El insulto como arma política
OPINIÓN
En democracia, el respeto a las instituciones no es un adorno: es un mandato constitucional. Que el Presidente del Gobierno sea insultado públicamente como «hijo de puta» y que este exabrupto se jalee y viralice en actos políticos y redes sociales supone un atentado directo contra la dignidad institucional. Más grave aún resulta el intento de trivializarlo mediante la burla de «me gusta la fruta», como si el sarcasmo pudiera borrar la realidad: todos oyeron lo que se dijo y lo que realmente se quiso decir. No es humor, es cinismo político y desprecio a las normas mínimas de respeto democrático. «Las palabras son el preludio de los actos: quien siembra odio, recoge violencia».
La estrategia se agrava cuando la deshumanización alcanza a la ciudadanía. Llamar «gentuza» a 100.000 personas que se manifestaron pacíficamente en Madrid y tildarlas de «kale borroka» supone una criminalización del derecho fundamental de manifestación consagrado en el artículo 21 de la Constitución. No se trata de discrepancia política, sino de colocar a ciudadanos normales en la categoría de enemigos del orden público. Y eso recuerda a regímenes autoritarios donde la sociedad se dividía en «pueblo bueno» y «enemigos internos». Es, sencillamente, gravísimo.
De la crítica legítima a la violencia verbal
El artículo 1.1 de la Constitución Española establece que la dignidad de la persona y el respeto a la ley son fundamentos del orden político. Esa dignidad incluye también a quienes ostentan cargos públicos, cuya crítica es legítima, pero cuyo insulto degrada a toda la institución que representan. No se insulta solo a una persona, sino a la Presidencia del Gobierno, una de las máximas instituciones del Estado.
A estos ataques se suman expresiones de una gravedad política aún mayor: hablar de «cavar la fosa de este Gobierno» equivale a invocar su desaparición en términos bélicos; negarse a reconocer el genocidio en Gaza es un posicionamiento que deshumaniza a las víctimas; comparar Madrid con Sarajevo por la manifestación celebrada en el final de la Vuelta Ciclista a España, es una banalización de una tragedia bélica europea; y llamar «chulo putas» al Presidente rebasa cualquier frontera del respeto institucional. Esto ya no es polarización, es violencia política: fascismo contra democracia.
Lecciones de otras democracias
En Alemania, el Tribunal Constitucional ha dejado claro que la libertad de expresión tiene límites cuando afecta al honor de representantes públicos. En 2016, un cómico fue llevado a los tribunales por un poema insultante contra el presidente de Turquía. Allí, los insultos contra cargos públicos son sancionables y se distingue entre crítica política e injuria.
En Francia, el Código Penal llegó a castigar las ofensas al Presidente de la República. En 2008, un ciudadano fue condenado por calificar de «idiota» a Nicolas Sarkozy en una pancarta. Aunque después se flexibilizó, el precedente subrayó que la democracia se defiende también en el lenguaje.
En EEUU, pese a la protección amplia de la Primera Enmienda, un congresista republicano que insultó públicamente a Joe Biden recibió una fuerte reprobación parlamentaria y mediática. Allí, aunque no se sancione judicialmente, el reproche social marca límites claros. «Una democracia muere primero en el lenguaje antes que en las urnas».
El espejo necesario: también en el Gobierno
La objetividad obliga a reconocer que desde el Gobierno también se han pronunciado exabruptos impropios: se calificó a la oposición de «caterva de ultras reaccionarios», se ha tildado a adversarios «energúmenos» o «gente con odio en la mirada». Son excesos verbales criticables que dañan el debate público.
No obstante, existe una diferencia esencial y cualitativa: mientras las salidas de tono del Gobierno responden a la crispación parlamentaria o a la defensa política, los exabruptos de la derecha se han convertido en estrategia deliberada, sistemática e instrumental de deslegitimación institucional, con expresiones que bordean la violencia simbólica y transcienden de la mera contienda política. No es lo mismo la desmesura de un ministro que un líder opositor afirmando que hay que «cavar la fosa de este Gobierno».
