Una defensa necesaria frente a los ataques interesados y la desinformación sobre quienes sostienen los pilares del bienestar común
El corazón invisible del Estado social
En una sociedad moderna, organizada y democrática, el Estado de derecho no se sustenta únicamente en leyes, instituciones y declaraciones solemnes de derechos, sino en algo mucho más tangible: en las personas que hacen posible que esas leyes sean realidad cotidiana. Hablo de los empleados públicos: profesionales de la sanidad, la educación, la seguridad, la justicia, los servicios sociales, las pensiones, los cuerpos de bomberos y un largo etcétera de áreas esenciales. Su labor diaria, muchas veces invisible, sostiene los cimientos de nuestro sistema social, garantiza derechos fundamentales y representa el vínculo más directo entre ciudadanía y Estado. «El Estado no es una entelequia: es la mano tendida de un maestro, la palabra justa de un juez, la guardia nocturna de un policía o la mirada compasiva de un médico.»
Acceso al empleo público: mérito, capacidad y sacrificio
El acceso al empleo público no es fruto de azar, enchufismo o privilegio —como ciertos discursos interesados pretenden hacer creer—, sino de un proceso exhaustivo, riguroso y extraordinariamente competitivo. La Constitución Española de 1978 establece en su artículo 103.3 los principios que rigen dicho acceso: igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Para ocupar una plaza fija es necesario superar oposiciones diseñadas para medir conocimientos, competencias y aptitudes en igualdad de condiciones. En la práctica, ello implica años de estudio, sacrificio personal y económico, renuncia a tiempo de ocio y estabilidad emocional. No basta con aprobar: hay que ser de los mejores, porque el número de plazas es limitado y cerrado. Cada funcionario es el resultado de un proceso selectivo severo, que exige disciplina académica y una vocación de servicio público fuera de toda duda. «La función pública es el rostro de la Constitución».
El acoso neoliberal contra lo público
Y sin embargo, a pesar de esta realidad objetiva, asistimos a un acoso mediático y político sistemático contra el empleo público. Ciertos sectores neoliberales, apoyados por intereses empresariales y económicos, presentan a los empleados públicos como un «gasto» prescindible, una carga que ralentiza el progreso económico. Otros actores ideológicos, sumidos en un fanatismo económico y político, difunden la imagen de un funcionariado privilegiado, «apoltronado» y con sueldos excesivos. Nada más lejos de la verdad. El que se atreve a atacar a los empleados públicos ataca, en realidad, a sus propios derechos y a los de su familia».
Privatización y manipulación: intereses ocultos
La mayoría de los empleados públicos perciben salarios muy modestos en comparación con la responsabilidad que asumen y las horas de estudio y preparación invertidas. Mientras tanto, el sector privado —al que tanto se alaba en estos discursos— no siempre ofrece condiciones laborales dignas ni estabilidad. Esa narrativa de desprestigio responde a intereses ocultos: quienes buscan privatizar servicios esenciales, abrir mercados para empresas multinacionales y debilitar el Estado del bienestar saben que para justificar esos planes necesitan erosionar la confianza ciudadana en el servicio público. Es una estrategia de manual: desacreditar al servidor público para debilitar lo público en su conjunto. «Donde se debilita lo público, florece la desigualdad, donde se fortalece, se expande la justicia social».
El espejismo del privilegio y la realidad del sacrificio
Resulta paradójico que muchos de los que critican a los empleados públicos sean beneficiarios directos de sus servicios: recurren a la sanidad universal, a la educación pública, al sistema de pensiones, a los servicios de emergencias, a la justicia gratuita y a los subsidios sociales. Pero el discurso neoliberal es hábil: alimenta la frustración de ciudadanos precarizados y los dirige contra un enemigo equivocado. Se fomenta así la envidia y el resentimiento hacia quienes han conseguido una plaza por mérito, presentándolos como «privilegiados», cuando en realidad son trabajadores con derechos conquistados a base de sacrificio y que, a menudo, soportan cargas burocráticas, presión social y carencias estructurales para sostener servicios esenciales. «Ningún país ha alcanzado la prosperidad reduciendo maestros, médicos o jueces».
El empleo público como columna vertebral del bienestar
No debemos olvidar que el empleo público es la columna vertebral del Estado social. En países con mayores niveles de bienestar, como los nórdicos, el porcentaje de empleados públicos es elevado porque son ellos quienes garantizan igualdad de oportunidades, cohesión social y estabilidad. No se trata de un gasto, sino de una inversión: la educación pública forma al futuro capital humano; la sanidad universal protege la productividad del país; la justicia imparcial sostiene el orden social; los cuerpos de seguridad y emergencia protegen vidas y bienes; y las pensiones aseguran una vejez digna a quienes contribuyeron al sistema. Reducir estos servicios en nombre de una supuesta «eficiencia» económica es, en realidad, condenar a la sociedad a una privatización salvaje y a una desigualdad insoportable.
La demonización de funcionariado: mitos y clichés
La estigmatización del funcionariado responde, pues, a motivaciones políticas e ideológicas. Se busca debilitar la confianza en lo público para legitimar recortes, precarización y externalizaciones lucrativas. A ello se suman campañas de desinformación alimentadas por el sensacionalismo mediático, que exagera casos aislados de ineficiencia o corrupción para proyectarlos sobre todo el colectivo. Estas estrategias se sustentan en estereotipos: el funcionario «vaga», «tiene demasiadas vacaciones», «cobra mucho por hacer poco». Tales clichés ignoran datos objetivos: largas jornadas, sobrecarga de trabajo, sueldos que apenas superan la media nacional en muchos sectores, escasez de personal y un compromiso profesional incuestionable, demostrado especialmente en momentos de crisis como la pandemia.
El orgullo de servir: ética y vocación
Frente a estos ataques, es necesario reivindicar el orgullo de ser servidor público. El funcionario es, en esencia, garante de la justicia social. Representa el principio de igualdad al tratar a cada ciudadano con imparcialidad y neutralidad. Es defensor de derechos, protector de los más vulnerables y motor silencioso de progreso. No se mueve por afán de lucro, sino por vocación y compromiso ético. En un tiempo en el que la precariedad laboral y el individualismo parecen imponerse, el empleado público encarna un modelo de servicio colectivo, donde el interés general prevalece sobre el beneficio privado. «No preguntes qué puede hacer tu país por ti; pregunta qué puedes hacer tú por tu país. El funcionario ya ha respondido con su vocación de servicio». JFK.
Defender lo público es defender la democracia
Por ello, defender el empleo público es defender la democracia misma. Sin jueces independientes, no hay justicia. Sin médicos y enfermeros públicos, no hay salud universal. Sin docentes comprometidos, no hay futuro educativo. Sin bomberos, policías y trabajadores sociales, no hay seguridad ni protección a los más frágiles. Los ataques a estos profesionales no son inocentes: son ataques al Estado de derecho, a la cohesión social y a los valores que sostienen nuestra convivencia.
Urge desmontar las falacias que se vierten contra ellos y recordar a la ciudadanía que cada servicio recibido es fruto del esfuerzo de miles de trabajadores que eligieron servir a su país. A quienes intentan debilitarlos con discursos de odio y envidia, solo cabe responder con firmeza: la función pública no es un privilegio, es un pilar de la democracia y del bienestar colectivo. Su defensa es un deber cívico ineludible.