Esta semana se ha puesto fin a la anomalía institucional que suponía tener un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) carente de presidencia. A nadie puede sorprender las dificultades de sus vocales para alcanzar un consenso, no solo porque en estos polarizados tiempos parece más complejo unir que dividir, sino porque la forma de designación de aquellos obedecía al reparto de cromos de los dos partidos políticos preponderantes de nuestro país.
A pesar del pecado original del nuevo Consejo, los vocales dejaron a un lado sus postulados propios e hicieron loable uso de los principios constitucionales más elevados, alumbrando así el nombramiento de una presidenta. Una mujer entre pares cuyo mérito, capacidad y excelencia la habilitaban sobradamente para ello. Por primera vez una mujer presidirá el CGPJ y el Tribunal Supremo. Su nombramiento rompe un techo de cristal histórico en la judicatura, integrada en su mayoría por mujeres.
Resulta difícil adivinar cómo será el mandato de la nueva presidenta María Isabel Perelló Domenech. El reto que tiene por delante es mayúsculo. Presidirá un poder judicial sumido en un exógeno y progresivo proceso de deslegitimación, con una carrera judicial desencantada, con cargas de trabajo inasumibles para poder desarrollar una justicia de calidad, con escasos medios, y que tendrá que enfrentarse a las numerosas jubilaciones que amenazan con quebrar la tutela judicial efectiva en nuestro país.
El más de centenar de nombramientos de la cúpula judicial que tiene por delante este CGPJ será una piedra de toque decisiva. Los riesgos son evidentes: por un lado, puede repetirse el bloqueo que tanto daña la imagen de la Justicia; y por otro, resulta plausible que bajo el aparente consenso se esconda un reparto de cromos entre los dos bloques creados por el pacto PSOE-PP.
El mérito y la capacidad están reñidos con el saldo de favores. Es vital que este proceso se haga con verdadera transparencia, con una decidida objetivación de méritos y que responda a auténticos criterios de excelencia, colmando así la ineludible exigencia de que alcancen los altos puestos de la magistratura española aquellos miembros de la carrera judicial que realmente sean nuestros mejores, vengan de donde vengan, pertenezcan a una u otra asociación judicial, estén asociados o no.
Además, la primera encomienda que debe afrontar el Consejo pasa por presentar al Parlamento una propuesta de modelo de designación de vocales judiciales que cumpla con los estándares europeos. Solo España y Polonia tienen un CGPJ en el que la carrera judicial no elige de forma directa a los vocales judiciales.
Sin embargo, no albergo ninguna esperanza en que este Consejo pueda alcanzar las mayorías necesarias para presentar una propuesta que permita a la carrera judicial elegir a sus doce vocales judiciales, ni que esta propuesta, de realizarse, sea aceptada por el Parlamento español.
Como decía Antonio Machado, «caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino, y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar».