Asturias finaliza el mes de mayo de 2025 con nueve muertos en accidente laboral, en solo cinco meses nueve trabajadores perdieron la vida por un salario, cinco de ellos extrayendo carbón en una mina que carecía de mínimas medidas de seguridad, no para una explotación minera del siglo XXI, sino para una del siglo XIX. Angustia ver que, en los últimos 10 años, se ha producido en Asturias un claro incremento en los accidentes mortales en el trabajo pasando de ocho accidentes mortales en el año 2019, anterior a la pandemia del COVID, a duplicar esa cifra en 2020 sin que se consiga, desde entonces, bajar de veinte muertes al año salvo en 2022, pero resulta alarmante que el actual contiene el peor dato en los primeros 5 meses de cualquiera de esos 10 años, de hecho, lo duplica.
La Fiscalía de Asturias ya alertaba en el mes de octubre de 2024 de esta situación y demandaba la creación de juzgados especializados en siniestralidad laboral. Resulta necesario recordar que en materia de riesgos laborales la prevención y la seguridad deben estar siempre por arriba, es lo que se denomina en el ámbito laboral como FALLO SEGURO, concepto que supone que, aunque «falle la máquina o falle la persona la seguridad nunca falle», eso significa que la seguridad real cuesta dinero. En Asturias tenemos medios para lograrlo, para obligar a las empresas a cumplir su deuda de salud y seguridad con las trabajadoras, a invertir y apostar por ello.
El 13 de diciembre de 2019 se creó la Comisión Operativa Autonómica de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social cuyo funcionamiento, actividad y resultados son tan desconocidos como su propia existencia, pero que, si resultase eficaz dadas sus encomiendas sería capaz de evaluar las causas de la alta siniestralidad e impulsar medidas para evitarlas; el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales de Asturias (IPRL), órgano dependiente de la Consejería de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo, aprobó el 16 de octubre de 2024 un difundido y publicitado Plan de choque contra la siniestralidad laboral que iba a investigar y evaluar inicialmente 50 empresas con ambición de crecer, sin embargo, se desconocen sus resultados y la eficacia de su trabajo y seguimos; el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias aprobó el 2 de abril pasado el gasto para la convocatoria de subvenciones destinadas a la adquisición de maquinaria y equipos de trabajo que refuercen la seguridad y disminuyan los riesgos laborales en las empresas.
El Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales se encarga de la gestión de estas subvenciones, que cubren mejoras en maquinaria, equipos de trabajo, instalaciones o bienes de equipo. La cuantía ha ido creciendo y si en 2022 se destinaron 615.000 euros para esta línea de ayudas, en 2025 aumentaron hasta los 755.000 euros, concediéndose en 2024, 50 ayudas con el fin de contribuir a la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y reducir la siniestralidad, tampoco existen auditorias de estas ayudas y publicación de la memoria y justificación de cada una de ellas y, por supuesto, tampoco evaluación de su impacto. La formación en prevención de riesgos laborales real es casi inexistente mientras sus fondos públicos no paran de crecer, su gestión daría para un artículo propio y su eficacia dista mucho de cumplir los mínimos para ser considerada una garantía de protección laboral.
A estos recursos, presuntamente al servicio de la protección de la seguridad de los trabajadores, se adicionan los departamentos de salud laboral de los sindicatos mayoritarios baldeados también con subvenciones, mientras los delegados de prevención y comités de seguridad y salud de las empresas, en primera línea de fuego contra la siniestralidad laboral, apenas disponen de medios y apoyos para el desempeño de sus funciones directas en los centros de trabajo.
En este contexto, inapelablemente trágico, no hay duda que todos estos mecanismos y herramientas que salen de nuestros impuestos no están funcionando y, de hecho, es difícil creer -por su composición, financiación y actividad casi siempre meramente divulgativa- que estén únicamente al servicio de la lucha contra la muerte y la enfermedad en el trabajo, no son eficaces y correspondería entender las razones y buscar soluciones. Sin embargo, cuando nos deberíamos concienciar, cuando deberíamos exigir a las empresas mayor inversión y cumplimiento en seguridad y el gobierno de Asturias encabezar esta demanda y proponer más control y mayor transparencia en sus organismos, con actuaciones contundentes para vigilar la seguridad y la salud laboral en el tejido empresarial asturiano…pues no, muy al contrario, cada vez más se instaura el «problema para las empresas de las bajas médicas» denominándolas, intencionada y tramposamente, «absentismo», hasta la propia Ministra de Trabajo hace muy pocos días lo calificaba así y hace aún menos la Consejería de Salud del Principado de Asturias activaba un convenio con las Mutuas para que el trabajador de baja médica pudiera optar al tratamiento de la aseguradora si hay listas de espera.
No se oculta que no solo supone darle un mayor control a las Mutuas en los procesos de incapacidad temporal siendo una nueva ocasión de quebrantar la sanidad pública reconociendo su incapacidad. En Asturias, no solo mueren más trabajadores sino que lo hacen en condiciones laborales peores. En los nueve accidentes mortales de 2025 difícil es no encontrar claros indicios de responsabilidades empresariales, laborales e incluso penales y, en lugar de ir a un mayor refuerzo de la protección a las trabajadoras, exigiendo, por ejemplo, de los servicios de prevención de riesgos laborales de las empresas que no estén únicamente centrados en la vigilancia de la salud (revisiones médicas) de los trabajadores si no en los sistemas y equipos de seguridad, potenciando con contenidos y actividad práctica y real los recursos públicos descritos, medidas que además sin duda harían disminuir las bajas médicas, parece que no, que todas las medidas, tanto de la administración estatal como de la autonómica, se orientan a reducir el número de trabajadoras en situación de baja médica, aumentando sus controles médicos, suprimiendo los complementos de incapacidad temporal en los convenios colectivos para reducir sus ingresos y, en última instancia, conceptuándolos como absentistas, cuya definición literal es «el que no está en el lugar que por obligación debería estar», para denigrarlas.
Olvidan las anteriores políticas que reducir las bajas médicas sin garantizar mayores niveles de seguridad en el trabajo incrementa los accidentes y las muertes. Y no solo es una irresponsabilidad en cualquier contexto, es además ningunear el esfuerzo en seguridad de las empresas que si invierten en la salud y la prevención. En la situación vigente cuando la siniestralidad sigue creciendo, cuando lloramos muertes, no se puede tolerar y debe ser contestada e impugnada.