Hasta ahora Asturies era un territorio libre de universidades privadas, pero en los últimos meses se ha activado el debate porque hay empresas que quieren abrir sus puertas aquí para hacer negocio con la educación superior.
El interés y la preocupación son crecientes. Hace unas semanas el Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo hacía una declaración defendiendo una universidad pública donde el acceso no dependa de la capacidad económica, sino del mérito académico; asumía su disposición a «competir, pero siempre que todos respetemos las reglas de juego»; y emplazaba al Ejecutivo asturiano a asegurar que cualquier legítima iniciativa privada cumpla con los estándares que se exigen a las universidades públicas.
Casi al tiempo, un grupo de 27 catedráticos y catedráticas de la institución académica asturiana anunciaba la creación de una plataforma en defensa de la universidad pública, ante la «preocupación creciente por el desembarco de las universidades privadas», con proyectos que en algún caso «no cumplen con lo recogido en la última reforma universitaria». Lamentaban el progresivo abandono de los servicios públicos y la supeditación de la labor universitaria a intereses privados, y advertían de que «la universidad privada solo beneficia a quien puede pagarla». Una plataforma que apoyan más de 2000 firmas de ciudadanos y ciudadanas a día de hoy.
El Gobierno de Pedro Sánchez, por su parte, adelantaba recientemente el endurecimiento de criterios para acabar con los «chiringuitos educativos», porque —en las propias palabras del presidente— la universidad «no puede ser una fábrica de títulos sin garantías».
CCOO siempre ha defendido que la educación superior universitaria es un servicio público que debe estar garantizado por las universidades públicas. Y para ello es imprescindible una financiación adecuada. El sindicato ha presentado en marzo de este año un informe sobre la «Financiación de la educación universitaria en España» en el que subraya que la educación superior es un derecho del conjunto de la ciudadanía, y condicionar el acceso a la misma a la capacidad económica de las personas y sus familias supone vulnerar el principio de la igualdad de oportunidades, la equidad y el mérito. El objetivo debe ser la gratuidad de los precios públicos en las universidades públicas y dotarlas de una financiación suficiente para ello, y para garantizar además el cumplimiento de las funciones inherentes a su naturaleza, que no solo son docentes, también investigadoras y de transferencia e intercambio del conocimiento, claves para construir futuro en el territorio y las sociedades donde se asientan.
El informe del sindicato analiza en primer lugar la evolución de la enseñanza universitaria en España, cuya demanda se ha incrementado en las últimas décadas. Nuestro país cuenta actualmente con 91 universidades, 50 públicas y 41 privadas. La última pública creada fue en 1998, y desde entonces han abierto 27 privadas. En una progresión acelerada al menos nueve más están tramitando actualmente su autorización y esperan una próxima apertura, con lo que en breve las universidades privadas darán el sorpaso a las públicas en España. En los últimos veinticinco años las universidades privadas han aumentado sus matrículas un 368%, mientras disminuían el 18% en la pública. Paradójicamente, la universidad pública oferta un número de plazas inferior al número de solicitudes de primera opción en todas las ramas de grado. De hecho, solo el 72,5% del alumnado consigue matricularse en los estudios que eligió de primera opción.
Y hay un claro sesgo, porque el alumnado de familias con niveles altos de renta tiende a matricularse en universidades privadas y a estudiar en áreas con mejores perspectivas laborales, mientras en las familias de rentas medias o bajas muchas veces se ven obligados a compatibilizar trabajo y estudio. Una desigualdad y discriminación por motivos económicos que se fomenta si se simultanea la proliferación de las privadas con la infrafinanciación y limitación de plazas en la pública.
La inversión es por tanto un asunto central. El gasto público en educación superior en España tiene el reto de ir aumentando para equilibrarse con la media europea. En 2021 fue del 2,19%, frente al 2,44% de la UE y el 2,72% de la OCDE. El gasto por estudiante fue un 21,8% y 23,6% inferior. Así las cosas, existe una falta de financiación estructural de la formación universitaria pública, que afecta a la calidad: en 2022 los ingresos de las universidades públicas habían caído un 14% en términos reales desde 2009.
En cambio, el gasto de las familias en educación superior en España se encuentra por encima de la media de los países de la OCDE. Pero hay diferencias notables entre la pública y la privada, porque el gasto medio de los hogares por estudiante universitario era en 2020 de 1.344 euros en universidades públicas y 5.271 en las privadas.
