Con rara unanimidad, los periódicos de Madrid y de Barcelona destacaban en sus portadas del lunes dos aspectos del resultado de las elecciones catalanas: la victoria del PSC liderado por Salvador Illa y la derrota del independentismo, que incluso algunos identificaban como el fin del «procés». Efectivamente, el PSC fue indiscutible vencedor de las elecciones, aunque la suya sea una victoria de las que predominan en esta época, que lo consagra como primera minoría en el parlamento catalán, pero no le garantiza el gobierno. Por otro lado, es la primera vez desde 1984 que la cámara catalana no tiene una mayoría de diputados nacionalista y, desde 2012, que esa mayoría no es claramente independentista. Ese sí es un cambio radical en el que, sin duda, han influido el cansancio de las tensiones del «procés» y el desengaño con el comportamiento y la gestión de los partidos independentistas, pero también la política de diálogo y reconciliación promovida por Pedro Sánchez.
El PSC había sido la fuerza más votada otras veces y también había obtenido más diputados (52, en 1999, aunque en esa ocasión venció en votos, pero no en escaños, CIU consiguió 56), pero 42 supone su segundo mejor resultado desde el retorno de la democracia. Cuando gobernó con el tripartito, CIU era el partido con mayor representación en el parlamento. Illa era un buen candidato, probablemente sea uno de los mayores activos del PSOE, un político capaz de razonar y que evita el insulto y la descalificación de los contrarios, pero no cabe duda de que el voto al PSC supone también un respaldo a la amnistía.
Ahora bien, el PSC solo obtuvo el 28% de los votos y necesita el apoyo de otros partidos para poder formar gobierno, no va a ser una tarea fácil. Si la fragmentación del voto caracteriza la política española desde 2015, Cataluña lleva esa tendencia al extremo. En el parlamento catalán están representados ocho partidos, pero lo que complica más la situación es que existe entre ellos una doble división, a la que separa a las izquierdas de las derechas se suma el enfrentamiento entre nacionalistas catalanes y nacionalistas españoles, que dificulta más las posibilidades de acuerdo. Las izquierdas, incluyendo a la CUP, suman 72 diputados, por 63 de las derechas, pero los nacionalistas catalanes 61 y los nacionalistas españoles 26. Solo el PSC y Comuns, 48 diputados entre ambos, son fuerzas de izquierdas catalanistas, pero no nacionalistas.
El acuerdo más natural, un tripartito de izquierdas que incluyese a ERC, se ve muy dificultado por la fuerte derrota de los republicanos, que, además, tienen un electorado muy dividido entre sus dos almas, la de izquierdas y la independentista. Es un partido que compite tanto con PSC y Comuns como con Junts y la CUP, por ambos lados puede ganar o perder votos. Puede discutirse si el castigo que ha sufrido, la pérdida de 13 escaños, se debe más su acercamiento al PSC y el PSOE o a la gestión realizada desde el gobierno, pero lo cierto es que su prioridad es recomponerse. Probablemente tenga razón Enric Juliana al sostener que el tripartito es imposible, quizá la única posibilidad de un gobierno de izquierdas sería que ERC facilitase la investidura y quedase fuera, pero no es suficiente con su abstención, tendría que votar a favor de Salvador Illa, lo que pone las cosas más difíciles.
Un pacto entre PSC y Junts parece inverosímil incluso en este país tan acostumbrado a las sorpresas. Puigdemont ha propuesto un gobierno soberanista de Junts, ERC y la CUP, con 59 diputados, que necesitaría la abstención del PSC. A cambio, garantizaría la estabilidad del gobierno central. Es un pacto que hubiese sido aceptado con poca resistencia, tanto por el PP como por el PSOE, antes de 2012, de hecho, se produjeron circunstancias similares con CIU, pero que hoy resultaría un suicidio político para el PSC y para el PSOE y que solo serviría para dar una imagen de falsa victoria al independentismo derrotado.
