Pedro Sánchez está tan acostumbrado a decir una cosa y hacer la contraria que está seguro de haber estafado a Carles Puigdemont con las promesas hechas a cambio del sí de Junts a los primeros decretos del Gobierno en esta legislatura. Mientras los de Puigdemont van por ahí presumiendo de la cesión integral de las políticas de inmigración como quien ha ganado un trofeo tras una larga batalla, en el Gobierno minimizan esa delegación y aseguran que en realidad es un brindis al sol, porque se trata solo de una promesa que tendría que ser aprobada mediante una ley orgánica que debería ser refrendada por una mayoría absoluta del Congreso.
Así se lo ha asegurado Sánchez a ERC, que llamó ofendida a la puerta del Gobierno para pedir explicaciones sobre las cesiones hechas en un día a Junts, que superan lo conseguido por los de Junqueras en meses de negociaciones en una mesa de diálogo con el Gobierno. La respuesta de Sánchez a ERC, y también al PNV, que ha pedido que, sea lo que sea lo que se ha cedido a la Generalitat, ellos quieren lo mismo, viene a ser un fiel reflejo de la forma de gobernar de Sánchez. Tirar para adelante con lo que sea y después ya buscaremos la fórmula de no ponerlo en práctica o de negar directamente que se haya cedido en nada. El Ejecutivo simplemente accede a las condiciones que le exigen sus socios y después quita hierro al asunto cuando la oposición pone el grito en el cielo.
En esta ocasión, mientras Junts exhibe su perfil más xenófobo aprestándose a hablar de que ellos controlarán la expulsión de los inmigrantes reincidentes —achacando de paso el problema de la inseguridad a los extranjeros—, y afirma además que con esa cesión Cataluña está ya muy cerca de ser «un Estado», Sánchez recalca que «las materias vinculadas con la expulsión de los migrantes están residenciadas en la Administración General del Estado» y que en realidad lo que se ha cedido a Junts es algo cercano a la nada porque las políticas de inmigración vienen acotadas por la Unión Europea.
Lo de Sánchez es un ejercicio constante de equilibrismo para contentar al ala más radical del independentismo haciendo concesiones para luego, una vez cobrado el botín de los votos, negarse a sí mismo cuando la oposición le reprocha el estar vendiendo España a trocitos. Y si Junts asegura que ha blindado la ley de amnistía con la supresión del artículo 43 bis de la ley de enjuiciamiento civil para que los jueces no puedan paralizar la ejecución de leyes como la de amnistía elevando una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sánchez replica que la supresión de ese artículo tiene un coste cero porque los jueces podrán seguir planteando cuestiones prejudiciales y paralizando normas, porque eso es lo que se ha venido haciendo siempre, con o sin la aprobación del artículo de marras.
Si todo este ejercicio de equilibrismo político ha sido necesario para sacar adelante dos decretos, imagínense lo que nos espera para la aprobación de unos Presupuestos que Sánchez, por supuesto, da ya por hecha.