Hubo tensión hasta el último momento, pero al final Pedro Sánchez se decidió por continuar al mando del ejecutivo nacional. Me alegro enormemente de la decisión tomada, pero no obstante es verdad que hay dos aspectos que no me han gustado nada. El primero es que, tras su respetable parón de cinco días, la comparecencia que realizó en La Moncloa fue sin periodistas (y, por tanto, sin preguntas. Aunque él ha argumentado que paulatinamente dará entrevistas, tal y como ya ha hecho ya en RTVE y en la Cadena SER, me recuerda a la época del plasma a la que recurría M. Rajoy, y por tanto no puedo más que mostrar mi desacuerdo) y el segundo es que no ha concretado ni adelantado nada sobre en qué se basa ese «punto y aparte» hacia la regeneración democrática.
Hoy que es 3 de mayo (además del Día de Les Lletres Asturianes también es el Día Mundial de la Libertad de Prensa) quiero decir que comprendo y comparto plenamente con él que no se puede confundir libertad de expresión con libertad de difamación, pero lo que me desconcierta es qué pretende hacer para poner fin a esta situación, porque en estos momentos sería como poner puertas al campo. Hace unos días asistí en la Universidad de Oviedo/Uviéu a una conferencia de la periodista Ana Pardo de Vera y del Catedrático de Derecho Constitucional Francisco Bastida en la que recordaron que desde el 13 de marzo está en vigor la nueva ley europea sobre la libertad de los medios de comunicación, la cual exige tanto transparencia total sobre quiénes son los propietarios de las empresas periodísticas como qué dinero reciben de las diferentes administraciones públicas (a cargo de la publicidad institucional). Aunque me parece un paso importante de cara a que la ciudadanía tenga esos datos (que les puede ayudar a decidir si confían o no en las personas que forman parte de esos medios y a comprender la línea editorial en las noticias que se publican), es cierto que será imposible evitar futuros ejemplos como que una entidad bancaria compre las portadas de las siete principales cabeceras de nuestro país (tal y como ocurrió el 28 de enero de 2015, que obviamente no lo hacen como principal motivación para captar nuevos clientes, sino en apaciguar informaciones que pudieran ser polémicas o dañinas para la imagen corporativa). Tampoco veo la manera de regular la financiación de medios digitales muy cercanos a la derecha y a la ultraderecha (que carecen de credibilidad pero que resultan útiles para la propagación de bulos, como que ‘Begoña Gómez está envuelta en casos de corrupción’ sin haber una sola prueba de ello o amenazas a Pedro Sánchez del tipo ‘que se prepare porque su fin va a ser más trágico’).
Ya queda muy poco para alcanzar los 2.000 días con el mandato caducado por parte de Consejo General del Poder Judicial. Es un escándalo, pero yo no veo manera de solucionarlo a menos que el PP se baje de la burra, acepte los resultados electorales que se han ido sucediendo desde hace cinco años en España y proceda a facilitar y consensuar la renovación del órgano de gobierno de juezas y jueces. También veo una quimera en este momento que se pueda luchar contra la desinformación sin que se vea condicionada la libertad de expresión (hay quien propone publicar listados de personas, sean periodistas o no, condenados por mentir, pero no sé hasta qué punto puede vulnerar la intimidad de esa gente aun pudiendo haber emitido manipulaciones dantescas y/o delinquir y atentar contra el honor de alguien).
Hace una semana se cumplió el 50 aniversario de la Revolución de los Claveles. En varios reportajes que pude ver sobre la efeméride coincidían en un diagnóstico: en Portugal sí que hubo una verdadera democratización (sobre todo de las instituciones, donde quienes habían trabajado para António de Oliveira Salazar) y un paso a una república, mientras que en España quienes dirigieron la transición fueron las personas que vivían y simpatizaban con el régimen franquista. Esta cuestión explica muchas cosas que ocurren hoy en el campo funcionarial, y concretamente en el ámbito judicial. ¿La regeneración democrática en España pasa por emular a nuestro país vecino? El auge de la ultraderecha en el planeta creo que la debemos situar como una cuestión cíclica. El efecto contagio internacional de dirigentes como Trump y Bolsonaro afecta hasta a Portugal (que no ha excluido a la ultraderecha de estar en las instituciones tras las últimas elecciones) o a Italia, que pese a vivir otro 25 de abril (pero de 1945) que puso fin al horror fascista de Benito Mussolini, no ha servido para evitar el regreso a esos tiempos negros con una nueva heredera, tal y como es su primera ministra, Giorgia Meloni. De Pedro Sánchez solo espero que la regeneración democrática no se quede en un calentón por el inaceptable acoso que sufre su mujer ni que tampoco se quede en una reflexión a la sociedad española a través de una carta. Del dicho al hecho hay gran trecho, así que hay que ser valiente y actuar en consecuencia si queremos salvaguardar la libertad y la democracia.