Miles de estudiantes se ven estos días obligados a competir por un número limitado de plazas para estudiar en las universidades públicas españolas, porque el número de ellas ofertado es muy inferior al número de solicitudes de primera opción en todas las ramas de grado. Así, en el curso 2023-2024, se ofertaron 245.956 plazas para 2.665 titulaciones, pero las preinscripciones superaron las 475.000. El desajuste se ha incrementado en los últimos años especialmente en titulaciones biosanitarias, donde la demanda es muy superior a la oferta.
Esta limitación de plazas, ligado al aumento de la demanda de ingreso en las universidades públicas, ha generado un incremento de las notas de corte para acceder a las universidades públicas presenciales, que impide que muchos estudiantes ingresen en su grado deseado, no solo en su primera opción sino también en las siguientes, obligando, a quien puede permitírselo, considerar como opción las universidades privadas, lo cual implica un mayor coste económico y sacrificios para ellos y sus familias. Además, este fenómeno agrava la desigualdad en el acceso a la educación superior, ya que no todo el alumnado puede permitirse el coste de una universidad privada.
La situación es aún peor para el acceso a los másteres habilitantes (aquellos que otorgan la titulación necesaria para ejercer una profesión regulada, como la enseñanza, la abogacía, la arquitectura, la psicología, etc.), donde entre el 60 y el 85% de las plazas ofertadas son de universidades privadas.
La falta de plazas y las inalcanzables notas de corte limitan el acceso y provocan el estrangulamiento de las universidades públicas al tiempo que abonan el negocio a las privadas. La causa última es la deficiente financiación pública. Para ofertar un mayor número de plazas las universidades públicas necesitan de la autorización de la administración de la que dependen (nacional y autonómica) y financiación suficiente para disponer de los recursos humanos, técnicos y materiales adecuados.
La falta de financiación suficiente redunda en la oferta de plazas, los precios, la menor capacidad de flexibilizar las opciones asegurando la calidad y las condiciones de trabajo del profesorado. Y también en los medios, personal, infraestructuras y herramientas precisas tanto para sostener la docencia como la investigación de calidad en la universidad. Por eso la universidad asturiana insiste en el compromiso que debe asumir el Gobierno del Principado (reclamando que «nos doten de los instrumentos y medidas que nos permitan seguir garantizando la alta calidad de nuestra formación y la generación del mejor conocimiento»), porque las universidades públicas en nuestro país dependen cada vez más de las tasas de matrícula para compensar la falta de financiación pública, lo que supone una carga para estudiantes y familias.
Por otra parte, CCOO defiende que se regule por ley un mayor nivel de exigencia de los requisitos requeridos para la creación y funcionamiento de las universidades privadas, así como avanzar en el diseño de un mapa de titulaciones y promover un grado de descentralización de los campus universitarios con oferta de calidad.
El acceso equitativo a la educación superior es una condición necesaria para no profundizar en las desigualdades que se van generando en etapas educativas previas y avanzar en la igualdad de oportunidades. Por ello, es necesario implementar además en paralelo una amplia política de becas ambiciosa, que compense esas desigualdades y garantice el acceso equitativo real a la educación superior. La merma del peso de la universidad pública no hace sino ahondar en las desigualdades educativas, dificultando el avance hacia la igualdad real de oportunidades y la cohesión social.
Recientemente, en su XIII Congreso Confederal, CCOO aprobaba una Resolución «Por un modelo público de universidad como garante del progreso social frente a la universidad como bien de mercado» reclamando la necesidad de un pacto de Estado en defensa del modelo público de universidad y que la educación superior universitaria es un derecho que la clase trabajadora ha conseguido tras durísimas luchas y un pilar esencial de cualquier sociedad que pretenda avanzar hacia la democracia, la igualdad y el bienestar social. No podemos dejar que la destruyan quienes quieren convertir el derecho de todas y todos en el negocio de una minoría.
Los Estatutos de la Universidad de Oviedo, aprobados el año pasado, recogen en su art. 5 sus fines y funciones, todas ellas «al servicio de la sociedad». Su art. 7 dedicado a Asturies, dice literalmente que «La Universidad de Oviedo, como Universidad pública asturiana, orientará de manera relevante sus actividades a la realidad y el ámbito de Asturies». El papel vertebrador territorial y social de las universidades públicas es indudable. Su función es crucial no solo para el desarrollo económico del territorio en el que se ubica, sino que contribuye además a la fijación de población y a la retención del talento en zonas con una situación demográfica compleja. Esta función tan trascendental no la desarrollan las universidades privadas, que se centran en obtener la mayor rentabilidad económica.
Detrás de las universidades privadas hay fondos de inversión que vienen a Asturies a hacer dinero rápido. Detrás de nuestra universidad pública estamos la población asturiana, apostando por el futuro de nuestra tierra y nuestra gente. En CCOO: siempre con la universidad pública.