A lo largo y ancho del mundo hay diversos modelos de Estado. No solamente me refiero a monarquías y repúblicas, sino también a la organización administrativa. En Francia, aunque existen las comunas, los departamentos y las regiones, el poder político está muy centralizado en El Elíseo. En España, en cambio, se ha tomado la decisión desde la aprobación de la Constitución de 1978 de apostar por una estructura descentralizada, de tal manera que cuando hablamos de «Estado» no debemos circunscribirlo únicamente al ámbito del gobierno nacional, sino también debemos incluir a todas las administraciones locales y autonómicas. A mi juicio ha sido un acierto optar por este criterio, porque creo que cuanto más cerca se esté de la ciudadanía, mejor servicio y respuesta le va a ofrecer lo público (sé que hay mucha oposición al respecto, y sobre todo en el espectro de la derecha, porque no aceptan que haya 17 maneras distintas de gestionar, por ejemplo, las políticas educativas y sanitarias).
No obstante, no son pocas las veces que la práctica destroza lo teórico, porque a menudo se suceden casos en los que nadie asume su responsabilidad (lo que origina una fuerte indignación social). Sé que la gente no tiene ninguna obligación en conocer las funciones de cada parte e, incluso, le parezca un tema baladí (porque lo importante es solucionar los problemas). Hace un mes se ahogó en el río Nalón (a su paso por Las Caldas/Les Caldes) un chaval de 18 años. Con la normativa en la mano, es cierto que no se puede prohibir el baño, pero también es conocido que en esa zona hay pozas muy peligrosas y que si no se avisa podría volver a ocurrir el mismo suceso (ni el Ayuntamiento de Oviedo/Uviéu, ni el Principado ni la Confederación Hidrográfica del Cantábrico se atribuyen las competencias ni las responsabilidades en este caso). Yo lo lamento porque este tipo de noticias nos perjudican a todas las personas que creemos en el sistema público y, también, en la propia política como instrumento para llegar a acuerdos.
Otro ejemplo lo podemos ver con la terrible destrucción de los incendios que asolan algunas partes de España. Sabemos que quien quiere incendiar un monte (sea por venganza o por cuestiones económicas) lo hará sin ningún remordimiento. También que el cambio climático (fue tremendamente agobiante vivir en persona los más de cuarenta grados que hace una semana hubo en Oviedo/Uviéu) ha venido para quedarse y que la virulencia de los fuegos hace imposible pararlos (cada vez sube más la temperatura y llueve menos en verano).
Sin embargo, hay un conjunto de personas expertas que saben qué es lo que hay que hacer. Son las encargadas de montar los operativos y, como cualquier emergencia de esta índole (el actual marco jurídico recoge qué medios hay disponibles dependiendo del nivel de emergencias que haya declarado), forman parte de la estructura de una comunidad autónoma. Me resulta grave pensar que aquellas dirigidas por el PP se nieguen a subir al máximo rango (el 3) con tal de no asumir políticamente su inoperancia (prefieren mentir echándole la culpa a Pedro Sánchez con que no se les proporciona la ayuda solicitada).
No es una anécdota que allí donde gobierna la derecha a la UME no la destinan a reforzar las tareas de extinción, sino directamente a hacer frente al fuego en la primera línea de batalla (no invierten dinero en prevención y, además, contratan a empresas privadas que, a través de Infojobs, reclutan a personas a las que no se les requiere experiencia en algo tan duro y peligroso). Es evidente que hay a quien le preocupa más ganar el relato que decir la verdad, y en la sociedad en la que vivimos funcionan a la perfección mensajes que buscan un enemigo que realmente no existe.
Al igual que acusan a las feministas de callar cuando quien agrede sexualmente a una mujer es un extranjero (y más si es migrante africano), ahora con esta crisis de los fuegos son las y los ecologistas los responsables de sus males (junto con las catalanas y los catalanes que se quedan con sus impuestos). No obstante, y a pesar de gestiones políticas que no benefician a nadie y que manchan la imagen de las administraciones, sigo pensando en que es más positivo proseguir con la descentralización de las competencias.