Al principio no estaba del todo claro si la represalia anunciada por el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, consistente en impedir la actividad del Consulado de España en Jerusalén, venía provocada por el inminente reconocimiento del estado palestino o por las palabras de la vicepresidenta Díaz, que dijo que Palestina «será libre desde el río hasta el mar». Pero pronto se hizo evidente que era esto último lo que había irritado en Tel Aviv. Esa expresión, «desde el río [Jordán] hasta el mar [Mediterráneo]», no es, como aseguran algunos, un eslogan de Hamás, o al menos no en exclusiva, pero sería insincero negar que el que lo profiere aboga por la desaparición de Israel (igual que hay radicales israelíes que también lo usan en sentido opuesto). Da la impresión de que Yolanda Díaz, que asegura estar a favor de la «solución de los dos Estados», empleó la consigna para diferenciarse del Partido Socialista sin ser consciente del todo de su significado. El hecho es que la frase es muy polémica en el entorno de la UE y el ministro de Exteriores israelí ha visto ahí la oportunidad de hacer sangre empañando con la acusación de antisemitismo el proyecto de reconocimiento de Palestina.
Cuando Suecia tomó esa misma decisión en el 2014, Israel retiró a su embajador y anunció un boicot comercial selectivo. Ambas medidas decayeron con el tiempo y en el 2022 se restableció la normalidad. La represalia anunciada contra España, sin embargo, es mucho más dura. A pesar de su nombre, el Consulado General de Jerusalén es en realidad una embajada ante la Autoridad Nacional Palestina, a través de la cual se canalizan las relaciones diplomáticas y la ayuda a la cooperación; porque hay que decir que España, como casi todos los países, ya reconoce en la práctica un Estado palestino con el que mantiene relaciones al máximo nivel. Si Israel bloquea ahora la relación entre el Consulado y la ANP se dará la paradoja de que al mismo tiempo que España reconoce oficialmente el Estado palestino pierde su contacto directo con él. En teoría, Israel no debería poder hacer esto, puesto que el Consulado español no está en su territorio. En derecho internacional, Jerusalén es una ciudad cuyo estatus está por determinar (es más, el Consulado español es anterior a la existencia de Israel). Pero el hecho es que Israel ejerce sobre Jerusalén un poder de facto ante el que España poco puede hacer en principio.
Y decimos «en principio» porque parece poco probable que Israel pueda mantener este castigo por mucho tiempo. Otros países que tienen privilegios históricos en Jerusalén (Francia, Bélgica) verán con preocupación esta medida abusiva, la actividad diplomática está regulada por tratados que no se pueden ignorar sin más, y a Israel tampoco le interesa poner el foco en el espinoso asunto de la soberanía de la ciudad. De modo que cabe esperar que antes o después se encontrará una fórmula para salvar la cara de ambas partes y volver a la situación previa al conflicto diplomático.