A Donald Trump no le habrá cogido por sorpresa que un juez federal haya paralizado su decreto anulando la ciudadanía automática para los hijos de los simpapeles nacidos en territorio norteamericano. En su día, el propio Trump reconocía que este cambio no podía hacerse mediante decreto, sino que requiere una reforma constitucional. Pero esto necesitaría de una mayoría de dos tercios en ambas cámaras, lo que resulta inalcanzable para Trump, que ni siquiera está seguro de poder contar con todos los representantes republicanos para una reforma tan radical. De modo que el presidente ha optado por este otro camino del litigio. Este auto de un juez federal va a ser solo la primera de muchas resoluciones judiciales, unas coincidentes y otras discrepantes, por lo que el asunto acabará en el Tribunal Supremo. Este presenta ahora mismo una mayoría conservadora, lo que podría dar alguna esperanza a Trump, pero la cosa es un poco más complicada, paradójicamente, a causa de esa tendencia conservadora. En el mundo del constitucionalismo norteamericano, un «juez conservador» no es exactamente alguien de ideas conservadoras, sino un «literalista», es decir, un partidario de interpretar la Constitución por lo que dice, sin adaptarla a las tendencias sociales y políticas de cada momento, que es lo que preconizan, en cambio, los «jueces liberales». Es obvio que el literalismo suele favorecer las tesis conservadoras, pero no en este caso. La 14ª. Enmienda, en la que se basa el derecho a la ciudadanía por nacimiento, es bastante clara. No es imposible entenderla como lo hace Trump, pero eso requiere, precisamente, reinterpretarla renunciando al literalismo. El debate que se avecina en el Tribunal Supremo será una gran oportunidad para poner a prueba la coherencia de las distintas escuelas de pensamiento en el constitucionalismo norteamericano.
Este intento de poner fin al derecho a la ciudadanía automático por nacimiento es, probablemente, la iniciativa más atrevida de todas las anunciadas hasta ahora por Donald Trump. Con el resto de los decretos, el presidente camina sobre terreno más seguro. Las deportaciones están en la ley, por mucho que se hubiese asentado la práctica de hacer cada vez más excepciones; y la mayoría de estas excepciones emanaban no de leyes sino decretos que Trump ha liquidado sin dificultad por medio de otros decretos. Los jueces podrán frenar algunas deportaciones, pero solo en casos concretos y, en general, solo temporalmente. Así mismo se pondrá a prueba la solidez de los «santuarios» demócratas. Estos son ciudades y estados que en su día se comprometieron a no facilitar deportaciones de inmigrantes ilegales desde su territorio. Aunque la legalidad de estos «santuarios» es muy cuestionada, podrían ser un obstáculo para los planes de la Casa Blanca. Pero lo cierto es que la opinión pública ha girado de tal modo en este asunto que la política de «santuarios» podría acarrear un coste político que, al final, los gobiernos locales y estatales demócratas no estén dispuestos a asumir.