Herido por un grave caso de corrupción, carente de mayoría parlamentaria, lo que le impide incluso aprobar los presupuestos generales del Estado, y también minoritario en la sociedad, como reconoce el presidente del gobierno cuando afirma que no anticipará las elecciones porque las perderá, solo con un optimismo panglosiano se puede confiar en que el paso del tiempo mejore la situación del ejecutivo.
El caso Ábalos ha evolucionado hasta poner al descubierto una trama de corrupción en la adjudicación de obras públicas que implica también a Santos Cerdán, sucesor del exministro de Transportes en la secretaría de organización del PSOE. La condición de investigados se extiende a altos cargos como Javier Herrero, exdirector general de carreteras, e Isabel Pardo de Vera, expresidenta de ADIF. La UCO de la Guardia Civil ha buscado pruebas en la sede del PSOE de Ferraz, el ministerio de Transportes, la dirección general de Carreteras y ADIF.
Aumentará el número de personas bajo sospecha, se multiplicarán las declaraciones ante los jueces, también los deseos de los incriminados de reducir posibles penas gracias a su colaboración con la justicia. Proseguirán las pesquisas policiales, se encontrarán nuevas grabaciones y documentos escritos. Nadie puede aventurar cuál va a ser el desenlace de este escándalo ni cuándo llegará, pero las indagaciones y las revelaciones a los medios de comunicación continuarán durante meses, los juicios tardarán años. Por otra parte, no se sabe todavía cuáles son las ramificaciones del fraude de los hidrocarburos, que involucra al señor Aldama, tan estrechamente relacionado con Koldo García y José Luis Ábalos. El señor Peinado continuará disparando, a ver si cobra alguna pieza. El paso del tiempo no va a calmar la tormenta.
No se trata de un caso menor, tanto Ábalos como Cerdán fueron secretarios de organización del PSOE y estrechos colaboradores y amigos de Pedro Sánchez desde la época de las primarias que lo llevaron a la secretaría general. Ambos fueron diputados, Ábalos todavía lo es, y uno ministro. A la corrupción económica, de por sí inmoral, se suma la degradación ética de los personajes. El comportamiento de Ábalos y de García Izaguirre con las mujeres es repulsivo y pone en evidencia al partido, que había hecho del feminismo y de la lucha contra la prostitución una de sus banderas.
Independientemente de que la trama afecte o no a la financiación del PSOE, o a otros dirigentes, Pedro Sánchez tiene una responsabilidad política innegable en lo que está sucediendo. Las disculpas son insuficientes, el «y tú más» no es un argumento de defensa. Si el PSOE y el gobierno quieren minimizar daños, deben ir más allá. Hasta ahora, no han actuado con total diligencia ni con plena transparencia, tampoco parecen haber comprendido la dimensión del escándalo. Todavía no se sabe por qué fue cesado Ábalos en 2021 ni por qué fue repescado en 2023, aunque esto último comienza a atisbarse. Tampoco es una muestra de rápida cirugía que ese señor no fuese expulsado del PSOE hasta hace unos días, casi año y medio necesitaron para hacerlo. Las explicaciones sobre el asunto de Leire Díez están pendientes.
Incluso si no hubiese salido a la luz el grave caso de corrupción que afecta al partido socialista y al gobierno, agotar la legislatura sería muy difícil y tendría un elevado coste político. No hay en el Congreso una mayoría de izquierdas o progresista, término más ambiguo, ni siquiera existe la mayoría de la investidura. Pedro Sánchez la alcanzó sin haber logrado un acuerdo de legislatura con Junts, por lo que tal mayoría fue efímera, aunque tuviese un precio muy elevado. He escrito varias veces que la amnistía era necesaria y probablemente constitucional, lo sigo pensando. El problema está en que el presidente la promoviese tras haber negado expresamente en la campaña electoral que fuese a hacerlo. La mayor parte de la sociedad española la percibió como fruto de un chalaneo político y a Pedro Sánchez como un mentiroso.
Tras el desastroso resultado de las elecciones municipales y autonómicas, que PP y Vox no alcanzasen la mayoría para gobernar en las generales de 2023 fue considerado una victoria por las izquierdas, que provocó cierta euforia y permitió que, aunque existiesen dudas y hubiese algunas críticas, aceptasen como buena la rectificación de Pedro Sánchez y la formación del gobierno de coalición entre PSOE y Sumar. Lo que vino después es bien conocido. Junts aguó pronto la fiesta, sus exigencias, incluidas las formales, pusieron al gobierno al borde de la humillación y dejó claro que no formaba parte de ninguna mayoría de apoyo al ejecutivo. Las derechas incrementaron todavía más la agresiva oposición que habían practicado en los cuatro años anteriores y un amplio sector de los jueces adoptó una actitud combativa poco acorde con su sedicente defensa de la separación de poderes del Estado. La política llegó a una degradación insoportable.
