Los primeros presupuestos del Gobierno de coalición progresista -cuyo proyecto está previsto que llegue a la Junta el 1 de diciembre- no pueden defraudar. Tienen que plasmar la voluntad inequívoca de un Ejecutivo de izquierdas que pretende gobernar para la mayoría social, y dar respuesta a los retos de Asturias.
La nuestra es la única comunidad autónoma que no ha recuperado aún los niveles de actividad económica anteriores a la crisis de 2008. Asturias ha perdido en estos quince años 80.000 habitantes, tiene 66.000 personas ocupadas menos y 21.400 en paro más. La tasa de pobreza y exclusión social supera el 25%, en buena medida porque, desde entonces, los salarios han perdido un 9% de poder adquisitivo.
El paro, la precariedad y la pobreza; las incertidumbres sobre la transición energética y el futuro industrial; las dificultades de acceso a la vivienda, que lastran la emancipación de nuestra juventud; las deficiencias en las infraestructuras; las debilidades de los servicios públicos; los laberintos burocráticos que impiden la agilidad necesaria en las ayudas sociales; el desafío demográfico y los obstáculos en el camino hacia la igualdad… son problemas acuciantes.
Así que los presupuestos deben atender y dar respuesta a esas urgencias, y por ello estamos poniendo el acento en cinco objetivos prioritarios: la consolidación de un modelo productivo apoyado en la industria e impulsado por la innovación; el fortalecimiento de los servicios públicos, con una sanidad que atienda en tiempo y forma a la ciudadanía, un sistema educativo a la altura de los retos, una Administración ágil y eficaz; la extensión de la protección social; y medidas integrales para afrontar el reto demográfico.
A estos objetivos añadimos tres propuestas muy concretas: la apuesta por el empleo decente, con planes de choque específicos para jóvenes, mujeres y mayores de 45 años; el fortalecimiento de la economía con un fondo de inversión público destinado a la industria y a la innovación; así como la subida del Salario Social Básico al menos al 80% del IPREM para proteger a las personas más vulnerables.
Y para todo ello necesitamos los impuestos. Frente a los discursos interesados de una élite privilegiada que aboga realmente por el independentismo fiscal, nuestro sindicato defiende un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad, tal como señala la Constitución española. Tenemos que recaudar más, entre quienes más tienen, y repartir mejor. Los presupuestos son una carta de presentación política y también la principal herramienta de redistribución. Y hay margen.
Cuando hicimos la valoración del proyecto de Presupuestos para 2023 ya alertamos de que nuestra comunidad autónoma dejaría de ingresar ingentes cantidades de dinero a causa de las exenciones, reducciones, bonificaciones, deducciones… Hablamos de 1.162,9 millones, una merma del 27,9% de los ingresos y mucho más de los mil millones (de los 6.000 previstos) que pretende destinar en 2024 el Gobierno a la inversión. Y lo que no cuadra es reclamar -como hace la patronal- menos impuestos y al mismo tiempo más dinero para ayudas a las empresas.
Sin perjuicio de compartir algunos beneficios fiscales concretos, creemos que ha llegado el momento de llevar a cabo una reflexión serena y rigurosa sobre su impacto, y analizar si son medidas realmente redistributivas y, por tanto, eficaces, desde el punto de vista de la justicia social, que es lo que nos debe orientar.
Siempre hemos defendido que un sistema fiscal justo, realmente progresivo, es la única forma de impedir que las diferencias sociales se conviertan en abismos insalvables.