a las instituciones portuguesas de un malentendido frecuente en los medios y entre los ciudadanos. En cuanto al segundo argumento, está claro que el presidente está pensando en el precedente de 2004, cuando la dimisión de Durão Barroso fue seguida de un nuevo Gobierno a cargo de Pedro Santana Lopes, que duró poco. Pero el paralelismo no es muy acertado: entonces el Gobierno era de coalición, de ahí su debilidad, mientras que ahora disfruta de una mayoría absoluta. Lo que nos lleva a conjeturar que la razón verdadera es otra que el presidente prefiere no enunciar por cortesía: Rebelo de Sousa seguramente considera que los escándalos de corrupción, de los que este último es tan solo el más grave, han extendido un manto de sospecha sobre el Partido Socialista y que esto, y no otra cosa, sería la causa de la inestabilidad.
Lo que no quiere decir que las elecciones vayan a proporcionar esa estabilidad deseada. Las encuestas apuntan a que de ellas saldrá un Parlamento más fragmentado; de hecho, esa es la razón por la que la mayoría de los partidos le han pedido al presidente que disuelva: unos porque cuentan con ganar y otros porque esperan poder tener una influencia en el Gobierno de la que carecían con la mayoría absoluta de Costa. Esa mayoría absoluta era una rareza en la historia política portuguesa reciente y, al final, ha resultado paradójica: en vez de significar estabilidad, probablemente ha facilitado la falta de control del Ejecutivo y, por tanto, la corrupción, llevando una legislatura breve y ahora accidentada.