Por fin, el velo cae. Otra vez. Otra noticia de corrupción, otro caso que salpica al PSOE, otro silencio cómplice de los partidos que apoyan al bipartidismo por intereses de sillón, otro escándalo internacional que vuelve a colocar a España en la vitrina de la vergüenza democrática. Esta vez es el caso de Santos Cerdán. Mañana será otro. El ciclo es constante, repetitivo, obsceno. Y lo más desgarrador no es el hecho de que existan corruptos. Lo verdaderamente insoportable es que el sistema político español —construido por y para el bipartidismo nacido del Régimen del 78— no solo tolera esta podredumbre, sino que la perpetúa.
Pedro Sánchez llegó al poder gracias a una moción de censura contra un Partido Popular podrido por la corrupción hasta los cimientos. Fue un momento que muchos pensamos que marcaría un antes y un después. Ilusos. En lugar de una regeneración democrática, lo que vino fue una continuación del mismo patrón: redes clientelares, puertas giratorias, favores opacos, pactos de silencio. El PSOE no solo no limpió la casa, sino que terminó decorándola con los mismos muebles que juró tirar. El PP, mientras tanto, sigue comportándose como si tuviera derecho divino a saquear sin consecuencias.
Y sí, hay que decirlo sin paños calientes: Sumar también guarda un silencio vergonzante y cómplice. ¿Dónde están las voces de la izquierda transformadora ante esta ola de corrupción que nos ahoga? ¿Dónde está la dignidad política de quienes prometieron otra forma de hacer política? Callan. Callan por miedo, por cálculo electoral o, peor aún, por cobardía.
La desafección ciudadana no es producto del cinismo. Es la consecuencia lógica de años y años de impunidad. ¿Qué se le puede pedir al pueblo que trabaja, que paga impuestos, que sobrevive con sueldos miserables mientras ve cómo los partidos se reparten cargos, reparten sobres, reparten silencio? Ya no basta con condenas genéricas ni con comparecencias vacías. Es hora de actuar con contundencia. España necesita de forma urgente una ley integral contra la corrupción:
Una ley contra el soborno político y empresarial, sin excepciones. Una legislación que castigue a encubridores, cooperadores necesarios, testaferros y estructuras parapolíticas. Que endurezca las penas, elimine los aforamientos políticos, beneficios penitenciarios y garantice la inhabilitación de por vida para cargos públicos corruptos. Que blinde a los denunciantes con mecanismos de protección reales, y no limosnas legales simbólicas. Que obligue a partidos y gobiernos a rendir cuentas públicas cada seis meses sobre sus contrataciones, subvenciones y adjudicaciones. Y, sobre todo, que se aplique. Porque ya estamos hartos de leyes bonitas sin voluntad de cumplimiento.
El PSOE y el PP no van a regenerarse por sí solos. Es ingenuo pensarlo. Solo la presión popular, el despertar cívico, la indignación activa, puede forzar un cambio. La izquierda tiene la obligación moral de liderar esa rebelión democrática. Porque si no lo hace, no solo traiciona su historia: traiciona al pueblo.
Quienes nos sentimos de izquierdas no militamos en siglas, militamos en valores. Y esos valores hoy están siendo traicionados por quienes, desde la derecha y también desde una parte de la izquierda institucional, han convertido la política en un negocio. Hay que decir basta. Hay que salir del chantaje del «o lo tomas o viene la derecha». La corrupción es derecha, venga de donde venga.
Esta democracia está enferma. Y si no se trata con urgencia, acabará pudriéndose del todo. España no necesita salvadores ni marketing político. Necesita honestidad,valentía y justicia. Y, sobre todo, necesita memoria. Porque un país sin memoria, es un país condenado a repetir su vergüenza.