Hace años, en aquellas multitudinarias manifestaciones y concentraciones alrededor del 15-M, se popularizó el lema de que ‘dimitir no es un nombre ruso’ (para protestar contra el hartazgo hacía determinados cargos políticos que no estaban cumpliendo con su deber). También existe otro dicho popular que dice que ‘nunca pasa nada hasta que pasa’ para lamentar un suceso trágico que podía haber sido evitado.
Estamos a muy pocos días del primer aniversario de la dana que arrasó una parte de la provincia de Valencia/València. Aquel 29 de octubre de 2024 fallecieron 229 personas, de las cuales se sabe que una gran mayoría de ellas que se podían haber salvado si se hubiese enviado a tiempo las alertas a los móviles. Para los familiares y las amistades de las víctimas imagino que será terrorífico revivir lo que pasó, y pasado todo este tiempo, el primer responsable del desastre continúa, desgraciadamente, al frente del gobierno autonómico del País Valenciano (está en duda si Carlos Mazón acudirá al funeral de Estado que se celebrará la semana que viene).
No es fácil entender que ante la magnitud de algo tan grave, tan doloroso y tan trágico, una persona que tenía plena capacidad para haber salvado vidas (si él hubiera estado donde le correspondía, que no era de parranda en ‘El Ventorro’, sino liderando en el Cecopi la gestión de las emergencias) no le haya costado su puesto. Desde el punto de vista ético es indecente que él mismo no haya asumido su culpa y se hubiera ido para su casa, pero todavía peor me parece la gente que le sostiene y le apoya, empezando por Alberto Núñez Feijóo, que también colaboró en la sarta de mentiras afirmando falsamente que estuvo puntualmente informado de lo que ocurría esa tormentosa jornada (en el listado facilitado por la Generalitat Valenciana sobre las llamadas realizadas desde el teléfono de Carlos Mazón aparece la primera comunicación con él pasadas las nueve de la noche).
Siempre digo que quien pone o quita la razón es la ciudadanía con su voto (han sido muy criticadas las polémicas palabras de Óscar Puente [al hilo de su negativa a buscar fórmulas viables que permitan suspender y/o acabar con el peaje del Huerna/Güerna] de que la ciudadanía asturiana no solo no se le penalizó a Francisco Álvarez-Cascos, sino que incluso le aupó como vencedor de las autonómicas de 2011), y es verdad que las últimas encuestas auguran un descenso al PP valenciano, pero aun así no les peligraría mantener el poder. Algo parecido pasa con Alfonso Fernández Mañueco y Juan Manuel Moreno Bonilla, cuyas nefastas gestiones de los incendios y del cribado del cáncer de mama respectivamente también les restaría sufragios, pero en ningún caso supondría perder sus respectivos gobiernos (en ambos casos, las elecciones autonómicas serán en 2026).
No sé dónde ha puesto ahora la ciudadanía el listón para castigar las penosas actuaciones políticas que se realizan (e Isabel Díaz Ayuso con el caso de las residencias de mayores nada más empezar la pandemia fue otro caso dantesco), pero aunque resulte duro decirlo, parece que ya ni siquiera se castiga que se haya puesto o que se ponga en peligro vidas humanas.
Me pregunto qué se estaría diciendo en España si se hubiera producido un robo de la magnitud que ha sufrido el Museo del Louvre. La cantidad de mofas que hay por redes sociales de cómo se produjo la sustracción de las joyas (en la galería de Apolo, de Napoleón Bonaparte, Napoleón III y la emperatriz Eugenia de Montijo, valoradas en alrededor de ochenta y ocho millones de euros) es la única parte de humor que se le puede encontrar a la gravedad del asunto.