De la DANA a las residencias, del Yak-42 al metro de Valencia, del Prestige al 11-M: una misma forma de gobernar basada en la negación, la mentira y el desprecio a la verdad.
La política del engaño y la desmemoria
Ayer se cumplió un año de la mayor catástrofe natural reciente en la Comunidad Valenciana. Más de doscientas vidas segadas por una DANA que pudo —y debió— haberse previsto con un sistema de alerta temprana. Los estudios técnicos coinciden: una actuación preventiva a tiempo habría evitado cerca del 70% de las víctimas. La negligencia primigenia fue no activar esa alerta, no ordenar la evacuación, no ejercer el mando. Pero lo intolerable no es solo el error, sino el silencio posterior: la ausencia de explicación, de asunción de responsabilidades, de respeto al dolor ajeno.
El presidente de la Generalitat, señor Mazón, desapareció durante horas cruciales mientras el territorio se anegaba y los ciudadanos clamaban auxilio. No importa tanto dónde estuvo, sino dónde no estuvo: en su puesto, ejerciendo el deber de velar por la vida de sus administrados. La ética pública exige presencia, no excusas; acción, no evasivas.
La desfachatez institucional
Resulta moralmente inadmisible que quien incurrió en una negligencia de tal magnitud no solo siga en su cargo, sino que asista con descaro a un funeral de Estado, pretendiendo rendir homenaje a las víctimas que su inacción contribuyó a multiplicar. La presencia del responsable en un acto de memoria es, en sí misma, una forma de revictimización. Es obligar al dolor a compartir espacio con la impunidad.
El gesto ofende a las familias y ultraja a la conciencia colectiva. Ninguna sociedad decente puede aceptar que quien omitió su deber se arrogue el derecho de llorar públicamente por sus propias víctimas. La dignidad institucional no se improvisa; se demuestra con hechos, con transparencia y con dimisión.
El patrón del Partido Popular: negar, mentir y culpar
Nada de esto es nuevo. Es un patrón tristemente reiterado en la historia reciente del Partido Popular. Ocurrió con el Yak-42, donde se negaron las evidencias, se mintió a las familias y se entregaron cuerpos mal identificados. Ocurrió con el Prestige, cuando se negó la magnitud del desastre ecológico y se criminalizó la protesta ciudadana. Ocurrió con el 11M, cuando se prefirió el bulo y la manipulación antes que la verdad. Ocurrió con el accidente de metro de Valencia, donde se archivaron responsabilidades y se silenció a las víctimas durante años.
En Madrid, los protocolos de las residencias durante la pandemia impidieron el traslado de miles de mayores a hospitales. En Andalucía, el cribado de cáncer se retrasó sin justificación. En todas estas tragedias, el guion ha sido el mismo: negar, mentir, echar la culpa a otros y, cuando todo falla, acusar a las víctimas de estar “politizadas”. La estrategia del cinismo consiste en invertir el papel de víctima y verdugo para desviar la atención del verdadero responsable político.
La ética del poder y la responsabilidad jurídica
La Constitución Española, en su artículo 103, establece que la Administración Pública actúa «con sometimiento pleno a la ley y al Derecho, y con objetividad en el servicio a los intereses generales». Esa objetividad no es retórica: implica deberes de diligencia, veracidad y responsabilidad. La negligencia grave en la gestión de emergencias vulnera el principio de responsabilidad patrimonial del Estado (artículo 106.2 CE), que obliga a reparar los daños causados por el funcionamiento anormal de los servicios públicos.
Pero más allá del Derecho positivo, existe un imperativo ético del poder: quien gobierna debe responder por sus actos y omisiones. No basta con sobrevivir políticamente; hay que rendir cuentas moralmente. En los países de cultura democrática avanzada, los errores que cuestan vidas provocan dimisiones inmediatas. Aquí, en cambio, se premia la opacidad y se reescribe el relato.
Posibles responsabilidades penales
Más allá de la responsabilidad política y administrativa, no puede descartarse la existencia de presuntas responsabilidades penales. El artículo 11 del Código Penal equipara la omisión al acto activo cuando quien omite tiene un deber jurídico de actuar —posición de garante—, como ocurre con las autoridades competentes en materia de emergencias. Si se acreditara que la no activación de la alerta constituyó una negligencia grave con resultado de muerte o lesiones, podrían concurrir indicios de homicidio o lesiones por imprudencia grave (arts. 142 y 152 CP).
Asimismo, el artículo 404 CP tipifica la prevaricación administrativa por omisión cuando una autoridad actúa de forma arbitraria o injusta, y el artículo 450 CP refuerza el deber de auxilio ante peligro manifiesto. En definitiva, si existía conocimiento del riesgo y se omitieron medidas preventivas esenciales, la inacción podría revestir relevancia penal, además de su evidente reproche ético y político.
La reconstrucción de la mentira
La gestión posterior a la tragedia ha sido igualmente deplorable. Declaraciones tardías de luto, ayudas económicas que no llegan, contratos de emergencia bajo sospecha y fondos mal administrados. Las víctimas no solo perdieron a sus seres queridos; han perdido también la confianza en las instituciones. Y eso es letal para la democracia.
El intento de convertir el desastre en un relato autocomplaciente, negando la evidencia científica sobre el cambio climático y priorizando los intereses turísticos o económicos frente a la seguridad ciudadana, revela un profundo desprecio por la vida y por la verdad. Cuando un gobernante antepone la foto a la alerta, la comida privada al mando público, el interés electoral al deber constitucional, deja de ser servidor del pueblo para convertirse en rehén de su propio poder.
La obligación de la verdad y la dignidad
No me mueve la política partidista ni el oportunismo ideológico. Me mueve la verdad y la justicia. No hay nada más apolítico —y al mismo tiempo más profundamente humano— que defender a las víctimas frente al poder que las desprecia. Las víctimas no tienen color; tienen dolor, vacío y derecho a la verdad.
Por eso es insoportable que deban soportar la presencia insultante de quienes fallaron en protegerlas. El respeto no se proclama: se demuestra con la renuncia y con el perdón sincero. Pedir perdón, dimitir, asumir errores: eso es lo que distingue a un político demócrata de un gestor sin escrúpulos.
Justicia, memoria y conciencia
España necesita recuperar el sentido moral del poder. No hay reconstrucción posible sin memoria ni credibilidad sin verdad. Las víctimas merecen justicia, no discursos huecos; respeto, no manipulación. Lo contrario es convertir la tragedia en una segunda condena: la del olvido.
El poder que no asume su culpa es un poder sin alma.Y un país que normaliza la mentira acaba perdiendo el pulso moral de su democracia.