Sí, lo es. Nuestra Constitución consagra el Estado de derecho, fundamentado en la separación de poderes. El sistema no es perfecto. Existen defectos estructurales, algunos derivados de las leyes de desarrollo constitucional. Así, no todos los poderes del Estado gozan de la misma autonomía e independencia.
El poder judicial es el único de los poderes del Estado cuyo órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), no es elegido, ni siquiera en parte como permite la Constitución, por los titulares de dicho poder. Y carece de autonomía presupuestaria.
Parece que esta desventaja no se considera suficiente, y son cada vez más graves los ataques a la independencia judicial.
La independencia judicial no es privilegio de los jueces, sino patrimonio de todos los ciudadanos y garantía de sus derechos.
Se puede judicializar la política: cuando la controversia ideológica se resuelve con la comisión de delitos y se insta la actuación de los tribunales. Los jueces tienen el deber de resolver todos los asuntos que se le plantean aplicando la ley vigente. La presentación de atestados o denuncias determinan necesariamente una resolución judicial. No es posible el silencio judicial, sería constitutivo de delito (Art. 448 del Código Penal).
También se puede intentar politizar la justicia. La designación política de los vocales del CGPJ, el bloqueo de su renovación o la propuesta de candidatos para órganos relacionados con el poder judicial que han ocupado cargos de relevancia política son claros ejemplos de ello. Uno de los más graves y sostenido en el tiempo es el incumplimiento por las Cortes Generales de su obligación constitucional de renovar el CGPJ. Actualmente se encuentra en funciones, bloqueada políticamente su renovación y minoradas sus competencias. Al parecer, sine die.
No son nuevos los ataques e insultos a jueces proferidos por parte de dirigentes políticos. También por representantes parlamentarios, incluso miembros del Gobierno, tachando al colectivo, entre otras lindezas, de «jueces machistas», cuando el resultado de una ley deficiente produjo efectos no deseados por sus autores. Y en esta escalada se ha llegado a señalar con nombre y apellidos a algunos magistrados, amparándose en la tribuna parlamentaria, y con la aquiescencia de las autoridades presentes, cuyo silencio e inacción no tienen justificación.
Los jueces aplicamos la ley, no la excepcionamos. El Gobierno tiene la facultad de dejar sin efecto una sentencia, mediante indulto. Y es objeto de tramitación parlamentaria una ley de amnistía que, de ser aprobada, será aplicada por todos los miembros del poder judicial. También por aquellos cuyas sentencias o instrucción pasarán a convertirse en papel mojado.
Los jueces estamos sujetos a responsabilidad y la ley, creada por el poder legislativo, prevé los mecanismos para exigirla.
Son las reglas del sistema democrático. Quien no las respeta y, además, desde su posición de miembro de otro poder del Estado, ha de ser consciente de que habita en el caballo de Troya.
Y sí, la independencia judicial es posible. La ejercemos cada día los integrantes de la carrera judicial. Es la mejor forma de defenderla. Cuando el trabajo está hecho, puede dejarse sin efecto, pero que respeten a los jueces que cumplen su función con pleno sometimiento al imperio de la ley.
María del Rocío Moreno de Viana-Cárdenas es jueza del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Tarragona