Hay plazo hasta agosto para intentar formar gobierno en Cataluña, por lo que el desenlace no se conocerá hasta después de celebradas las elecciones europeas. De lo que pase en ellas y con el gobierno catalán puede depender que tras el verano haya elecciones en esa comunidad y también en el conjunto de España. Si, como ahora parece posible, el PSOE sale reforzado, podría interesarle a Pedro Sánchez un adelanto de las elecciones generales para obtener una mayoría más cómoda en el Congreso y mejor posición en el Senado, sin esperar a que Junts pueda forzar la disolución de las cámaras.
El PP, con una fea campaña en la que no ha rehuido la xenofobia, se ha aprovechado de la desaparición de Ciudadanos y ha logrado superar a Vox. Es una pequeña victoria dentro de su ámbito, que, como el resultado del País Vasco, le permite a Núñez Feijoo salvar la cara, pero carece de relevancia con relación a la formación de gobierno. Sus 15 escaños no servirían para facilitar que Illa fuese investido ni aunque sumase su abstención a la de ERC y, si votase a favor, provocaría la defección de Comuns y el voto en contra de Esquerra. Es irrelevante que Alejandro Fernández diga que no se dejarán utilizar, sus 15 diputados no resultan útiles para nadie.
Es preocupante que la extrema derecha de Vox se haya mantenido, el esfuerzo de Núñez Feijoo por competir en su terreno resultó infructuoso; también inquieta que se le haya sumado otra fuerza similar del nacionalismo opuesto. Se dice que es el signo de los tiempos, pero resulta un mal consuelo.
Probablemente los Comuns han pagado su decisión de forzar el adelanto electoral al no apoyar los presupuestos, pero les han hecho un notable favor a Pedro Sánchez y al PSOE. Que a las elecciones gallegas les sucediesen las vascas y las catalanas ha servido para hacer olvidar el mal trago de las primeras y, como ya se ha indicado, para que el presidente del gobierno obtuviese un respaldo popular a la amnistía. Ahora, el PSOE puede abordar con cierto optimismo las elecciones europeas.
Lo cercano se impone y el previsible efecto balsámico de la controvertida ley de amnistía hará olvidar la poco edificante forma en que Pedro Sánchez la propuso. Discrepan los analistas sobre las consecuencias del curioso retiro presidencial, pero da la impresión de que van a ser neutras o ligeramente positivas para el PSOE. Parece que ha logrado movilizar a sus simpatizantes, aunque no todos en el partido lo considerasen acertado, y crear un estado de opinión contra los excesos de webs y medios de comunicación, aunque no haya servido para que las cosas cambiasen. En cualquier caso, no creo que influya mucho en la próxima campaña electoral.
En cambio, el PP ha lanzado sus ofensivas sin armamento suficiente y parecen destinadas a convertirse en fuegos de artificio. No ha avanzado, que se sepa, la investigación judicial del llamado caso Koldo, que no ha implicado realmente a nadie del PSOE, salvo, lateralmente, al señor Ábalos, que hace tiempo que estaba fuera de juego. Las comisiones de investigación, creadas de forma prematura y sin base suficiente, carecen de interés y el PP y Vox no son capaces de aportar en ellas algo más que adjetivos, de los que la opinión pública está bastante harta. Salvo sorpresas, ni la supuesta corrupción ni la ley de amnistía darán mucho juego antes del 9 de junio. La manifestación convocada por el PP en Madrid para dentro de unos días solo servirá para satisfacer a los ya convencidos y, probablemente, para animar a los votantes de izquierdas a acudir a las urnas.
La actualidad política se mueve tan deprisa que es difícil hacer pronósticos incluso a corto plazo. Es posible que ese dinamismo acabe provocando vértigo y desconcierto en la ciudadanía, abrumada por campañas electorales continuas y escándalos que estallan y desaparecen como burbujas, pero es importante que cale la importancia de las elecciones europeas. En ellas nos jugamos mucho y la amenaza de la extrema derecha, cada vez más osada y agresiva en todo el continente, no tiene nada de imaginario.