Acontecimientos extremos como el genocidio en Gaza ponen a prueba los códigos morales de nuestra sociedad y verifican nuestra capacidad de convivir con el dolor y acostumbrarnos a la barbarie. Por eso tienen carácter definitorio de nuestro tiempo y ese es el motivo de que, en Palestina, no sólo esté en juego el futuro de un pueblo martirizado y la vida de miles de víctimas inocentes, indefensas ante una maquinaria de guerra despiadada, tecnificada y poderosa como la israelí. Lo que se dirime en esa tierra castigada es la validación de la fuerza bruta, la legitimación de la violencia más descarnada de los Estados y un nuevo orden mundial donde la única norma es la ausencia de límites para la consecución de objetivos particulares. Que la voz de los familiares de los rehenes que claman por un alto el fuego se desprecie continuamente por los dirigentes israelíes; que se haya hablado con tal descaro de los planes inmobiliarios en Gaza y del reparto de beneficios de la operación (como reconocía, entre risas, el Ministro de Finanzas israelí, Belazel Smotrich); que se enuncie como objetivo el desplazamiento en masa de la población palestina, a la que se degrada abiertamente a la categoría subhumana, todo ello es revelador de la voluntad de aniquilar y despojar. Esa retórica no va desligada de los hechos: al menos 65.419 muertos (de ellos, 18.430 niños), 167.160 heridos, 641.000 personas en la situación más grave de emergencia alimentaria, destrucción total o severa del 60% de los hospitales, derruidas el 92% de las viviendas, 91% de la infraestructura educativa destruida, 658.000 niños sin escolarizar y el 78% de todas las construcciones convertidas en escombros por bombardeos y detonaciones sin tasa, como recoge el informe periódico de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (24 de septiembre de 2025). Si una actuación de esta naturaleza no tiene freno ni enjuiciamiento; si esta forma de conducirse en la política internacional se admite como parte del modus operandi de quien tenga la fuerza y la perversidad suficiente para llevarla a cabo, entonces no habrá lugar en el mundo libre del miedo, la violencia extrema y la opresión.
La naturaleza del desafío es tal que nadie está exento de posicionarse, y no sólo por imperativo moral sino por mera supervivencia de un orden internacional basado en reglas, sin el que la mayoría tenemos mucho que perder. Por eso hay que saludar que la Junta General del Principado de Asturias haya hecho su parte, aprobando en el reciente Debate de Orientación Política General una resolución contra el genocidio, llamando a una respuesta institucional acorde a la gravedad del momento. A pesar de que el PP y Foro no hayan respaldado esa resolución también es positivo que se expresasen en términos condenatorios de la masacre y mostrando sensibilidad ante el inconmensurable dolor que la acción militar israelí inflige al pueblo palestino. El centro-derecha (con la excepción del Presidenta de la Comunidad de Madrid y otras figuras siniestras) parece, al menos, distanciarse de la deshumanización de los palestinos que protagoniza el nacional-populismo en Europa, empeñado en justificar las matanzas y el terror, en imponer la ley del más fuerte, en culpabilizar a las víctimas palestinas por su propia condición, y, con ello, en contradecir la máxima de que «todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos» que es el frontispicio de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
No obstante, los dirigentes del centro-derecha, en España y en el resto de Europa, tienen aún la oportunidad de demostrar que comprenden la dimensión política y moral de lo que está en juego, y adoptar una posición más activa, tanto en sus gestos como en su acción al frente de Ayuntamientos y Comunidades Autónomas (apoyando la labor humanitaria, comenzando por la de UNRWA, la agencia de Naciones Unidas para la población palestina) y en todos los ámbitos de representación, empezando por las Cortes Generales que habrán de convalidar el valioso paso que representa el Real Decreto-Ley 10/2015, por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina. No sirve escudarse en que no haya un pronunciamiento judicial firme que considere lo que sucede como genocidio, pues los tiempos de la justicia internacional son necesariamente distintos y lo que se persigue en este momento es llamar a la conciencia global para detener las masacres y el sojuzgamiento de la población palestina, objetivo que se dice compartir. Por otra parte, y por las mismas razones, tampoco se obtendrá con prontitud un pronunciamiento judicial firme por la comisión de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra (los cargos que justifican la orden de arresto frente a Netanyahu y Gallant por la Corte Penal Internacional, dictada el 21 de noviembre de 2024), que no son de menor gravedad que el genocidio; y no por ello han de detenerse las acciones diplomáticas, económicas y sancionadoras para frenar tales actos y hacer rendir cuentas a sus responsables. Precisamente una referencia política habitualmente citada por la derecha, la de Winston Churchill, nos permite recordar que fue él, en su discurso radiofónico de 24 de agosto de 1941, en el que aludió al «crimen sin nombre» que se perpetraba contra la población judía en la Europa ocupaba (y la solución final todavía no había desplegado su máquina industrializada de exterminio). Denuncia que llevó al jurista Raphael Lemkin a otorgarle esa denominación, necesaria para la general comprensión de su significado, acuñando en 1944 el término «genocidio» para definir los actos dirigidos a la destrucción total o parcial de un grupo nacional, ético, racial o religioso, en los términos hoy tipificados tanto en la Convención para la prevención y castigo de este crimen, de 1948, como en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, de 1998.
Calificar como genocidio lo que sucede es adecuado, no sólo por las resonancias y el mensaje que transmite, sino también porque, a medida que se demuestra el alcance de la actuación israelí, se acumulan los hechos que justifican usar ese término. El Tribunal Internacional de Justicia ya advirtió del riesgo de comisión de este crimen internacional en sus decisiones sobre medidas cautelares de 26 de enero, 28 de marzo y 24 de mayo de 2024, que Israel ha desoído desvergonzadamente pese a ser Estado parte de la Convención. La relatora de Naciones Unidas para el Territorio Palestino Ocupado lo denunció en su informe «Anatomía de un Genocidio» el 24 de marzo de 2024. Amnistía Internacional y Human Rights Watch, y también otras organizaciones no gubernamentales israelíes como B’Tselem y Médicos por los Derechos Humanos, han elaborado sus propias investigaciones alcanzando la misma conclusión. La Asociación Internacional de Académicos sobre el Genocidio corrobora en un acuerdo de 31 de agosto de 2025 que se cumplen los criterios jurídicos para constatar que se está perpetrando un genocidio en Gaza. Y una Comisión Internacional Independiente de Investigación, establecida por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ha dictaminado en su informe, dado a conocer el 16 de septiembre de 2025, que se han cometido de manera inequívoca y plenamente deliberada actos genocidas proscritos en la Convención.
Levantarse contra el genocidio del pueblo palestino, impedir que prosiga ni un día más y llevar a sus responsables frente a la justicia, es una reivindicación justa, desde las calles de Oviedo o Madrid, a las de Tel Aviv, Nueva York y Berlín, donde cada vez más gente toma conciencia de que esta es la lucha de nuestro tiempo.