Fascismo contra democracia
La historia enseña que la violencia verbal es siempre preludio de violencia real. Quienes jalean estas conductas degradan el sistema y ponen en riesgo la convivencia. El insulto se convierte en arma de destrucción moral y, al repetirse y viralizarse, alimenta un clima de odio. España no puede permitirse caminar hacia un escenario donde el adversario político deje de ser un rival para convertirse en un enemigo al que exterminar.
El fascismo mainstream: la amenaza silenciosa
El verdadero peligro no es que exista la ultraderecha; el verdadero peligro es que se vuelva «mainstream», que se cuele en el corazón de las democracias aprovechando sus propias libertades para socavarlas desde dentro. Ya no hablamos de izquierdas o derechas, de progresistas o neoliberales: hablamos de democracia o fascismo. La amenaza es silenciosa, disfrazada de «opinión legítima», pero erosiona derechos, fomenta el odio y normaliza lo intolerable. «El fascismo es como un incendio: comienza calentando a sus fieles, pero acaba quemándolos a todos».
Análisis técnico-jurídico: Síndrome 1933
Desde una perspectiva técnico-jurídica, lo que hoy podríamos llamar «Síndrome 1933» debería ser una herramienta conceptual para entender el presente. Tal como ocurrió en Alemania, donde la democracia fue utilizada para instaurar una dictadura con apariencia de legalidad, hoy vemos señales preocupantes: la erosión de contrapesos institucionales, la desinformación masiva, el desprestigio del periodismo profesional y la complicidad de actores políticos que normalizan discursos de odio. No se trata solo de recordar la historia; es un imperativo de prevención democrática, una llamada a reforzar el Estado de derecho antes de que sea demasiado tarde.
Paralelismos históricos y la amenaza del resurgir fascista
No conviene caer en simplificaciones anacrónicas, pero la historia ofrece advertencias. El resurgir de retóricas que deshumanizan adversarios, buscan chivos expiatorios y normalizan la violencia simbólica presenta rasgos que recuerdan etapas preautoritarias de nuestro pasado europeo. El modelo propagandístico contemporáneo —uso masivo de redes, desinformación, relativización del dato— facilita la reproducción de viejas estrategias: uniformar el discurso, erosionar instituciones independientes y convertir el desacuerdo en enemistad existencial. Frente a esto, la memoria histórica y la vigilancia institucional son herramientas imprescindibles para prevenir la degeneración democrática. Asimismo propongo medidas concretas: 1) un pacto parlamentario por la defensa de instituciones (código de conducta y sanciones claras por ultrajes institucionales); 2) endurecimiento proporcional y transparente de instrumentos contra el discurso de odio, compatible con la jurisprudencia constitucional; 3) programas de educación cívica y alfabetización mediática en centros escolares y medios; 4) fortalecimiento de la independencia judicial y de los mecanismos de transparencia y control del dinero en la política. Estas medidas no son cosméticas: son condiciones básicas para que la política vuelva a ser servicio y no espectáculo.
Toda deriva totalitaria, venga de donde venga, resulta inadmisible. El fascismo y el estalinismo arrasaron derechos y anularon la dignidad humana en nombre de ideologías absolutas. La lección de la historia es clara: ningún extremismo puede ser tolerado. Fascismo y comunismo fueron males del siglo XX; hoy, lo que interpela a nuestra democracia es el resurgir de un lenguaje y unas prácticas que amenazan con reabrir heridas nunca cerradas.
Yo tengo un sueño político
Frente a la degradación, es necesario soñar con una regeneración, una catarsis democrática. Un país donde el debate se fundamente en razones y no en insultos, donde el adversario político sea un contrincante legítimo y no un enemigo, donde el respeto a las instituciones sea patrimonio común de todos. «Yo tengo un sueño de verdadera política, ¿y tú?»
Ese sueño pasa por rescatar a la política del fango de la bronca y devolverla al terreno de la educación, el respeto y la justicia social. España necesita una derecha moderna, liberal, progresista y de Estado, y una izquierda capaz de gobernar sin caer en el sectarismo. Solo así se evitará dejar huérfanos a millones de ciudadanos que anhelan otra forma de hacer política: constructiva, responsable y verdaderamente democrática; y que vean en la política una tragedia en curso y no una herramienta de convivencia y progreso.