El Gobierno del Principado acaba de proponer una reforma del IRPF que avanza en la senda de la progresividad que defiende CCOO, aunque entendemos que se queda corta, porque estamos lejos de alcanzar la meta de la justicia fiscal. Así que bien, pero… Básicamente, la reforma del IRPF adelantada por el Gobierno plantea, entre otras medidas, la bajada del tipo autonómico al primer tramo de renta un punto porcentual, del 10% al 9%, y la subida del tipo para las rentas más altas (por encima de 175.000 euros), del 25,5% al 26%.
Las propuestas de CCOO en materia de fiscalidad y de IRPF en particular siempre se han enmarcado en una visión de mayor progresividad (elevando los tipos impositivos para los tramos de renta superiores, con el objetivo de que quienes más ganan contribuyan en mayor proporción) y la suficiencia del sistema fiscal (con la mejora de la recaudación general), buscando una distribución más equitativa de la riqueza y el fortalecimiento del Estado de bienestar. Con la bajada de tipos para los primeros tramos y el aumento de los mínimos personales y familiares exentos de tributación, casi el 80% de las personas contribuyentes, sobre todo las rentas más bajas, van a ver mejorado su poder adquisitivo.
Por tanto, consideramos que la propuesta de reforma del IRPF planteada por el Gobierno asturiano va en la dirección correcta al aumentar la progresividad y concentrar el ahorro fiscal en las clases medias y trabajadoras, que han soportado una inflación persistentemente alta durante mucho tiempo, y cuyos salarios, pese a crecer, no han recuperado aún el poder adquisitivo que tenían años atrás, mientras que los márgenes empresariales siguen en máximos históricos y han crecido casi tres veces más que los salarios desde el periodo prepandemia. Pero en su conjunto la reforma se queda corta, porque lo que necesita Asturies es una reforma fiscal integral y más ambiciosa en términos de progresividad y suficiencia recaudatoria, así como una lucha más efectiva contra el fraude y la elusión fiscal.
Los impuestos son una garantía de democracia, porque sin ellos no hay sanidad ni educación, ni pensiones…, y también sirven para costear las infraestructuras o a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Así que, sin perjuicio de compartir algunos beneficios fiscales concretos, creemos que ha llegado el momento de realizar una reflexión serena y rigurosa sobre los impuestos, también en Asturies. Un sistema fiscal más justo, realmente progresivo, es la única forma de impedir que las diferencias sociales se conviertan en abismos insalvables. El Gobierno de España ha dejado pasar la oportunidad de llevar a cabo una (prometida) reforma tributaria para recaudar más entre quienes más tienen y distribuir mejor entre quienes más lo necesitan. Pero a tiempo está.
CCOO ha elaborado una propuesta que plantea la necesidad de elevar las bases máximas de cotización; mejorar la progresividad en el IRPF y aumentar las rentas del capital para igualarlas a las del trabajo; y revertir la desfiscalización acumulada en las últimas décadas con los beneficios empresariales (cuyo tipo medio bajó del 22% en 2006 al 8% en 2019). También sería conveniente reestructurar los impuestos indirectos con carácter progresivo, y recuperar y reforzar la fiscalidad patrimonial y de la riqueza.
Y en Asturies deberíamos hacer también un esfuerzo de rigor y solidaridad fiscal. Aunque saludamos que el Ejecutivo no entre en la irresponsable carrera de rebajas indiscriminadas de impuestos de otras autonomías, y aunque en algunos casos compartimos ciertos alivios tributarios, seguimos dejando de ingresar ingentes cantidades de dinero en dudosos beneficios fiscales: en torno a 1.359,5 millones en este 2025 a causa de las exenciones, reducciones, bonificaciones y deducciones introducidos, año tras año, tanto desde la Administración central como la autonómica. Para hacernos a una idea, el ayuntamiento de Carreño necesitaría 20 millones para rehabilitar Perlora.
No estamos para regalos fiscales injustificados (sobre todo entre quienes menos lo necesitan), sino para reforzar la caja común de la que se beneficia toda la sociedad. Porque la justicia fiscal es también la mejor vitamina para la democracia, pues ataja la desigualdad, caldo de cultivo en el que crece la ultraderecha, caballo de Troya contra el modelo social y de convivencia democrática y en paz que hoy está en peligro.