El combate sin cuartel del presidente norteamericano para vaciar de contenido las instituciones y procedimientos democráticos tiene su correlato en la destrucción de cualquier entidad de la sociedad civil que pueda estorbarle en su camino, incluyendo centros académicos y científicos. Con la fuerza del aparato federal y la apisonadora sofocante de sus exaltados seguidores, puede llegar a conseguirlo. Para qué contar con voces que, desde el ejercicio de la actividad docente e investigadora, puedan en algún momento infundir dudas en el pueblo norteamericano sobre los designios del líder, se preguntarán. Ahora toca ajustar cuentas con las universidades que se nieguen a plegarse, caricaturizándolas como entidades corrompidas, ajenas a las inquietudes y a la voluntad del pueblo, entregadas al globalismo y a la subcultura woke. La campaña de desprestigio viene de lejos y, por cierto, en España algunos la intentan replicar contra las universidades públicas.
En el caso de la Universidad de Harvard, han ido todavía más allá. Primero, privándole de golpe de toda financiación pública; y, luego, poniendo negro sobre blanco, en la orden de la Secretaria de Seguridad Interior, de estética paramilitar y retórica igualmente violenta (vean sus pronunciamientos en la web del Departamento, www.dhs.gov) que dicha institución «colabora con el Partido Comunista de China, impulsa la violencia, el antisemitismo y alimenta la conducta terrorista», textualmente. Razón suficiente, aunque suene hilarante de tan extrema, para, en la exaltación xenófoba que es la principal marca de la casa del trumpismo, impedir que en el curso próximo cualquier estudiante extranjero se matricule o prosiga allí sus estudios. La inquietud inmediata que infunde y el ambiente asfixiante que genera son insoportables. La orden ha sido suspendida por la juez federal Allison D. Burroughs, aunque no estamos más que en los capítulos iniciales de este drama.
La acusación de antisemitismo, un trampantojo que, de tanto abuso, ha quedado privado de significado, lo justifica todo. Si permite desechar cualquier crítica por la colaboración norteamericana con el genocidio sobre el pueblo palestino, cómo no va a justificar también el intento de aplastar a una institución de tanto prestigio como la Universidad de Harvard, por el hecho de que ésta se haya negado a colaborar en la persecución contumaz contra sus alumnos y profesores. Trump ya lo tuvo claro desde el inicio, como puso igualmente por escrito en las páginas infames de sus Órdenes Ejecutivas, en este caso en la número 14188, de 29 de enero de 2025. En ésta, lanzaba una cruzada contra el ejercicio del derecho a la protesta y a la libertad de expresión en las universidades, sobre la mendaz acusación del antisemitismo. Lo hizo junto a su mensaje (4 de marzo) en Truth Social, que es la verdadera fuente del Derecho para los oficiales gubernamentales en la autocracia norteamericana. Allí sentenciaba que «los agitadores serán encarcelados o devueltos permanentemente al país del que proceden. Los estudiantes estadounidenses serán expulsados permanentemente o, dependiendo del delito, detenidos». La traza autoritaria del mensaje es inequívoca y también lo es la verdadera pretensión del Trump: conseguir el silencio y el sometimiento, también el de las universidades y el de los estudiantes, que en otras etapas del pasado han ejercido de contrapoder en Estados Unidos.
Si Trump menoscaba a sus universidades, como ya está haciendo con los centros de investigación a los que ha retirado masivamente fondos, acelerará el declive de su país, al que sus políticas suicidas inevitablemente conducen. Harvard ha dado 162 Premios Nobel, y la capacidad puntera de los centros de investigación norteamericanos era hasta ahora difícilmente cuestionable. Pero, en esta nueva era de tinieblas, se ganan el desprecio y voluntad destructora del presidente, en el caso de Harvard; o, en lo que toca a los centros de investigación, padecen la retirada del 51% de los fondos de la Fundación Nacional de Ciencias (que canaliza este apoyo financiero público) respecto a la media anual de los últimos 10 años (según publica The New York Times, el 22 de mayo).
Pero, no es sólo cuestión de reducción presupuestaria o de vocación autoritaria contra cualquier institución independiente de la sociedad civil que se resista a participar en el frenesí represivo. Lo que se ataca, de raíz y con toda la intención, es la libertad de enseñanza, la capacidad de pensamiento crítico y el propio método científico, y quienes lo representen, convertidos en enemigos a batir. La doctrina antiilustrada del trumpismo así lo exige, y esa es la madre de todas las guerras culturales que libra el nacional-populismo: la guerra contra la razón.