Fernando Fernán Gómez, en su película El viaje a ninguna parte, nos relata y narra las aventuras de una compañía de cómicos, con desencuentros, problemas económicos y familiares, hambre de triunfo, amores y desamores, etcétera. Observando la realidad política del momento y de nuestro poder ejecutivo, del Gobierno actual, se podría intuir e inferir que, con lo que está sucediendo para consensuar la aprobación de la ley de amnistía se obtendría un buen guion para una película cuyo título, sin ánimo de plagio y adaptándolo a las circunstancias actuales, sería muy semejante a aquella del año 1986.
Mientras tanto, y a la espera de la ley de amnistía prometida a Junts, Cataluña en el mes de febrero se enfrenta a la peor sequía de los últimos años; los catalanes tienen sed, pero la prioridad de sus representantes políticos se centra en la amnistía, se está dedicando más esfuerzo y tiempo a la aprobación de esta última y a las campañas electorales que a los problemas reales. Este fin de semana vota Galicia, pensando ya en las próximas elecciones europeas, en las autonómicas vascas y, por su puesto, en las catalanas. Pero la vida diaria de los ciudadanos sigue adelante mientras tanto, el viaje a ninguna parte continúa su recorrido, casi 700.000 personas en España viven de un subsidio agrario o de la renta de inserción social. A diciembre del 2023, el paro registrado alcanzaba la cifra de casi 2.700.000 parados, de los que casi 1.700.000 cobran prestación contributiva. Según la Fundación BBVA, el valor del capital humano perdido en el 2022 en España se calcula en 154.800 millones de euros, es decir, un 40 % más que en el 2019.
Pese a todo, la actividad económica del país continúa generando hechos susceptibles de tributación. El libro blanco de la reforma tributaria (2022) nos recuerda que su objetivo esencial es financiar el gasto público, ante un déficit estructural que es preciso sufragar ejercicio tras ejercicio —como nos reitera el profesor Feito—, con sus perversos efectos sobre la inversión y el empleo. Ignacio Ruiz Jarabo, en su nuevo libro, nos comenta y alerta de la vulneración de derechos fundamentales por parte de la AEAT, cuya presión fiscal sobre los ciudadanos es muy inquietante, y, ante las reclamaciones de estos en los tribunales económico-administrativos, la Hacienda Pública pierde en un 50 % de los casos. Según el profesor Niño Becerra, la estructura del PIB en España no permite alcanzar los ingresos fiscales necesarios para financiar el gasto público. Este es un problema que se arrastra desde hace décadas, particularidad que nos obliga a tener tipos de gravamen altos para alcanzar la recaudación suficiente y que, en mi opinión, nos debería hacer reflexionar sobre el coste de la financiación del modelo de Estado en España y el enorme esfuerzo tributario que a los contribuyentes se les exige coactivamente, con la disculpa de su cobertura.
Al final del viaje a ninguna parte, y parafraseando al profesor Martínez Gorriarán, podríamos concluir que somos un país de ciudadanos más pobres, más desiguales y menos libres; y el verdadero dilema español actual tal vez consista en no querer entender lo que nos pasa, debido a que ya nos hemos habituado a la constante manipulación mediática y partidista liderada por la selección nacional de información sincronizada, aderezada por una preocupante y sutil pérdida de libertades en las sociedades democráticas.