La virulencia del fuego que arrasó un bloque de viviendas en Valencia nos consternó a todas y a todos. A veces no valoramos el peligro al que nos exponemos diariamente (hay más accidentes domésticos de los que pensamos) y pocas veces se nos previene de las situaciones de riesgo (para quienes hemos vivido alguna vez de cerca un incendio, el miedo a perderlo todo es una sensación horrible). Desgraciadamente, diez personas murieron arrasadas hace una semana por las llamas (además de 48 perros, 36 gatos y otros animales que quedaron encerrados en ese infierno sin escapatoria). Además, la estructura del edificio está tan dañada que lo más probable es que se declare en ruina (como si se tratara de un lugar de conflicto como pueda ser Gaza, donde Israel ya ha masacrado a más de 30.000 civiles sin que haya más presión internacional que la de valorar si el país puede o no participar en Eurovisión). Cabe aplaudir, una vez más, todo lo público, porque ante esta circunstancia trágica se ha actuado de manera coordinada y eficaz para intentar salvar lo máximo posible, incluyendo lo más importante, que es la vida de quienes vivían allí (fue angustioso ver el rescate retransmitido en directo en televisión a una pareja que estaba en su balcón esperando a que los bomberos se acercaran a ellos). Es verdad que al ser propiedades privadas ahora entrarán en juego los diferentes seguros (habrá que ver si los materiales utilizados en la construcción fueron una de las causas que propiciaron la rápida propagación del fuego por todo el edificio), pero no me imagino en otros lugares, como en Estados Unidos, que las instituciones se preocupen por alojar a las y los afectados en hoteles u ofrecerles una nueva vivienda. Es por ello que hay que lamentar y denunciar decisiones contra nuestra seguridad como la que tomó su actual presidente, Carlos Mazón, al suprimir la Unidad Valenciana de Emergencias (la consideró como un chiringuito de los gobiernos progresistas que le precedieron).
El actual Gobierno de Pedro Sánchez (ayer fue su 13 cumpleaños, o lo que es lo mismo, 52 años para quienes no hemos nacido un 29 de febrero) ha cumplido ya sus primeros 100 días de recorrido y si ya no era poco problema la amnistía (queda una semana de plazo para desatascar este asunto, que ayer tuvo una nueva novedad con la apertura por parte del Tribunal Supremo de una causa penal a Carles Puigdemont por terrorismo en el «caso Tsunami»), las protestas de los agricultores y el mal resultado en las elecciones gallegas, ahora el llamado «caso Koldo» es el nuevo fuego a apagar. Una de las decisiones drásticas que tomó el lunes la Comisión Ejecutiva del PSOE fue la de pedirle a José Luis Ábalos su acta de diputado porque un ex asesor suyo (Koldo García) está siendo investigado por un supuesto cobro de comisiones ilegales en la compra de de mascarillas por parte de Adif y de Puertos del Estado de mascarillas en abril de 2020. El político valenciano no ha accedido a tal requerimiento y es ahora miembro del Grupo Mixto (conformado también por Podemos, BNG, Coalición Canaria y UPN). En sus entrevistas a diferentes medios de comunicación y en su propia comparecencia en la sala de prensa del Congreso (sin preguntas) ha argumentado que su dimisión no pondría fin a la persecución política y mediática de la derecha contra él, contra Pedro Sánchez y contra el conjunto del PSOE. Ábalos podía haberse apoyado en un buen precedente. En su momento, irregularidades financieras de dos ex colaboradores provocaron la dimisión de Josep Borrell como candidato socialista a la presidencia del Gobierno (después de haber ganado unas primarias) sin que tampoco estuviera él acusado directamente por la justicia de ninguna corruptela (hoy ostenta el cargo de alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores). Este tipo de comportamiento es el que creo que debería imperar en la clase política (aunque del PP no espero nada) por muy sacrificado e injusto que pueda resultar a nivel personal. Todavía está a tiempo Ábalos de rectificar y de dejar su acta, porque no le veo ningún beneficio a su reputación (por mucho que diga que así mantiene una tribuna donde defenderse) ni a su trayectoria política (entre otros cargos, fue secretario de Organización) continuar de diputado como no adscrito.