Hace unas semanas se confirmó que Asturies -tras adherirse al pacto estatal de la Conferencia de Presidentes- recibirá 133 millones del Gobierno central para invertir en vivienda, una cuantía que se verá incrementada con los 87 que aportará el Principado. ¿Su destino?: más vivienda pública, rehabilitación y ayudas al alquiler.
Falta hace. Porque, lejos de solucionarse, el problema de la vivienda sigue fuera de control. A los dos años de aprobarse la Ley con la que el Gobierno pretendía pinchar la burbuja, el objetivo no se está consiguiendo. Al menos la realidad que muestran los datos va en la dirección opuesta: desde la entrada en vigor de la norma, el precio de los alquileres ha subido un 20%.
Por ceñirnos a Asturies, según los datos publicados el 11 de junio por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el precio medio de la vivienda subió en el primer trimestre un 11,4%, la mayor alza desde 2012 (en el conjunto del país lo hizo el 9%). Con ser preocupante no lo sería tanto si los salarios lo hubieran hecho en la misma proporción, pero lo cierto es que ha ocurrido lo contrario: la clase trabajadora asturiana (y hablamos de las personas con convenio) ha perdido más de siete puntos de poder adquisitivo en los tres últimos años. Por poner otro ejemplo: mientras el salario mínimo se sitúa hoy en 1.134 euros, el precio medio del alquiler en Asturies ya ronda los 800.
Así que persisten los problemas para acceder a lo que debería ser un derecho asequible, lo que añade trabas a la emancipación de las personas jóvenes y provoca que en muchos casos los propios vecinos y vecinas sean expulsados de sus barrios, un fenómeno cada vez más extendido en las zonas bajo presión turística.
Incluso supone barreras en el mercado laboral, porque como ha señalado Unai Sordo, secretario general de CCOO, la no existencia de precios asumibles para acceder a la vivienda va a imposibilitar la creación de empleo. Hoy en día el precio de la vivienda ya es un impedimento de primer orden para que muchas personas trabajadoras acepten empleos en lugares donde van a acabar pagando por el alquiler cifras astronómicas, en algunos casos prácticamente lo que ganarían. De hecho, ya viene ocurriendo en los últimos veranos, por ejemplo, en Llanes.
Hay que acabar con este despropósito. España dispone de 3,8 millones de viviendas vacías y cerca ya de 400.000 de uso turístico, inaccesibles para la población joven y las clases populares, que si se orientaran hacia el alquiler podrían incrementar notablemente el parque.
Como ha subrayado el sindicato en un reciente informe, España arrastra cuatro décadas de políticas fallidas de vivienda, pero muy exitosas para el negocio inmobiliario, financiero y constructor. Y eso no es lo que debería fomentar un gobierno ni consentir un Estado social y de derecho que se precie. Si la regulación de la vivienda protegida no hubiera permitido su descalificación hoy nuestro país podría contar con un parque público de 4,7 millones de viviendas con esa calificación. Y el problema estaría prácticamente resuelto. Necesitamos viviendas protegidas permanentes.
Como sindicato sociopolítico, defendemos el derecho a una vivienda digna, asequible y adecuada, y para ello hemos propuesto medidas como el impulso del parque público, mediante la construcción y la rehabilitación de vivienda vacía; la limitación del precio máximo de los alquileres, con intermediación pública; y la movilización de viviendas desocupadas para destinarlas al alquiler social garantizado.
Por eso recibimos positivamente el compromiso de la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos de sacar al mercado a precios asequibles a partir de este mismo año buena parte de las 100.000 viviendas vacías que hay en Asturies, y que contarán con el aval del Gobierno para garantizar el cobro de los alquileres. También hemos reclamado que la nueva Ley de Vivienda de Asturias, que se tramitará el próximo año, la blinde como derecho subjetivo, garantizando una inversión en vivienda del 1% del PIB, como están haciendo los países más avanzados, y dedicando un esfuerzo especial a ampliar el parque público de vivienda en alquiler.
Son pasos que hay que dar hasta alcanzar la meta perseguida: poner la vivienda al alcance de las personas, cumplir con la Constitución.