El electorado norteamericano ha decidido otorgar su confianza a Donald Trump sin necesidad de obviar su autoritarismo y su acreditado desprecio por el sistema constitucional. En buena medida, lo han elegido precisamente por eso, pues la comprensión y respeto al sistema de controles y contrapesos ya no parece formar parte del acervo cultural del votante medio: lo consideran una floritura prescindible. Lo que desean es un hombre fuerte que no se detenga en procedimientos, escrúpulos ni límites, y parece que lo van a tener. Trump contará probablemente (el recuento sigue en la Cámara de Representantes pero es favorable a sus partidarios) con el respaldo de las dos Cámaras del Congreso. Además se las ha arreglado paulatinamente para que los republicanos electos tengan que someterse a sus dictados para evitar la desafección de unas bases radicalizadas, menoscabando esa autonomía de los legisladores que históricamente le ha dado singular riqueza a la vida parlamentaria norteamericana. Trump también ha conseguido que un Tribunal Supremo de composición complaciente con su figura otorgue, en su Sentencia de 1 de julio de 2024 (asunto Trump v. United States), una amplísima presunción de inmunidad a las actuaciones oficiales del Presidente, lo que equivale a dificultar, cuando no a impedir, el enjuiciamiento de sus actos. Trump siempre lo ha defendido abiertamente y ahora podrá desplegar sus poderes más allá de los límites legales, también los de la ley penal. Igualmente, ha propugnado que las órdenes ejecutivas (un instrumento del poder presidencial en la arquitectura constitucional norteamericana) no puedan ser sometidas a revisión judicial. Y sostiene que todas las actuaciones del Presidente están cubiertas por un «privilegio ejecutivo», es decir, que todo su proceder sin excepción es impenetrable a las demandas de transparencia y ajeno a las obligaciones de información y dación de cuentas. Las posibilidades de que estos planteamientos prevalezcan y se lleven a la práctica son ahora altísimas.
La democracia iliberal, que socava la división de poderes y sitúa a un Presidente como intérprete único de la voz del pueblo por encima de la ley, es ya el sistema más extendido en los países que todavía se dicen democráticos. Se trata de deformar el sistema reduciéndolo a la elección de un Presidente plenipotenciario, dispuesto a acumular poder, incurrir en perpetuo conflicto de intereses y hostigar al adversario, y en esta ocasión concurren todas las condiciones objetivas para que lo haga. Estamos en ciernes de una desfiguración completa de la democracia norteamericana, hasta el punto de poner en riesgo que se pueda llamar así. Y Trump lo podrá hacer a lomos del respaldo popular, ciertamente, pues la voluntad popular no es siempre la de configurar un régimen democrático. Porque democracia no es sólo la prevalencia de la decisión mayoritaria, sino también el imperio de la ley y no la supremacía absoluta de la decisión presidencial, la división de poderes, la facultad de revisión judicial independiente de los actos del poder público, el respeto a los derechos fundamentales que deben ser centrales en el orden constitucional y la limitación por definición del poder ejecutivo. La invocación de la fuerza del pueblo (y en Estados Unidos, además, un pueblo armado) y de la soberanía nacional para instaurar un poder con resortes suficientes para pulverizar cualquier control, convierte la democracia en un cascarón vacío.
No es sólo un debate teórico y sus efectos son múltiples. De los límites al poder ejecutivo dependerá la vida de muchas personas, empezando por el hecho de que Trump ha amenazado en campaña abiertamente con utilizar medios policiales y militares contra quienes se opongan a sus políticas, y lo hará si le dejan. El primer presidente convicto por 34 cargos de falsificación de registros comerciales (por el caso Stormy Daniels, que da la muestra de la talla moral del personaje), y que probablemente se sacudirá con prontitud las numerosas investigaciones en curso, ha dicho que no tendrá rubor en el uso de la fuerza y la persecución penal contra la disidencia, porque considera criminal oponerse a sus designios. Sus partidarios aplaudirán si, como ha prometido, encarcela a rivales, no en vano estuvieron dispuestos a reventar el funcionamiento de las instituciones con el asalto al Capitolio bajo la instigación de Trump, algo que, además, le saldrá completamente gratis.
Que el poder ilimitado que quiere ejercer Trump afectará, y mucho, a garantías elementales, lo verán en su carne los segmentos más débiles de la sociedad. Para empezar, los partidarios de Trump que portaban en sus mítines pancartas pidiendo deportaciones masivas pueden verse recompensados (aunque igual se quedan sin servicio doméstico o sin trabajadores en su rancho). En efecto este es el primer presidente que concurre diciendo abiertamente que organizará redadas masivas, centros de detención de gran escala (es decir, campos de concentración) y expulsiones colectivas, algo que difícilmente encaja con un sistema donde cada procedimiento se aborde individualmente y con acceso de los interesados a la posibilidad de recurrir cada caso, lo que a Trump no le importará en absoluto. La medida es inviable a menos que algún país decida (o se vea forzado por la intimidación trumpiana) a aceptar a los expulsados en masa, aunque si lo hacen, no será en el número millonario anunciado. No obstante, representa un nuevo horizonte de arbitrariedad y violencia, al convertir al migrante por definición en delincuente, bestia que se come perros y gatos y envenena la sangre del pueblo (todo esto lo ha dicho Trump). La argumentación es de la misma especie que la del untermensch hitleriano, el subhumano al que, una vez despojado de tal consideración se le puede hacer de todo, bajo la idea de que es necesario hacerlo en defensa propia. Recordemos que las violaciones masivas de derechos humanos siempre se cometen bajo la retórica de que la nación corre un riesgo existencial ante el que es perentorio actuar con contundencia frente al elemento amenazante o contaminante, que naturalmente o es extranjero y se le considera de peor condición y cultura, o es una presencia interna nociva, o se trata de malos patriotas.
Por otra parte, la confusión entre el Estado y los intereses personales del imperio Trump, en unión temporal de empresas con el de Musk (muy relevante en su victoria), va a influir decisivamente sobre todas las agencias que estarían llamadas a controlar su actividad. Ya sucedió en el primer mandato y de ello, sin duda, se quiere beneficiar también Musk. Pero los aspectos a los que se extiende no son sólo ya las áreas de negocio de Trump, más tradicionales. Ahora alcanzará a todos los desarrollos de inteligencia artificial que promueve su aliado, incluyendo la inquietante interfaz con el cerebro humano (Neuralink) o su distópico robot humanoide Optimus, del que Musk asegura que fabricará ampliamente unidades para trabajar para Tesla y comercializar a corto plazo.
Todo ello por no mencionar las posiciones de Trump frente a la Unión Europea, su afinidad con los gobiernos dictatoriales más tenebrosos, la carta blanca que dará a Israel para que continúe su devastadora acción militar, su deseo de hacer saltar por los aires el comercio internacional imprescindible para la prosperidad global y su intención de dar rienda suelta a todas las actividades causantes del cambio climático y la degradación medioambiental.
Con estos mimbres y sin ningún contrapoder robusto, con un ambiente explosivo y favorable a respaldar gobiernos tiránicos, con una ciudadanía que desprecia el periodismo de calidad y se informa a través de agitadores que adulan a Trump, con un desprecio con el conocimiento y el aprendizaje, y con una desconfianza sin precedente en la propia capacidad humana para vivir en paz (pues la convivencia a muchos ya les importa un rábano), ¿qué puede salir mal?