Por encima de la relativa parálisis legislativa —además de la carencia de presupuestos, todavía no ha podido ser modificada la ley mordaza ni aprobada la reducción de la jornada laboral—, el mayor problema para las izquierdas reside en que el PSOE se ha estancado en las encuestas por debajo del 30%, tanto Sumar como Podemos, violentamente enfrentados y los primeros en trance de disolución, se han hundido y la popularidad del presidente no remonta. Todos los sondeos, salvo los de Tezanos, les otorgan una clara mayoría a las derechas.
Puede ser injusto que no se reconozca el éxito de la política económica y social de los gobiernos de izquierdas desde 2019, que la opinión pública castigue más a las izquierdas que a las derechas por la envilecida situación política y por la corrupción, probablemente tenga algo que ver con la oleada conservadora que recorre el mundo, pero lo cierto es que, si casi era una quimera completar la legislatura antes de que estallase el escándalo, ahora es un suicido intentarlo.
Cometería un error Pedro Sánchez si disolviese las Cortes de inmediato, tampoco tiene sentido la idea de investir a un nuevo presidente del gobierno con este Congreso. Lo más razonable sería que asumiese su responsabilidad política, dimitiese como secretario general del partido e iniciase un procedimiento de urgencia para elegir a su sucesor o sucesora, que sería bueno que pudiese ponerse al frente del PSOE antes de que terminase julio. Paralelamente, Sánchez, que seguiría presidiendo el ejecutivo, debería anunciar la celebración de elecciones en otoño, en los meses de noviembre o diciembre. Así, quien lo sustituyese tendría unos meses para darse a conocer y preparar su campaña y los partidos situados a la izquierda del PSOE para intentar recomponer una cierta unidad, aunque sea solo electoral, y recuperar apoyo social.
Sin duda, Pedro Sánchez recobraría prestigio político, demostraría sentido de Estado y de partido y, hasta que disolviese el parlamento, podría intentar aprobar las medidas pendientes que considerase más importantes. Seguiría siendo un presidente del gobierno legítimo y con todos sus poderes hasta que, tras las elecciones, entrase en funciones. Las críticas de la oposición no disminuirían, especialmente con elecciones a la vista, pero debería cambiar de estrategia y se encontraría con una nueva persona a la que enfrentarse. Tampoco desaparecería la influencia del caso Ábalos-Cerdán, pero el nuevo candidato o candidata podría distanciarse de forma más efectiva.
Es muy probable que las derechas venciesen igualmente, pero no es lo mismo que arrollen a que deban enfrentarse a una oposición sólida en las cámaras. Por otra parte, habría un claro margen de recuperación para todas las izquierdas hasta la celebración de las elecciones municipales y autonómicas de 2027. Entiendo a quienes desde la izquierda consideran casi una traición que se proponga adelantar unas elecciones en las que probablemente vencerán las derechas, con un peso importante de los neofranquistas de Vox y un ambiguo PP que no inspira ninguna confianza, pero es necesario tener cierta perspectiva histórica, el mundo no se acabará el año que viene. Las derechas ganarían el año 2026, pero, si la agonía se prolongase hasta 2027, puede que acabasen ganando 20 antes de que las izquierdas lograsen recuperarse.
No se trata de darle la razón a una derecha que lleva pidiendo elecciones desde que Pedro Sánchez venció por primera vez, sino de asumir la realidad y adoptar la decisión política más acertada. Menos todavía de concedérsela a unos obispos que han aprovechado el fallecimiento del papa Francisco para acercarse a Vox —el señor Argüello, presidente de la conferencia episcopal— e intervenir partidistamente en la política española. Lo hicieron tanto aquel, en sus declaraciones a ABC, como el señor García Magán, portavoz de esa conferencia, que, además, incluyó en su intervención una alusión al rey tremendamente peligrosa, con la típica ambigüedad eclesial, pero que se acerca al golpismo de extrema derecha que ha sido defendido recientemente por algún articulista en un digital ultracatólico. Al coro no tardó en unirse el arzobispo de Oviedo.
El rey no puede destituir al presidente del gobierno o disolver anticipadamente las Cortes si este no se lo propone y si intentase hacerlo apoyado en el ejército estaría dando un golpe de Estado. No creo que a Felipe VI se le haya pasado siquiera por la cabeza, pero hay cosas con las que no se debería especular y menos la Iglesia Católica en España. Mi opinión es la que he expuesto, pero Pedro Sánchez puede seguir legítimamente al frente del gobierno hasta 2027, incluso sin presupuestos. Considero que cometería un error, pero que alguien intentase destituirlo por la fuerza sería un crimen, aunque, como en 1936, fuese rociado con agua bendita. La única alternativa constitucional que tiene la oposición es la moción de censura que la señora Díaz Ayuso se esmera en boicotear, no parece fácil que los «catetos» le echen una mano al PP.