Nariman Tamimi es una mujer palestina que vive en el territorio de Cisjordania y que, junto a su esposo Bassem, han desarrollado, a lo largo de su vida, diversas iniciativas para denunciar la ocupación israelí. En su movilización ha desafiado reiteradamente las prohibiciones y restricciones establecidas por Israel en este territorio, sin rehuir las duras consecuencias que ello le ha reportado. Ha sido sometida a arrestos y distintos procesos judiciales y acusaciones, por cargos como estar en una «zona militar cerrada», «manifestaciones ilegales» o «incitación al terrorismo» (por grabar un altercado con las fuerzas de seguridad israelíes). Amnistía Internacional ha señalado que las autoridades israelíes someten a acoso y a hostigamiento judicial a Nariman Tamimi en razón, principalmente, de su activismo por medios legítimos contra la ocupación. La situación de Bassem y Nariman fue también conocida a raíz de la detención de su hija Ahed Tamimi (de 16 años en el momento de su arresto) en 2017, caso que se hizo globalmente popular.
Lina Khattab, estudiante de periodismo, fue arrestada el 13 de diciembre de 2014 cerca de Ramallah. Fue acusada de participar en una manifestación ilegal y de lanzar piedras a los soldados israelíes, acusación que ella rechazó. A pesar de que la sesión de interrogatorio fue grabada, Lina fue obligada a firmar un papel en hebreo, un idioma que no sabía leer. Diez días después de su arresto, Lina fue acusada formalmente y, con posterioridad, condenada por un tribunal israelí a seis meses de prisión y multada con 6000 shekels (unos 1.500 euros) por cargos de «lanzar piedras» y «participar en una manifestación ilegal». Su caso adquirió notoriedad por la manifiesta carencia de garantías procesales para los palestinos en los procesos conducidos por las autoridades israelíes, y por ser utilizada como forma de advertir a la juventud palestina en Cisjordania de las consecuencias gravosas (incluida la prisión) por ejercer el derecho de manifestación.
Diala Ayesh, una defensora de los derechos humanos palestina y asesora jurídica, fue arrestada por las fuerzas militares israelíes el 17 de enero de 2024. Su trabajo se centra en analizar las condiciones de encarcelamiento de los prisioneros políticos. Ayesh ha enfrentado arrestos, amenazas y acoso tanto por parte de las fuerzas de ocupación israelíes como de la Autoridad Palestina en Cisjordania. El 25 de enero de 2024, se emitió una orden de detención administrativa de cuatro meses por el Comando Central militar israelí para la Cisjordania ocupada, sin ningún cargo o juicio. El 23 de mayo de 2024, el Tribunal Militar de Ofer celebró una audiencia de revisión judicial para confirmar una nueva orden de detención administrativa de cuatro meses contra Ayesh. Durante su detención, ha enfrentado confinamiento en solitario, además de otras formas de maltrato y violaciones de derechos, incluyendo restricciones para hablar con su familia. Su caso es objeto de denuncia por la International Bar Association, que agrupa a abogados de todo el mundo y que protege a los profesionales del Derecho atacados por el ejercicio de su trabajo.
Casos como estos son, entre otros muchos, los que ocupan el trabajo de Addameer (cuyo nombre significa «Conciencia»), una organización palestina de Derechos Humanos que ha prestado asesoramiento jurídico y seguimiento de los casos de Nariman, Lina y Diala. Addameer, con sede central en Ramala, trabaja en red junto con distintas entidades internacionales como Front Line Defenders, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Organización Mundial Contra la Tortura o la Federación Internacional de Derechos Humanos. Probablemente, de todas las entidades de la sociedad civil que trabajan sobre el terreno, Addameer sea la que tenga más capacidad de actuación, más robustez jurídica y un equipo más sólido. Su Directora, Sahar Francis, ha sido galardonada con el VII Premio de Igualdad «Alicia Salcedo» del Colegio de Abogados de Oviedo. El jurado le ha concedido este año el premio precisamente por la capacidad de Sahar Francis de considerar, en el marco de su actuación, la particular situación de la mujer palestina. En efecto, Addameer pone particularmente su atención en las condiciones que afrontan las mujeres palestinas que padecen detención o encarcelamiento, en un contexto tan complicado como el que se vive en Cisjordania, donde la violencia de la ocupación se ha recrudecido a la par que se desataba este nuevo y cruento episodio del conflicto en la franja de Gaza. Addameer está siguiendo en la actualidad la situación de 74 mujeres palestinas presas.
Ejercer el derecho de defensa en el contexto más difícil es una actividad incómoda y de alto riesgo, como bien sabe Sahar Francis. En un escenario de guerra en Gaza y de ocupación de buena parte territorio de Cisjordania, de sometimiento de la población palestina a un régimen de discriminación, desposesión y sojuzgamiento calificado por distintas organizaciones no gubernamentales (incluida la israelí B’Tselem) como apartheid, no es un papel precisamente fácil. Addameer, así como otras organizaciones (también en la propia Israel, cada vez más hostil a todo lo que considere disidencia civil), recibe igualmente el hostigamiento del Estado de Israel, que desea impedir que esta entidad realice su función de protección de los derechos de los presos y detenidos, en las condiciones más difíciles. El reconocimiento a Sahar lo es, por lo tanto, también al derecho a la defensa jurídica, en todas las circunstancias, y singularmente el de la defensa de las mujeres palestinas, en cuyo favor trabaja.