Vivimos tiempos de profunda desigualdad. Mientras el mundo se desangra entre guerras, genocidios y la codicia de los grandes poderes económicos, políticos y judiciales, las personas de a pie seguimos viendo cómo se degrada también nuestra vida sin que nadie pare el golpe. Nos dicen que el progreso continúa, pero ¿progreso para quién? Porque lo que realmente avanza —a pasos agigantados—, es la brecha entre ricos y pobres.
Y en medio de esta deriva, uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad justa, la educación pública, está siendo desmantelada a cámara lenta. En España, asistimos al crecimiento imparable de las universidades privadas, mientras la enseñanza pública se queda sin recursos, sin inversión y sin voz. Lo de Asturias, con la concesión de licencias para dos nuevas universidades privadas —una en Oviedo, Alfonso X El Sabio y la Universidad de Nebrija en Avilés—, no son casos aislados: es el reflejo de un modelo que se impone sin pudor, incluso bajo gobiernos que se autoproclaman «progresistas».
Resulta insoportable la hipocresía de quienes, desde sus despachos, hablan de igualdad y justicia social, pero luego aprueban medidas que condenan a miles de familias a la exclusión educativa. Los mismos que prometen oportunidades para todos permiten que estudiar una carrera vuelva a ser un privilegio reservado a quien pueda pagarlo. Los mismos que juran defender lo público firman en silencio el certificado de defunción de la enseñanza que da oportunidades a los hijos de los trabajadores/as.
¿Dónde están las voces que deberían alzarse? ¿Dónde los partidos que decían luchar por la equidad? Silencio. Silencio cómplice, disfrazado de prudencia política o de necesidad de mantener la coalición y los cargos. Silencio que suena a traición.
Mientras tanto, las familias hacen malabares para pagar libros, matrículas, transporte o alojamiento. Los/as jóvenes, en muchos casos brillantes, ven cerradas las puertas por no tener el dinero suficiente. Y el país, en lugar de invertir en formación, en ciencia y en futuro, se encamina hacia un modelo elitista que deja fuera a los que más talento y menos recursos tienen.
Esto no es casualidad: es una decisión política. Es el resultado de poner los intereses privados por encima del bien común. De convertir la educación en negocio, no en derecho. De olvidarse de que una sociedad sin educación pública fuerte es una sociedad condenada a la desigualdad permanente. Pero no basta con indignarse. Hay que proponer, exigir y construir alternativas que devuelvan el valor y la dignidad a la enseñanza pública. Porque sí hay soluciones, si existe voluntad política y compromiso social.
Primero, urge un pacto estatal por la educación pública, blindado por ley, que garantice una financiación suficiente, estable y ajena a los vaivenes partidistas. La educación no puede depender de presupuestos improvisados ni de recortes cíclicos: debe ser una prioridad nacional, como la sanidad o la justicia.
Segundo, es necesario un control real del crecimiento de las universidades privadas, con criterios rigurosos de necesidad, calidad y equilibrio territorial. No se trata de prohibirlas, sino de impedir que el negocio educativo sustituya a la misión pública del conocimiento.
Tercero, deben aumentarse las becas, ayudas al estudio y residencias públicas hasta asegurar que ningún estudiante quede fuera por razones económicas. La educación no puede ser un privilegio que se compra: debe ser un derecho que se garantiza.
Cuarto, urge dignificar las condiciones del profesorado, invertir en innovación pedagógica y reforzar la educación profesional y técnica, hoy abandonada pese a su importancia para el desarrollo del país. Una sociedad que no valora a sus docentes y a sus jóvenes condena su propio futuro.
Y quinto, se necesita una ciudadanía activa, consciente y movilizada. Porque ningún gobierno cambiará nada si la gente no lo exige. Es momento de recuperar la voz, de llenar las calles y los debates, de reclamar que la igualdad de oportunidades no se negocia.
Está muy bien que se retire el peaje del Huerna, porque supone un atraco a toda la sociedad asturiana, pero lo que no podemos permitir es que, mientras se centran las protestas en esta reivindicación —porque da más votos—, los mismos que se manifiestan, incluido el Gobierno de Coalición en Asturias, estén aprobando licencias para universidades privadas y centros sanitarios privados.
La educación pública es mucho más que un sistema de enseñanza: es el gran igualador social, el instrumento que permite que un hijo de familia trabajadora pueda llegar tan lejos como su esfuerzo y talento se lo permitan. Si la convertimos en un lujo, destruimos la base misma de la democracia.
Por eso, hoy más que nunca, hay que decirlo sin miedo, con rabia y con dignidad:
la educación pública no se vende, se defiende.
Porque defenderla es defender la igualdad de oportunidades, la justicia social y el futuro de nuestros hijos.
Porque sin educación pública, no hay libertad real.
Y porque el silencio, en este tema, ya no es prudencia: es complicidad.