La dignidad no se negocia: pensiones y salario de justicia como alma del Estado. El reciente debate en torno al Decreto-ley ómnibus ha vuelto a poner en evidencia cómo la lucha por los derechos sociales en España queda, demasiadas veces, atrapada en un juego de estrategias partidistas y cálculos electoralistas. Entre las medidas incluidas en el citado decreto se encontraban dos esenciales para garantizar la justicia social: la revalorización de las pensiones y la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2025. Sin embargo, en lugar de ser tratadas como lo que son —un pilar fundamental del Estado del Bienestar—, han sido utilizadas como moneda de cambio en la negociación política.
España ha avanzado en los últimos años en la consolidación de un sistema público de pensiones basado en el principio de suficiencia y sostenibilidad. Desde la reforma que vinculó las pensiones al Índice de Precios al Consumo (IPC), se ha logrado evitar la pérdida de poder adquisitivo de millones de pensionistas. Sin embargo, la incertidumbre política ha vuelto a sembrar dudas sobre si esta medida se mantendrá a largo plazo.
Revalorizar las pensiones no es un gesto político, sino una obligación moral, jurídica y constitucional. La Constitución Española, en su artículo 50, establece con claridad que los poderes públicos garantizarán «mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad». Este mandato constitucional exige un compromiso inequívoco con la dignidad y el bienestar de nuestros mayores. Por tanto, no estamos ante una opción o una política discrecional, sino ante un deber ineludible de cualquier gobierno, independientemente de su signo ideológico. En un contexto de inflación y crisis habitacional, cualquier estancamiento en la revalorización de las pensiones supondría una regresión inaceptable, sobre todo para quienes ya perciben pensiones mínimas.
La mejora del SMI ha sido otra de las grandes conquistas laborales en los últimos años. En 2018, el SMI era de 735,90 euros mensuales y, tras varias subidas progresivas, en 2025 se sitúa en 1.184 euros en 14 pagas. Este aumento ha contribuido a reducir la brecha salarial, mejorar el consumo interno y proteger a los trabajadores más vulnerables, especialmente en sectores como la hostelería, el comercio o el empleo doméstico.
Las voces críticas argumentan que el incremento del SMI puede afectar al empleo, pero los datos desmienten categóricamente este temor. Según el propio Banco de España, las anteriores subidas no han tenido un impacto negativo significativo en la creación de empleo, mientras que sí han mejorado las condiciones de vida de millones de personas. Además, la Carta Social Europea establece que el salario mínimo debe situarse en torno al 60?% del salario medio del país, un umbral que España aún no ha alcanzado.
Pero ese discurso del sacrificio y del peligro del incremento del SMI es, en realidad, una estratagema que se remonta a siglos: hacer creer al pueblo que si se le da más, si se reparte, si se garantiza un mínimo vital… se destruirá la economía, se irá todo al traste. Se llama miedo, se llama manipulación, se llama capitalismo sin alma. Obedece a la narrativa neoliberal que intenta hacer pasar por «sentido común» una idea profundamente ideológica: que proteger a los más vulnerables económicamente, mediante herramientas como el salario mínimo, perjudica al sistema productivo. En realidad, es una falacia histórica que ha servido para justificar la explotación.
Recientemente, el presidente del PP, Sr. Feijóo, ha afirmado que se opondrá a lo que calificó como un «incremento indiscriminado del SMI». Esta expresión, cargada de aparente sensatez técnica, encierra en realidad una visión ideológica regresiva que cuestiona el principio redistributivo propio de un Estado social. Usar el calificativo «indiscriminado» implica que la subida del salario mínimo se realiza sin criterio, sin diferenciar entre sectores o tamaños empresariales, lo cual es una falacia jurídica y económica.
El ordenamiento jurídico español ya contempla mecanismos de adecuación a través de convenios colectivos, cláusulas de excepcionalidad por causas económicas o ayudas públicas específicas a las pymes. Por tanto, la idea de que la subida del SMI se impone igual para todos es errónea y tendenciosa. Lo que realmente se intenta es deslegitimar una política que empodera a los trabajadores con menos recursos y reduce desigualdades estructurales.
Ese lenguaje técnico en apariencia neutral esconde una concepción elitista del trabajo, donde un salario digno es visto como una amenaza para la competitividad, en lugar de un derecho reconocido constitucionalmente (art. 35 CE). Como señala la Carta Social Europea, el salario mínimo ha de garantizar una vida digna, no ser residual o decorativo.
En este sentido, el SMI debe seguir incrementándose con responsabilidad, pero sin dilaciones ni vetos partidistas. No es aceptable que se paralice por disputas políticas cuando está en juego la calidad de vida de millones de personas trabajadoras.
Es inaceptable que la aprobación de estas medidas quede supeditada a cálculos electorales o a vetos cruzados. La revalorización de las pensiones y la subida del SMI no son concesiones de un gobierno a su electorado, sino compromisos de Estado con la justicia social. Su tramitación debería llevarse a cabo mediante leyes específicas, independientes de otros elementos legislativos controvertidos, y con el mayor consenso político posible. La ciudadanía no puede seguir siendo rehén de la falta de diálogo.
Defender la dignidad de los pensionistas y garantizar salarios justos no debería ser objeto de discusión partidista. La revalorización de las pensiones y el incremento del SMI no pueden depender de estrategias coyunturales ni de intereses particulares, sino de un compromiso profundo con los principios fundacionales del Estado Social y Democrático de Derecho.
Como dijo Franklin D. Roosevelt: «El test de nuestro progreso no es si añadimos más a la abundancia de quienes tienen mucho, sino si proporcionamos lo suficiente a quienes tienen poco».
O en palabras de Karl Polanyi: «Permitir que el mercado dicte las condiciones del trabajo humano es una receta para la desintegración social».
O en quien les escribe: «Llamar indiscriminada a la justicia social es, en sí mismo, una forma sofisticada de discriminación».
España no puede permitirse retrocesos en derechos conquistados con décadas de lucha y esfuerzo. Es momento de que la política esté al servicio de la ciudadanía, y no al revés.